Más Madrid asegura que las ayudas “están muy mal repartidas”. Vox lo califica directamente de “fraude”. Los dos partidos de la oposición, en las antípodas ideológicamente, coinciden en denunciar cómo la Comunidad de Madrid, que desde hace cinco años preside Isabel Díaz Ayuso, está gestionando unas ayudas muy concretas y cuantiosas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Y ponen como ejemplo a Carpisa Foods, una empresa cárnica situada en un polígono industrial del municipio madrileño de Griñón (10.500 habitantes) que presume de fabricar un millón de hamburguesas al día.
La verdad es que este debate tiene sus matices. En 2016, el Gobierno regional (entonces presidido por Cristina Cifuentes) redactó la Orden 766, de 10 de mayo, que regula “las bases de las ayudas a las microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas intermedias para el fomento de las inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas”. Unas subvenciones que iban a estar financiadas por Europa, el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico. Se trataba de apoyar a la “industria agroalimentaria regional”, un sector estratégico que actualmente está formado por 1.692 compañías, factura unos 6.500 millones de euros al año y genera 150.000 empleos directos e indirectos.
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Esta ayuda tiene como beneficiarias a las microempresas, pequeñas y medianas empresas que tengan menos de 750 empleados o un volumen de negocios inferior a 200 millones de euros. Un abanico muy amplio. El objeto es “apoyar las inversiones materiales e inmateriales” que ayuden a la transformación, comercialización y desarrollo de sus productos agrícolas. En la primera convocatoria, de 2018 (Ayuso llegaría a la presidencia en 2019), solo se concedieron ayudas a 14 empresas. Carpisa recibió la tercera en importancia por cuantía: 376.354 euros. En 2019 fueron 25 las compañías agraciadas. Carpisa percibió 515.683 euros, la segunda que más. En 2020 se llevó otros 376.000 euros. En 2021, su subvención subió a 396.000 euros. En 2022 volvió a estar en la lista de beneficiadas con 129.300 euros y en 2023 con otros 391.000 euros. En total, casi 2,2 millones de euros.
Alejandro Sánchez, diputado de Equo en Más Madrid, critica que año tras año las “mismas empresas se lleven estas ayudas. Hay dos que han percibido el 25% del total de fondos, entre ellas Carpisa. Y eso que en la Comunidad de Madrid este sector tiene 1.700 compañías. Está claro que esta subvención no se está distribuyendo correctamente. ¿Qué está haciendo la Comunidad para publicitar mejor este tipo de ayudas y que se repartan a más gente?”, se pregunta. “Carpisa seguro que tiene una persona dedicada a pedir y tramitar subvenciones, pero una pequeña pyme de un pueblo no la tiene. Hay que hacer un esfuerzo para redistribuir de manera más justa estas ayudas”.
Es más. Sánchez critica que muchas de las empresas beneficiarias “no tienen nada que ver con el campo madrileño. Hay una manufactura de cafés, otra que importa bananas, otra que hace sushi”. Íñigo Henríquez de Luna, diputado de Vox, también mantiene un discurso muy crítico. “Estos fondos están diseñados para intentar mantener la calidad de vida del mundo rural. Es dinero para el campo madrileño. Creo que estarían mejor destinadas a financiar cooperativas, pequeñas queserías artesanales, almazaras, bodegas, pero se usa el 75% de los fondos a ayudar a empresas situadas en polígonos industriales de municipios de la corona metropolitana que no tienen nada que ver con el mundo rural”.
Desde Vox califican la concesión de esas ayudas de “fraude”. “Se está dando dinero a empresas de aperitivos y frutos secos, a empresas de comida china congelada, mayoristas de café, empresas de bollería industrial, empresas que hacen sushi, laboratorios de complementos dietéticos, incluso un restaurante con una Estrella Michelin. Esto no desarrolla el mundo rural. Y lo más grave, la Comunidad no está haciendo nada por cambiar esta situación”. Henríquez de Luna aboga por que la Consejería de Medio Ambiente y Agricultura apueste por aumentar la plantilla de agentes de desarrollo rural que den a conocer estas subvenciones en los pueblos pequeños. “No estamos en contra de la industria agroalimentaria, pero este dinero debe ir a otro tipo de proyectos. Esto requiere un esfuerzo y ser proactivos, salir al campo y hablar con la gente para impulsar e incentivar a los pequeños productores locales”.
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180 proyectos financiados
El debate, como decimos, es complejo y ha llegado ya a la Asamblea de Madrid. Desde la Dirección General de Agricultura, aseguran que todas las empresas que han recibido las ayudas han presentado correctamente sus solicitudes y han cumplido con las bases reguladoras. “Nadie se ha quedado fuera”. La mejor prueba es que han sobrado fondos sin adjudicar. Una prueba irrefutable para la oposición de que no se publicitan correctamente.
En total, se han destinado en todos estos años 16,9 millones de euros para 180 proyectos que han generado 363 empleos. Ya que Carpisa fue uno de los aludidos en la Asamblea, este diario ha intentado conocer su versión sobre esta polémica. Ningún portavoz ha podido atender a Infobae España.
Fundada en 1986, Carpisa, “empresa 100% familiar”, tiene más de 250 puestos de trabajo. En su página web aseguran que “producimos más de un millón de hamburguesas al día en todas las formas, tamaños y mezclas. Además de dirigirnos al canal profesional, también contamos con tres marcas para retail, que se venden a través de las cadenas más importantes de hipermercados, supermercados y estaciones de servicio a nivel nacional y regional”. El diario Expansión publicó en 2022 que la firma tiene en el mercado su marca Brooklyn Town, que permite preparar una hamburguesa en el microondas, aunque no descuida su negocio principal, que siguen siendo sus clientes de restauración, con Burger King a la cabeza.
“Estamos subvencionando con ayudas al desarrollo rural las hamburguesas del Burger King”, sentencia el diputado Alejandro Sánchez.