María José Català (PP), la alcaldesa de la ciudad de Valencia, ha anunciado este viernes que aplicará en el conjunto de la ciudad la suspensión cautelar de licencias para apartamentos de uso turístico situados en comunidades de propietarios, así como los ubicados en bajos comerciales. La vigencia de esta medida será de un año, con posibilidad de prórroga por otro. Además, la alcaldesa ha avanzado su idea de limitar la llegada de megacruceros a la capital valenciana desde el próximo 2026.
Català ha realizado el anuncio durante su intervención en el encuentro ‘Somos +’, organizado por el diario Las Provincias, donde ha afirmado que “frente a la pasividad” del anterior ejecutivo local, formado por Compromís y PSPV, el suyo, integrado por PP y Vox, está “haciendo cosas” y actuando ante el fenómeno en crecimiento de los apartamentos turísticos.
De esta forma, ha dado a conocer que en el pleno ordinario de mayo, previsto para el próximo martes, su equipo impulsará esta iniciativa para acordar “la suspensión cautelar de licencias” de apartamentos de uso turístico “durante un año prorrogable a otro para evitar la proliferación de este fenómeno que afecta a las grandes ciudades”.
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“Compromís y el PSPV-PSOE hablan todos los días de apartamentos turísticos y no hicieron nada en ocho años” más que “un acuerdo para flexibilizar las normas y que se abrieran en bajos comerciales”, ha expuesto la responsable municipal, que ha señalado que “si hoy València tiene eso es porque PSPV y Compromís en 2018 lo permitieron”.
Vivienda estudia una plataforma estatal para abordar esta situación
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana espera tener lista una plataforma estatal que unifique datos, estudios y normativas en la materia antes de 2026. El objetivo de la propuesta es estudiar qué medidas están funcionando para lograr una mayor agilidad contra el fraude. Con el desarrollo de esta plataforma, España sería uno de los primeros países europeos en activarla, según indicó la ministra Isabel Rodríguez antes de la Conferencia Sectorial para abordar con las autonomías el impacto de los pisos turísticos sobre la vivienda residencial. Los países europeos cuentan, actualmente, con un plazo de dos años para poner en marcha esta plataforma.
La ministra ha señalado que la normativa permite un diagnóstico más preciso, la implementación de herramientas y la persecución del fraude en un sector con mucha “alegalidad”. Esta situación reduce la disponibilidad de viviendas en alquiler residencial y provoca un incremento de precios. La titular de Vivienda ha explicado que la normativa europea busca obtener mejores datos para abordar este fenómeno y perseguir el fraude. La gestión de alojamientos turísticos, de carácter temporal o de habitaciones, será homologada si se formalizan a través de plataformas como Airbnb.
Mediante esta iniciativa, se quiere lograr una uniformidad de datos entre todos los estados miembros, con la vista puesta a posibles ayudas en materia de Inteligencia Artificial. Vivienda espera la colaboración de las comunidades e insiste en que la proliferación de estos alojamientos está limitando la oferta, encareciendo los precios y afectando al acceso de la vivienda. “Frente a cualquier otro uso va a primar siempre el residencial. Cuando se siente amenazado ante el abuso de otros usos las administraciones tenemos que actuar para dar respuestas”, ha afirmado.