El Defensor del Pueblo valida 129 nuevos testimonios de víctimas de abusos en la Iglesia de los 223 registrados

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha aceptado 129 nuevos testimonios válidos de víctimas de abusos sexuales en el entorno de la Iglesia desde la presentación del informe el pasado mes de octubre, del total de 223 solicitudes que se registraron en total en ese periodo. Los datos los ha avanzado este jueves en la presentación en el Pleno del Congreso de los Diputados los informes anuales que recogen las principales líneas de actuación de la institución que dirige durante 2022 y 2023.

El Defensor del Pueblo ha repasado la labor realizada por la Comisión Asesora para realizar un informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos tras la encomienda recibida por parte del Congreso en 2022. El informe fue registrado y entregado a la presidenta del Congreso el 27 de octubre de 2023 y está pendiente de ser debatido en el Pleno.

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Ángel Gabilondo ha destacado que este informe, “enfocado en la atención central a las víctimas y en la respuesta a las mismas”, se concreta en 24 recomendaciones y “subraya los factores de riesgo y las consecuencias de estos abusos, expone las respuestas que ha dado la Iglesia católica y cómo se ha abordado la cuestión por parte de los poderes públicos”.

Gabilondo, que ha acudido al Congreso junto a la adjunta primera de la institución, Teresa Jiménez-Becerril y la adjunta segunda, Patricia Bárcena, ha destacado que los asuntos principales en esos dos años estuvieron especialmente vinculados a los derechos sociales y a los servicios públicos. Sin embargo, “la Justicia como servicio público fue el ámbito que más quejas ciudadanas suscitó en 2023″. Por eso, ha recordado que la institución ha formulado recomendaciones para que se creen nuevos juzgados, se refuerce el personal y también ha instado al Consejo General del Poder Judicial para que supervise el empleo de medidas especiales de agilización en el orden contencioso-administrativo, previstas para supuestos de litigación en masa.

Gabilondo también se ha detenido en su intervención en algunas actuaciones llevadas a cabo desde la institución, donde también ha indicado que en el seguimiento realizado en torno a las ayudas y rentas autonómicas o municipales, el sinhogarismo o el Ingreso Mínimo Vital “sobre el que hemos recibido alrededor de 1.000 quejas, solo en 2023, especialmente por retrasos para la resolución de las solicitudes o las reclamaciones, o por la rigidez en el modo de acreditar el cumplimiento de los requisitos”, ha enfatizado. En su opinión, es necesario trabajar “para consolidar un verdadero sistema estatal de garantía de ingresos, que tenga en cuenta el conjunto de prestaciones asistenciales. Un sistema estable y cohesionado, que articule la acción de todas las administraciones públicas en este deber social de lucha contra la desigualdad”.

Otro de los asuntos que la institución ha considerado prioritario en 2022 y 2023 ha sido la atención a los menores en situaciones de riesgo, como los cerca de 5.000 niños y niñas no acompañados llegados a Canarias. El Defensor del Pueblo ha instado a “buscar soluciones consensuadas y estables para que las Comunidades Autónomas colaboren en la acogida de estos menores”. Asimismo, se ha referido a los adolescentes afectados por la saturación de los servicios de salud mental y ha llamado la atención sobre las declaraciones de desamparo de menores si conllevan la retirada de la tutela. Además, ha insistido en la necesidad de que se incrementen los medios para el acogimiento familiar de los menores tutelados frente a su permanencia en instituciones.

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Por lo que se refiere a los asuntos migratorios, el Defensor ha señalado que dos de los principales retos se encuentran en la necesidad de revisar el sistema de protección internacional para paliar las dificultades de acceso y la demora en la tramitación de las solicitudes, y en la gestión de la acogida de aquellas personas que, por diversos motivos, no pueden ser expulsadas o devueltas a su país de origen. Además, se ha referido a las actuaciones realizadas por la institución tras el trágico salto a la valla de Melilla de 2022, y al aumento de llegadas irregulares a Canarias -casi 40.000 en 2023-.

El Defensor del Pueblo también ha dedicado parte de su intervención en torno a uno de los asuntos que más preocupación ciudadana genera: la gestión de la Sanidad y los servicios sanitarios. El Defensor ha explicado que los problemas de acceso a la Atención Primaria son diferentes en función del territorio, pero que existe un elemento común en todos ellos, “la dificultad de los servicios públicos de salud para incorporar y retener a profesionales sanitarios de Atención Primaria y a pediatras”. Por ello, ha instado a destinar “mayor inversión y medidas que permitan la efectiva reposición de las plazas vacantes”. También ha resaltado la necesidad de reducir las listas de espera sanitarias, “cuyas quejas en 2023 más que duplicaron las recibidas en 2021″, ha remarcado.