Yolanda Díaz presionará al PSOE para subir más el subsidio por desempleo en 2024 y que pueda llegar a 587 euros

El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) ha perdido poder adquisitivo en las dos últimas décadas y los 8.400 euros anuales que permite cobrar como máximo están un 24% por debajo del umbral de la pobreza

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Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, este martes. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

El Gobierno ha aprobado una reforma con novedades de las prestaciones por desempleo tras la derogación del Real Decreto-ley 7/2023 en enero. El nuevo texto, que también tendrá que ser convalidado en el Congreso en un plazo de 30 días, amplía los colectivos que se podrán beneficiar del nivel asistencial (subsidios) y las cuantías de los mismos, además de hacer más compatibles las prestaciones con el trabajo. Sin embargo, el socio minoritario de la coalición de Gobierno no se conforma con esta subida y retomará en junio su pretensión de que se apruebe una actualización del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) del 3% para 2024. Esto conllevaría un segundo aumento de los subsidios este año y la subida de otras rentas mínimas ligadas al IPREM.

Después de las elecciones europeas del próximo 9 de junio, Sumar presentará una propuesta para negociar los Presupuestos de 2025 y es en ese marco en el que el partido liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quiere pactar con el PSOE una subida inmediata del IPREM. Habitualmente la actualización de este indicador se recoge en los PGE de cada año, pero al haberse prorrogado los de 2023 para 2024 ha dado lugar a que se omita la subida sin mayor debate.

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Fuentes del entorno de la vicepresidenta inciden en que el alza del IPREM se efectúe mediante un real decreto-ley, al igual que se hizo con las pensiones, cuya subida del 3,8% se incluyó en el RDL 8/2023 de medidas anticrisis. Además, ponen como ejemplo lo ocurrido en 2008, bajo el segundo gobierno de Zapatero, en el que se aprobó un decreto para efectuar una subida adicional del IPREM respecto a lo contemplado en los presupuestos de ese año. Yolanda Díaz ya instó a Sánchez a anunciar una subida del IPREM a principios de abril, pero no sucedió y el tema se ha terminado diluyendo.

La reforma aprobada este martes eleva los subsidios por desempleo a 570 euros los seis primeros meses (el 95% del IPREM); 540 euros los seis siguientes (el 90% del IPREM) y 480 euros los 18 meses restantes de cobro de la prestación (el 80% del IPREM). Si se aplicara la actualización del 3% que reclama Díaz, las cuantías serían: 587,1; 556,2 y 494,4, respectivamente.

Los subsidios están por debajo del umbral de la pobreza

El IPREM es el índice que se tiene en cuenta para calcular el nivel de renta que permite acceder a ayudas públicas, subsidios por desempleo, becas, subvenciones, vivienda pública protegida, el bono del alquiler joven o el código de buenas prácticas bancarias, entre otras. Se creó en 2004 para que las ayudas dejaran de estar vinculadas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ante sus previsibles mayores subidas, algo que ha sucedido.

Desde entonces, el SMI ha aumentado un 131% y el IPREM solo un 30,3%, lo que supone que el primero haya ganado poder adquisitivo (la inflación acumulada en los últimos 20 años es del 53,7%) y el segundo haya perdido, situándose incluso por debajo del umbral de la pobreza.

Los sindicatos UGT y CCOO han criticado este desacople, pidiendo que el IPREM suba más o, en el caso de UGT, que se elimine y las ayudas pasen a estar referenciadas con el umbral de la pobreza, como sucede ya con las pensiones mínimas. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el umbral de la pobreza se sitúa en los 10.990 euros brutos al año, mientras que una persona que cobre totalmente el IPREM percibe solo 8.400 euros, un 23,6% menos. La diferencia es aún mayor para las personas que cobran los subsidios por desempleo, ya que no reciben íntegramente el IPREM pese a la subida aprobada este martes. En la reapertura de las negociaciones entre los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo en enero UGT pidió negociar el reemplazo del IPREM, pero se descartó.

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