Teresa Rodríguez parafrasea a Pedro Sánchez para defender a su pareja del “lawfare”: “También soy una mujer profundamente enamorada”

José María González Kichi, alcalde de Cádiz entre 2015 y 2023, ha sumado este miércoles otra denuncia más a las varias que acumula, aunque todas han sido archivadas. Kichi ha sido citado a declarar en calidad de investigado por delito de prevaricación el próximo día 24 de junio, como ha avanzado Europa Press. Junto al exalcalde, también están citados los que fueron miembros de su gobierno durante el momento en el que ocurrieron los hechos, los exconcejales David Navarro, José Ramón Páez, Laura Jiménez y el que fuera durante unos años su jefe de gabinete, José Vicente Barcia.

Al conocerse la noticia, la exlíder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha denunciado “el lawfare político” al que está sometida su pareja. Para ello, ha emulado el mensaje que Pedro Sánchez utilizó cuando presento su carta a la ciudadanía el pasado mes de abril para plantearse si abandonaba la presidencia. “Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer”, escribió. Ahora, Rodríguez ha replicado sus palabras para defender la gestión que realizó su pareja durante el tiempo en el que estuvo bajo el Gobierno de Cádiz. “Yo también ‘soy una mujer profundamente enamorada de mi marido que vive con impotencia el fango que sobre él esparcen día sí y día también’, ha escrito Rodríguez en X, antes Twitter.

En su publicación, Rodríguez ha expresado que en los últimos ocho años se han presentado hasta “18 denuncias”, algunas de ellas “incluso habiéndose ido de la alcaldía”, pese a que ha recordado que de las 18 causas judicializadas están “hasta ahora todas archivadas”.

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“Es obvio que lo que el PP considera ilegal es no gobernar”, ha añadido. La denuncia que se ha abierto ahora, tal y como explica Rodríguez, es que en este procedimiento se juzga “el papel de un asesor técnico que contratamos por ser experto en la nueva Ley de Contratos y en cláusulas sociales en la contratación pública” y que venía al Ayuntamiento a “contratar mejor para mejorar la economía local y los servicios”. Además, ha añadido que era experto “en cómo contratar mejor para sacar de las garras de las subcontratas de las empresas del Íbex los servicios y el empleo público. Esas que devolvían favores financiando las campañas electorales del PP”.

En el hilo de X, ha señalado que este asesor externo no era familiar ni pareja de nadie, tampoco usaron “información privilegiada para favorecer a empresas amigas ‘en confianza’ en contratos antes de que salieran en BOJA” y “no usaron dinero (público) del partido para comprar buenos titulares”. “Los partidos no suelen contratar personal para mejorar su trabajo técnico en las instituciones. No lo hacen con “su” dinero. Suelen gastarlo en sedes, publicidad, propaganda, autobombo... El único “delito” que hay ahí es haber invertido en mejorar nuestra gestión”, ha afirmado.

Además, sobre quiénes han interpuesto la denuncia, Rodríguez ha acusado a “una ex delegada sindical de la Policía” Local de Cádiz, “a dos excargos de confianza” de la exalcaldesa del PP, Teófila Martínez, “que fueron destituidos” y “al PP como tal” de difundir esta información en los medios de comunicación. “Vendetta y lawfare político a la gaditana”, ha sentenciado.

El exalcalde de Cádiz tendrá que declarar el próximo 24 de junio en sede judicial por un presunto delito de prevaricación. Los hechos se centran en el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el Gobierno local trajo a Cádiz en el año 2018 y que durante varios meses estuvo analizando y manipulando documentos municipales, pese a no formar parte de la plantilla ni tampoco ser nombrado asesor del alcalde, de su gobierno ni de ningún ente dependiente del Ayuntamiento.

Desde la llegada a la alcaldía de González en junio de 2015, su equipo de gobierno se ha enfrentado a varias causas judiciales, todas las cuales han sido archivadas. Entre los casos se incluyen el caso Loreto por supuestas calumnias al PP, el caso Chiringuitos relacionado con la denuncia de Abogados Cristianos por izar la bandera LGTBIQ+ en el Ayuntamiento, una denuncia de Europa Laica por otorgar la medalla de oro de la ciudad a la Virgen del Rosario, y una querella de la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) por cancelar un ciclo de cine israelí.