El PSOE recibió este martes el primer varapalo de la legislatura después de que su propuesta de ley para prohibir el proxenetismo no saliera adelante en el Congreso por falta de apoyo. Tanto su socio de coalición, Sumar, como la mayoría de los grupos parlamentarios rechazaron la toma en consideración de la iniciativa al considerarla una medida “electoralista” que “no protege” a las mujeres que ejercen la prostitución y “las condena a una mayor exclusión y a una inseguridad”.
Pese a ello, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este miércoles que el Gobierno no ha tirado la toalla con su proposición de ley para abolir la prostitución y endurecer la persecución del proxenetismo. “Lo seguiremos intentando”, ha declarado la titular del departamento en los pasillos del Congreso. La propuesta, muy parecida a la que ya presentó el PSOE en la pasada legislatura y que entonces solo contó con el apoyo del PP, fue rechazada esta vez en el Congreso tanto por los populares como por ERC, Junts, PNV y EH Bildu, mientras que Podemos y Vox se abstuvieron. Solo Coalición Canaria y el BNG mostraron su apoyo a la iniciativa.
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Respecto a la votación en la Cámara, la ministra ha indicado que ese hecho “no quita fuerza ni legitimidad en absoluto”. “A veces hay que quedarse solo en la defensa de la dignidad de las mujeres y de sus derechos. Y está claro lo que pasó ayer, estuvimos solas, pero eso no nos quita fuerza ni legitimidad”, ha insistido Redondo.
“No ofrece soluciones a quienes se prostituyen”
Especialmente crítica contra la iniciativa socialista fue la intervención de la diputada de Sumar Gala Pin, que aseguró que “la mejor forma de garantizar los derechos que ejercen la prostitución es derogar la Ley de Extranjería”, ya que muchas de las trabajadoras sexuales son migrantes y se encuentran en situación administrativa irregular, al tiempo que pidió la derogación de la Ley mordaza y la eliminación de las ordenanzas municipales que las multan. La diputada también tildó de “cutre” la propuesta de ley. “No propone absolutamente ninguna solución, ningún itinerario, ninguna medida alternativa, ninguna propuesta económica de acompañamiento laboral, absolutamente ningún tipo”, añadió en su intervención.
Por su parte, Joseba Andoni Agirretxea, del Partido Nacionalista Vasco (PNV) criticó a los socialistas por traer una proposición de ley que “corta la cuerda y no pone red”. “Lo que ustedes plantean aquí evidentemente es un castigo a los proxenetas, pero un abandono absoluto de las personas prostituidas, prostitutas o en ámbitos de prostitución, utilicen el término que estimen oportuno”, señaló. Mientras que la diputada Pilar Calvo, de Junts per Catalunya, indicó al PSOE que si lo que quieren es ajustar el Código Penal para poder castigar el proxenetismo “hay formas de hacerlo sin enviar la prostitución regulada a la clandestinidad”.
Entre otras medidas, la iniciativa socialista proponía una reforma del Código Penal centrada en la modificación del artículo 187, planteando así penas de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses para la persona que “emplee violencia, intimidación, engaño, o abuse de una situación de superioridad o determine a una persona mayor de edad a ejercer la prostitución”. También incluía penas de prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses a quien “con ánimo de lucro, promueva o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”.
Otra de las medidas más polémicas del proyecto es la recuperación del delito de la ‘tercería locativa’, que persigue a quienes faciliten inmuebles para el ejercicio de la prostitución con penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 18 a 24 meses.