El Gobierno se gasta 3,1 millones en enviar las cartas a los jubilados que anuncian la revalorización de las pensiones para 2024

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones empezó a enviar el pasado 17 de enero una carta a los millones de pensionistas que hay España para comunicarles la revalorización de su prestación en 2024 que, en general, crecerá un 3,8%, en línea con la media del IPC entre los meses de diciembre de 2022 y noviembre de 2023. El coste de este envío ha ascendido a 3.171.683 euros, según una respuesta parlamentaria hecha pública este lunes por el Gobierno de Pedro Sánchez. En total se mandaron por correo 10.679.086 notificaciones, cuya producción e impresión se elevó a 428.230 euros. El envío postal sumó a la factura otros 2.743.453 euros.

“El complejo contexto internacional y las tensiones a nivel global han seguido provocando un aumento de los precios. A pesar de ello, y gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno, debe tener la seguridad de que el poder adquisitivo de su pensión está asegurado”, exponía la carta firmada por la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. Las pensiones tendrán con carácter general este año un aumento del 3,8%. Además, las pensiones mínimas no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) suben más, un 6,9%. La pensión media de jubilación (1.386 euros mensuales) se incrementa 52 euros al mes y 734 euros al año. La pensión media del sistema, considerando todas las modalidades de pensiones y prestaciones (1.200 euros), sube 46 euros al mes y 638 euros al año. En los dos últimos años, la pensión media ha subido unos 2.230 euros.

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En la respuesta enviada a tres diputados de Vox, el Gobierno señala que desde 1996, una resolución que regula la atención e información prestada al ciudadano, establece “que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Instituto Social de la Marina (ISM) comunicarán individualmente a los pensionistas del sistema de Seguridad Social la revalorización de sus pensiones”. En la citada notificación deberán figurar como datos mínimos: el importe íntegro de la pensión en el ejercicio anterior a la revalorización, el porcentaje y cuantía en que se revaloriza la pensión, el importe íntegro de la pensión una vez revalorizada que se percibirá durante el nuevo ejercicio y las retenciones que, en su caso, procedan.

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del ‘Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas’, el cual establece la obligación de los órganos que dicten resoluciones y actos administrativos de notificarlos a los interesados cuyos derechos e intereses se vean afectados por aquellos. El artículo 14 regula que las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. Pero hay excepciones. “Los perceptores de prestaciones de la Seguridad Social no se encuentran incluidos dentro del apartado segundo del artículo 14 que relaciona los obligados al uso de medios electrónicos”.

Es decir, que los pensionistas no se encuentran incluidos en la relación de sujetos obligados a recibir notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos. “Estos mandatos legales implican, por lo tanto, la obligación de notificar el acto administrativo de revalorización de las pensiones en formato papel, con los importes individuales, las retenciones correspondientes al IRPF y, en su caso, demás descuentos, salvo que los beneficiarios hayan optado por relacionarse electrónicamente con la Administración”, señala el Gobierno en su respuesta parlamentaria.

El Ejecutivo justifica este gasto porque mientras los ciudadanos no soliciten recibir las notificaciones de la Seguridad Social exclusivamente por medios electrónicos, el INSS está obligado a comunicar en papel cualquier variación de la cuantía de su prestación. La Seguridad Social considera “importante avanzar en la digitalización, por lo que estas comunicaciones se encuentran a disposición de la ciudadanía en la sede electrónica, con la posibilidad de acceder en cualquier momento”. No obstante, “no cabe olvidar que los avances en digitalización no pueden priorizarse en exclusiva, ya que han de compatibilizarse con la más adecuada atención a las personas mayores, vulnerables o con diversidad funcional (que son una parte importante de nuestros pensionistas), según sus propias necesidades, entre las cuales se puede encontrar la menor facilidad para la utilización de las nuevas tecnologías”. 2024 es el tercer año que se revalorizan las pensiones de acuerdo con el IPC: un 3,8% en 2024, un 8,5% en 2023 y un 2,5% en 2022. Gracias a estas revalorizaciones, un pensionista cobra de media 321 euros más al mes que en 2018.