Cuándo puede un abogado de oficio reclamar una minuta al cliente

En España, toda persona acusada de un delito tiene derecho fundamental a una defensa judicial efectiva a través de un abogado de oficio, según lo establece la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. Este servicio es fundamental para quienes no disponen de los recursos económicos suficientes o no conocen a ningún letrado, asegurando así una representación legal adecuada.

Los abogados de oficio son designados por los Colegios de Abogados de España y se inscriben en el Turno de Oficio. La solicitud de un abogado de oficio se realiza principalmente por limitaciones económicas, ya que contratar uno particular puede ser costoso, especialmente en casos complicados y largos. Esta medida asegura que no se vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos.

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Para ser beneficiario de este servicio, se debe cumplir con varios requisitos. Es esencial ser ciudadano español, extranjero residente en España o nacional de algún país miembro de la Unión Europea. A parte también podrán beneficiarse de este derecho los migrantes en situación irregular que estén obligados a participar en algún proceso judicial.

Cumpliendo cualquiera de estas condiciones, la persona tiene que acreditar, que careciendo de patrimonio suficiente, cuenten con unos recursos en ingresos económicos brutos computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:

a) Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.

b) Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

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c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.

Como se ha explicado, los abogados de oficio suelen trabajar sin cobrar ningún coste a su cliente, pero existen algunos casos concretos en los que los letrados pueden solicitar su minuta, una retribución económica por su actuación profesional. El primer supuesto es si el beneficiario de la justicia gratuita gana el juicio y gracias a eso obtiene un beneficio económico, siempre que no se haya hecho en la sentencia expreso pronunciamiento de costas.

El abogado también puede reclamar su pago cuando la Comisión de Justicia Gratuita rechace la solicitud del solicitante y se haya nombrado provisionalmente a un abogado. En este caso, el nombramiento provisional se anula, y el abogado puede pedir que le paguen por el trabajo realizado hasta que se haya rechazado definitivamente la solicitud.

Ya que normalmente no es el representado el que paga el sueldo de estos profesionales, este dinero viene de los presupuestos del estado. Esta retribución viene determinada por un baremo a modo de módulos y bases de compensación económica que recoge el Anexo II del Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, y que se actualizan cada año.

En el año 2022 la inversión de Justicia Gratuita en las distintas administraciones públicas superó los 296,8 millones de euros, lo que supuso 6,25 euros por ciudadano y el coste medio por expediente fue de 148,11.