Ayuso ha regularizado a 1.175 inquilinos que ocupaban ilegalmente viviendas protegidas

La Comunidad de Madrid aboga por una ley estatal que permita desalojar en 24 horas una vivienda que haya sido ocupada ilegalmente. “Se trata de respetar la propiedad privada y el cumplimiento de nuestro Estado de derecho”, señaló el pasado mes de febrero Isabel Díaz Ayuso. La Administración que ella dirige es una de las mayores tenedoras inmobiliarias. Su Agencia de Vivienda Social (AVS) gestiona actualmente 24.892 pisos para familias con escasos recursos. Pero, ¿cómo protege actualmente este patrimonio público ante posibles ocupaciones?

Pues una de las medidas que está tomando es la regularización de los inquilinos que en un momento determinado ocuparon irregularmente una vivienda de la AVS. Eusebio González, el director-gerente de este organismo público, señaló hace unos días en la comisión de vivienda de la Asamblea que ya han realizado 1.175 de estas regularizaciones de las 3.500 solicitudes recibidas. “No lo estamos haciendo en todos los casos”, señaló, solo en aquellos residentes no conflictivos “que no generan problemas de convivencia” y cumplen ciertos requisitos.

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Lo normal es que la AVS requiera al interesado, al ocupa, que acredite por cualquier medio válido (recibo de luz, agua, comunidad...) que la vivienda es su domicilio familiar permanente, al menos, desde hace un año. Además, debe cumplir con todos los requisitos que se exige a los adjudicatarios de un piso público en cuanto a renta. La Agencia no firma ningún contrato con aquellos ocupantes que hayan sido condenados por delito de usurpación de una vivienda pública o que se encuentren inmersos en una causa penal por este delito. Tampoco pueden optar a la regularización los que hayan sido condenados por un tribunal a consecuencia de un conflicto vecinal o sobre los que pesen informes en los que se acredite esa “conflictividad vecinal”. González puso un ejemplo de regularización al uso: “familiares de titulares de las viviendas”, es decir, el adjudicatario legal fallece y en el piso residen sus hijos, que no son los titulares.

En teoría, desde diciembre de 2022 estas regularizaciones no se pueden hacer. Vox presionó entonces al Gobierno de Ayuso y presentó una Proposición de Ley “en defensa de la integridad del patrimonio público de vivienda”. No hizo falta aprobarla porque el PP se adelantó y aprobó la llamada Ley Ónmibus incluyendo las peticiones de Vox, que derogaba dos artículos: el 17 de la ley 18/2000 de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas, y 14 de la Ley 9/2015 de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Estos artículos regulaban el “régimen excepcional de alquiler de viviendas por la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a favor de ocupantes irregulares sin título suficiente”. ¿Cuándo se han realizado estas 1.175 regularizaciones? González no lo especificó en la comisión y la AVS no lo aclara tras ser preguntada por este diario.

La verdad es que este mecanismo de regulación excepcional de ocupantes irregulares que cumplan una serie de requisitos no es algo nuevo. Es una herramienta con una larga trayectoria que suele aplicar la AVS, incluso cuando el organismo se llamaba IVIMA. “El desastre en materia de política de vivienda es lo que explica todo esto, porque el foco hay que ponerlo en la institución, en la Administración. Todo lo demás es cinismo institucional y criminalizar a los pobres por ser pobres. La vivienda pública brilla por su ausencia en la Comunidad de Madrid”, explica el diputado de Más Madrid Jorge Moruno.

Para Moruno los datos son tozudos. En la región hoy viven casi un millón más de personas en comparación con 1995, pero durante el mismo periodo el Gobierno regional ha perdido unas 65.000 viviendas públicas, porque las ha ido vendiendo. Es decir, la población ha crecido un 31%, pero el número de pisos sociales han descendido un 72%. “Y la falta de vivienda pública infla el peso que tienen las regulaciones de ocupantes sin título. Porque en lugar de poner el acento en la necesidad de aumentar el parque de vivienda pública para dar respuesta a las miles de familias que están en situación de especial necesidad, se pone el acento en perseguir a esas mismas familias vulnerables y con menores a su cargo, que tras esperar años y años a que la Comunidad de Madrid le ofrezca una respuesta, se ven forzadas a tener que meterse en una vivienda pública”.

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Para Moruno, “que se pretenda confundir y meter en el mismo saco a la cruda realidad que viven estas familias, que solo quieren vivir con normalidad y poder pagar una vivienda asequible, con los ‘narcopisos’ o las mafias, llamándolos a todos ocupas como si fueran lo mismo, es de lo más cruel, cínico e hipócrita que puede haber. La estrategia del PP es clara: primero aplican la política del abandono que genera los problemas, para después intentar obtener rédito electoral de esos mismos problemas. Quieren reciclar electoralmente los problemas que provoca su propio modelo político”. Cristina González, diputada del PSOE, cree que estas regularizaciones no pueden ser la única solución. “Nosotros apostamos por el cauce normal y oficial para adjudicar una vivienda protegida. El problema es que no se construye suficiente vivienda pública, todo lo contrario”.

¿Están consiguiendo estas regularizaciones frenar la ocupación de viviendas de la AVS? A finales de 2023, la Comunidad de Madrid tenía 2.300 pisos ocupados. Y es que desde enero de 2023 hasta la actualidad, la AVS ha tenido que abrir 652 expedientes por ocupación irregular, aunque solo 94 (el 14%) se tramitaron por ocupación violenta, la típica patada en la puerta. La AVS cuenta con una empresa de seguridad privada (con 19 vigilantes) que intentan evitar estas ocupaciones. La firma se llama Ariete, y pertenece a una exconcejala del PP en Alcorcón. La Agencia también cuenta además con un protocolo de colaboración con empresas de suministro eléctrico para detectar conexiones ilegales, uno de los síntomas de ocupación. Solo en 2023 se detectaron 572 conexiones ilegales. Por último, la AVS firmó a finales de 2023 un contrato de asesoramiento jurídico con un bufete privado por 700.000 euros para intentar recuperar viviendas ocupadas y reducir la tasa de inquilinos morosos.

Para Más Madrid, estas soluciones solo cronifican las situaciones de ilegalidad, carestía y degradación. “El objetivo es contar con un parque público de viviendas capaz de ofrecer respuestas a una amplia mayoría de la sociedad. ¿Qué se puede hacer mientras se consigue ese objetivo? Lo que vienen haciendo en otras partes, como el País Vasco: incorporar el reconocimiento del derecho subjetivo a la ocupación estable de una vivienda. Este es un derecho en favor de quienes no disponen de una vivienda digna y carecen de los recursos económicos para conseguir una”, explica Jorge Moruno. ¿En qué consiste?

“Como actualmente no existe un parque público suficiente para cubrir esta necesidad, dado que no hay alternativa habitacional para tanta demanda, lo que se establece en estos casos es la posibilidad subsidiaria para que la satisfacción del derecho se lleve a cabo mediante el pago de una prestación económica de carácter público que permita a las personas beneficiarias acceder a un arrendamiento fuera del mercado protegido. Desde la puesta en marcha de la Ley de Vivienda en el País Vasco, se ha reconocido el derecho subjetivo a más de 7.000 familias”.