Las mutuas piden dar altas médicas ante el aumento de horas no trabajadas, pero Gobierno y sindicatos enfrían la propuesta

Las horas no trabajadas por bajas médicas se dispararon con la pandemia y la tendencia al alza se ha mantenido una vez finalizada. Según la estadística del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cada empleado perdió una media de 23 horas por incapacidad temporal (IT) en el último trimestre de 2023 frente a las 17 de 2019. Las causas detrás de este fenómeno son diversas, pero preocupan tanto a los empresarios como a los sindicatos, que hace un año plantearon una solución en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Los agentes sociales comenzaron a negociar una reforma con el ministerio tras las elecciones, pero las posturas son distantes actualmente: los empresarios quieren extender competencias del sistema público de salud a las mutuas (entidades públicas gestionadas por empresarios), mientras que el Gobierno y los sindicatos plantean medidas limitadas. La propuesta conjunta del AENC es que las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social desarrollen convenios con las administraciones competentes para agilizar los procesos de IT por contingencias comunes de origen traumatológico.

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Según fuentes de la negociación, las conversaciones para materializar la medida avanzan lentamente y seguramente se alargarán para después del verano ante la multitud de temas pendientes de negociar en la mesa de las pensiones, siendo el más urgente el del convenio especial para recuperar cotizaciones durante los periodos de prácticas.

La patronal de las mutuas, AMAT, ha propuesto durante una jornada realizada este jueves en Cepyme que el Gobierno les permita “prestar asistencia sanitaria integral” y “emitir altas médicas” en los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes al menos en patologías traumatológicas y osteoarticulares. Actualmente solo realizan estas funciones en los procesos derivados de accidente de trabajo y en enfermedades profesionales.

El vicepresidente de AMAT, Luis Miguel García, ha propuesto también que las mutuas puedan “eliminar prórrogas automáticas de las bajas” revisando si el trabajador está en condiciones de incorporarse antes a su puesto y que hagan pruebas diagnósticas “sin necesidad de convenios con los servicios de salud de las comunidades autónomas”. Ya existen acuerdos con tres regiones (una de ellas es Andalucía), pero están a la espera de que los valide la dirección general de Ordenación de la Seguridad Social, algo que posponen a que se acuerde un “procedimiento genérico” en la citada mesa de diálogo social.

“Nos tienen que permitir hacer las cosas”, ha reclamado García, incidiendo en que dar más protagonismo a las mutuas redundaría en una reducción del gasto porque reduciría el absentismo. Un informe reciente de la entidad asegura que si gestionaran las IT por contingencias comunes traumatológicas se reduciría “un gasto innecesario de 2.630 millones de euros”, 1.650 con cargo a las cuentas públicas de la Seguridad Social y otros 980 procedentes de las empresas.

La empresa de recursos humanos Randstad coincide con estas propuestas. Según ha defendido su director del área de estudios durante la jornada, Valentín Bote, “genera sesgos indeseables” que los médicos de Atención Primaria concedan las altas y las bajas porque tienen relación constante con el paciente a lo largo de su vida y con su familia. “No es algo que desde el punto de vista objetivo sea deseable, deberían separarse ambos aspectos”. También ha propuesto que las pruebas realizadas en los médicos privados tengan “reconocimiento automático” para acelerar los procesos.

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El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, no ha respaldado públicamente estas propuestas, aunque considera que “no tiene sentido que un recurso como son las mutuas no vengan a ayudar” y ha incidido en que “el papel de las mutuas tenemos que agilizarlo”. En esta línea ha pedido que “la mesa de negociación sea más productiva y que realmente el acuerdo de colaboración entre mutuas y CCAA que establece el AENC se ponga en funcionamiento”. Además, cree que el Gobierno debería tener cuenta las elevadas bajas para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y le ha reclamado “rigor” en los análisis sobre el cómputo del tiempo del trabajo.

Desde hace unas semanas, el bloqueo en este asunto en la mesa de negociación se produce sobre todo por diferencias entre los sindicatos y las patronales. Los representantes de los trabajadores quieren limitar la reforma que se haga a lo acordado en el AENC y fuentes de la negociación aseguran que no está encima de la mesa la opción de que las mutuas den altas y bajas médicas por enfermedades comunes. En la misma línea, aseguran que en las propuestas debatidas con el ministerio se mantienen siempre en el médico del sistema de salud pública dichas competencias, de manera que las mutuas solo van a colaborar en pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores.

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El Ministerio de Seguridad Social evita desvelar el contenido de las conversaciones, pero incide en que el borrador planteado pretende desarrollar el acuerdo entre patronal y sindicatos, que solo compromete las referidas pruebas diagnósticas y rehabilitadoras en casos traumatológicos. “Se busca trasladar la propuesta del AENC con el objetivo de facilitar la recuperación óptima de la salud de los trabajadores”, comunicó el ministerio al término de una de las reuniones.

El problema de fondo para que todas las partes estén de acuerdo en buscar una solución es el atasco de los servicios públicos de salud, que alarga los procesos de diagnósticos, cirugías y rehabilitaciones. El Gobierno llegó incluso a proponer en enero la “autojustificación de las bajas de tres días” ante la presión del sistema de salud con la gripe y el covid. Medida que finalmente no se aplicó.