Los activistas de Greenpeace que pintaron El Agarrobico en 2014 se enfrentan a un juicio: “Es la promotora de este hotel ilegal a quien deben juzgar”

Probablemente no existe un mayor símbolo de la burbuja del ladrillo y la depredación urbanística de la costa española como el hotel El Algarrobico, una mole de cemento que se levantó hace dos décadas a pocos metros del mar dentro de una zona de especial protección del Parque Natural del Cabo de Gata, en Almería. Un complejo hotelero de 21 plantas y 411 habitaciones que sigue en pie, a pesar de que acumula varias resoluciones judiciales y sentencias que indican que es ilegal, tal y como recuerdan desde Greenpeace, que lleva luchando por su derribo desde entonces.

Fue un grupo de activistas de esta organización quienes en 2014 entraron al edificio para pintar sobre la fachada un enorme punto negro junto a una leyenda en blanco que decía “hotel ilegal” con el objetivo de exigir su demolición y que se iniciara la recuperación de la zona. Este viernes, 10 años después, 28 de los activistas que participaron en aquella acción se enfrentan a un juicio penal en el que se pide un año de cárcel para cada uno de ellos, además del pago de casi 187.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los desperfectos ocasionados. Azata del Sol, la promotora del hotel, que es la única que se ha personado en la acusación, también reclama 24 meses de multa que asciende a 30.000 euros.

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“Han sido 10 años duros, sobre todo porque la Fiscalía pidió el sobreseimiento y archivo del caso, pero el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Vera decidió seguir adelante con el procedimiento. La promotora del hotel, Azata, es la única que ejerce la acusación y no podemos olvidar que es una construcción ilegal, pues se trata de un terreno público porque así lo dice la Ley de Costas”, dice a Infobae España María José Caballero, responsable de la campaña de costas de Greenpeace. Esa norma establece que no se puede construir nada nuevo en una franja de 100 metros desde la línea de costa y El Algarrobico se encuentra a tan solo 14 metros del mar.

Se trata de una situación que “no debería darse porque no tiene ni pies ni cabeza”, añade Caballero, y más teniendo en cuenta que ya ha pasado una década y que algunos de esos activistas que participaron en la pintada “ni siquiera viven ya en España”. “Es el mundo al revés. Son las administraciones públicas quienes deben llevar a Azata a los tribunales y reclamarle los ocho millones de euros que costará la desaparición del mamotreto ilegal y la restauración de la zona. La justicia no debería contribuir a que se siga retrasando, haciendo interminable esta situación”, sostiene la organización.

Varias sentencias del Tribunal Supremo y de otros juzgados y tribunales indican que El Algarrobico es ilegal porque invade la servidumbre de protección establecida en la Ley de Costas y porque está construido en una zona no urbanizable, dentro de un parque natural protegido. Sin embargo, en 2023 el Supremo rechazó demoler el edificio, al considerar que la licencia municipal de obras concedida en 2003 “sigue siendo legal” pese a la normativa ambiental que rige en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar y la Ley de Costas. No obstante, también consideró que existe una “inadmisible lenidad de todas las administraciones involucradas” en alusión al Ayuntamiento de Carboneras (Almería), a la Junta de Andalucía y al Estado y que esta “ha propiciado una actuación carente de toda razón y toda lógica” en torno a la construcción del hotel.

En ese sentido, Caballero aclara que la situación “es tan sencilla como anular la licencia de obras” porque al estar ubicado en un terreno protegido dentro de ese parque “la licencia nunca se debió conceder, no es válida, pero el Ayuntamiento de Carboneras se niega a hacerlo”, critica la activista.

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Como la Fiscalía pidió el sobreseimiento y archivo del caso por no apreciar delito, Greenpeace confía en que sus 28 activistas queden absueltos, aunque advierten que seguirán luchando los años que haga falta para lograr la demolición del edificio y la recuperación de la zona. “Son más de una treintena de sentencias las que nos dan la razón y hemos llevado el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, así que ahí seguiremos”, concluye la organización ecologista.