
El aumento del gasto público desde 2020 para contrarrestar la crisis, iniciada con la pandemia y agravada por la inflación y la falta de suministros, disparó la deuda pública a un máximo del 125,3% sobre el PIB en marzo de 2021. Desde entonces, la ratio se ha reducido en más de 17 puntos y se situó en diciembre de 2023 en el 107,7% del PIB, cumpliendo lo comprometido por el Gobierno a Bruselas. A pesar de que en los últimos años la reducción ha sido acelerada y más rápida de la prevista, los principales organismos nacionales e internacionales proyectan una evolución más pesimista para el futuro cercano, algo en lo que no coincide el Gobierno.
Según la actualización del Programa de Estabilidad enviado a la Comisión Europea en abril, el Ejecutivo prevé un nivel de deuda sobre el PIB del 105,5% en 2024 y del 104,1% en 2025. Sin embargo, según ha adelantado durante el Consejo de Ministros el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la intención es “ir poco a poco llegando al objetivo del 100% hacia finales de la legislatura”. De cumplirse esta intención para 2027, España tardaría ocho años en volver a ratios de deuda pública similares a las de antes de la pandemia (del 98,2% en 2019) y hacerlo conllevaría un ajuste fiscal que se puede producir por varios frentes.
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Cuerpo ha explicado las vías para que este descenso se produzca, aunque ha evitado hablar de ajuste, como sí hacen la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Banco de España, el FMI y la OCDE. El optimismo de las previsiones del Ejecutivo en comparación con los organismos citados reside en una mayor reducción del déficit ya en 2024 y especialmente en 2025. Esto descansa en una ligera disminución del gasto público sobre el PIB de dos décimas (hasta el 45,4%) impulsado por el fin de las ayudas extraordinarias y a un aumento de tres décimas del peso de los ingresos (hasta el 42,9%).

La previsión del Gobierno es que el déficit se sitúe en el 3% en 2024 y en el 2,5% en 2025, lo que supondría volver a una ratio similar a la de antes de la pandemia y “tener superávit en términos primarios”, es decir, descontando el pago de los intereses de la deuda. “Esto es muy importante para ser capaces de seguir reduciendo la deuda hacia adelante no solo gracias al crecimiento, sino también gracias al esfuerzo de responsabilidad fiscal”, ha señalado Cuerpo. Hasta ahora, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se había referido solo al crecimiento económico como el factor que haría posible una reducción constante del déficit y la deuda.
La senda planteada por el ministro este martes hasta 2027 conllevaría reducciones de la ratio de deuda de más de un punto anual y cumpliría con las exigencias de las reglas fiscales, aunque el Gobierno no ha detallado aún sus cálculos para llevarla a cabo. La senda de medio plazo se deberá plasmar en el Plan Estructural que habrá que enviar a la Comisión Europea antes del 20 de septiembre y es donde se apreciará qué parte del ajuste implícito en la reducción de la deuda al 100% viene por el crecimiento económico, por la reducción del gasto o por el aumento de los ingresos.
Organismos nacionales e internacionales son más pesimistas
Ningún organismo contempla el escenario de superávit fiscal primario que anticipa el Gobierno para 2025 en ausencia de medidas adicionales, ya que consideran que los gastos serán mayores y los ingresos menores, aunque cada vez acercan más sus previsiones de crecimiento del denominador de la ratio de deuda (el PIB) a las planteadas por el Gobierno.
La AIReF calcula que la ratio de deuda pasará del 107,7% en 2023 al 104,3% en 2028. Según este escenario, no se produce una reducción de un punto anual, por lo que la institución ve necesario un ajuste anual del 0,63% en cuatro años (unos 9.000 millones al año) o del 0,43% en siete años, dependiendo de lo que se pacte con la Comisión. El FMI da por válido el dato de la AIReF y la OCDE también ve necesario el ajuste al prever que la ratio de deuda solo descienda al 106,7% en 2025. El Banco de España contempla los peores datos con un aumento de la deuda desde 2024 hasta el 108,4% en 2026.
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La Comisión Europea está también en esta línea, según detalló en su informe de sostenibilidad de la deuda de diciembre a partir de las previsiones macroeconómicas del paquete de otoño, que se actualizarán este miércoles 15 de mayo. Según sus cálculos, la ratio de deuda pública de España se situará en el 106,5% del PIB en 2024 y se mantendrá en ese rango. “Una de las razones de la ralentización de su descenso es la disminución del diferencial positivo entre el crecimiento del PIB nominal y el coste de la deuda observado en 2022-2023. Se espera que el efecto bola de nieve reduzca su contribución a la reducción del déficit en los próximos años”, detalla el informe en profundidad publicado en marzo.
Además, Bruselas considera que “los déficits fiscales previstos para el futuro seguirán aumentando el volumen de deuda”, dado que prevé uno del 3,2% para 2024 y otro del 3,4% para 2025 por la “expiración” de algunas medidas temporales de aumento de los ingresos, como el gravamen temporal a bancas y energéticas y el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, aunque el Gobierno pretende hacer permanentes todas ellas.
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