Más de 10 millones de afectados del ‘Cartel de coches’ pueden lograr una indemnización de hasta el 15% del precio pagado: “Es necesario demandar”

¿Compraste un vehículo entre 2006 y 2013? Si la respuesta es afirmativa, podrías ser uno de los 10 millones de afectados que la asociación de Consumidores Afectados por el Cártel de Coches calcula que existen en España después de que la CNMC apuntara a que una veintena de fabricantes habían creado un ‘Cártel de coches’ con el que infringían las leyes de competencia.

En julio de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dictó una resolución con la que sancionó a más de una veintena de fabricantes de coches a causa de unos acuerdos que estos habían realizado para intercambiarse información comercialmente sensible y estratégica, que afectaba a la distribución y comercialización de todos los vehículos distribuidos. De esta manera se dio a conocer la existencia del ‘Cártel de coches’ en España.

Un cártel es una organización creada con el propósito de controlar la producción, distribución y precio de productos o servicios en un mercado específico, operando a menudo fuera de las leyes del libre mercado. Estas empresas realizaron esta práctica, prohibida por la ley de defensa de la competencia, desde el año 2006 al 2013 y acabó teniendo efectos negativos en el bolsillo de los compradores.

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Según las estimaciones de Consumidores Afectados por el Cártel de Coches, los afectados podrían alcanzar los 10 millones. En concreto, la Agrupación de Afectados por el Cártel del Coche (AACC) ha informado a Infobae España de que actualmente tienen afiliados a más de 50.000 afectados, aunque aseguran que “diariamente esta cifra se mantiene en crecimiento”.

“Para saber si la compra de un coche está afectada por el cártel es preciso tener en cuenta la marca del vehículo comprado y su fecha de adquisición y cotejarlo con las marcas y fechas que fueron objeto de sanción en la Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 23 de julio de 2015″, explican a este medio desde el despacho de abogados Arriaga Asociados, aunque añaden que existen buscadores que te pueden ayudar y hacer esta búsqueda más fácil.

Es importante saber que en el caso de que el vehículo sea de segunda mano, es “inviable” solicitar cualquier tipo de indemnización. “Sólo se pueden demandar los vehículos nuevos adquiridos por los demandantes en los concesionarios oficiales y, por excepción, también se podrían demandar los vehículos ‘Km 0′ comprados en concesionarios que hubieran sido usados por poco tiempo. No hay ningún inconveniente en que el cliente vendiera su coche en el mercado de segunda mano, estos casos son viables”, explican desde Arriaga.

Todas las personas que hayan sido afectadas tendrán derecho a recibir una indemnización. Desde Arriaga explican que este pago, “en general, oscila entre el 5% y el 15% del precio del coche, más los intereses legales devengados desde la adquisición del vehículo y hasta su pago por el demandado”. Información también confirmada desde la AACC, que estiman que las indemnizaciones suelen rondar el 7%-9% sobre el precio de adquisición del coche.

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Sin embargo, la única forma de conseguir esta indemnización es mediante la presentación de una demanda. “Hasta la fecha no tenemos noticia de que los cartelistas hayan llegado a acuerdos con los afectados. Por lo tanto, a día de hoy, para conseguir una indemnización del cártel es necesario demandar en el Juzgado a los fabricantes de coches sancionados”, son las conclusiones que sacan desde Arriaga Asociados.

La buena noticia es que en el caso llevar a cabo esta acción jurídica hay una seguridad casi absoluta de ganar el caso. La AACC por el momento tiene constancia de más de 200 sentencias y la gran mayoría son estimatorias. “Aquellas que no lo han sido, se han declarado desfavorables, en la mayoría de los casos, por un informe pericial inexistente o poco fiable”.

Un dato a tener en cuenta, es que la posibilidad de presentar una demanda tiene su fecha de caducidad. El plazo marcado por las Audiencias Provinciales de España, basándose en la primera sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 22 de junio de 2022, es de cinco años desde el fallo que desestimó el último de los recursos presentados por los fabricantes de coches contra la Resolución de la CNMC de 23 de julio de 2015. Esto significaría que en general se podría demandar hasta el 2026.