El Gobierno confía en que Bruselas sea flexible con la reforma del desempleo y se reciba en mayo el cuarto pago completo

El Gobierno no ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la reforma de las prestaciones por desempleo a pesar de que es necesaria para recibir el cuarto pago de los fondos del Plan de Recuperación, que tiene un importe de 10.000 millones de euros. Se esperaba que el Ejecutivo diera luz verde a la nueva norma este martes porque el plazo para que la Comisión Europea tome su decisión sobre el cuarto pago finaliza el próximo lunes 20 de mayo, pero fuentes del Ministerio de Economía trasladan tranquilidad respecto al plazo estricto porque la comunicación con Bruselas es constante.

En esta línea, el Gobierno descarta un Consejo de Ministros extraordinario esta semana y confía en que la decisión final de Bruselas sea flexible con los plazos, de manera que permita un desembolso completo, aunque la norma se apruebe después del 20 de mayo. Economía defiende que el acuerdo firmado la semana pasada entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los sindicatos UGT y CCOO es una señal suficiente para conseguir el visto bueno de Bruselas, por lo que confía en que España reciba en el mes de mayo los 10.000 millones.

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La “simplificación y mejora” del nivel asistencial de desempleo es la reforma 10 del componente 23 del Plan de Recuperación y, según el calendario acordado entre el Gobierno y la Comisión, este hito se tenía que haber cumplido durante 2022. La norma acumula un retraso de año y medio, primero por las discrepancias internas entre el Ministerio de Economía, liderado entonces por Nadia Calviño, y el Ministerio de Trabajo, y después, por su derogación al no conseguir los votos necesarios en el Congreso. Vox, el PP, UPN y Podemos votaron en contra del Real Decreto-Ley 7/2023 en enero, texto que contenía la reforma, lo que hizo imposible la convalidación de la misma.

Tras la derogación, Trabajo inició un proceso de negociación de la norma con sindicatos y patronales que ha dado como resultado un texto con varias novedades. Entre ellas, se da marcha atrás en el recorte del subsidio por desempleo de los mayores de 52 años, motivo por el que Podemos votó en contra. El real decreto-ley aprobado en diciembre rebajaba la cotización en las prestaciones de dicho colectivo del 125% al 100%, algo que habría perjudicado a sus pensiones y que los sindicatos también pedían revertir, por lo que finalmente se ha mantenido el porcentaje vigente actualmente.

Con este cambio, Díaz espera tener el voto favorable de Podemos, según ha trasladado este martes en una entrevista en Radio Nacional, aunque sobrevuela la incógnita de qué hará Junts dado el escenario político tras las elecciones catalanas. El partido, que cuenta con siete escaños en el Congreso, se ausentó de la votación en enero, pero Puigdemont amenaza con retirar apoyos en el Congreso al Gobierno si no consigue ser investido president.

Durante la rueda de prensa de este martes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido el nuevo documento acordado entre Trabajo y los sindicatos. “Se trata de un texto muy equilibrado”, ha señalado, resaltando las novedades en la “pasarela a la empleabilidad”, algo que avanza en la línea de “llegar al pleno empleo”. En concreto, se amplía la compatibilidad de las prestaciones por desempleo con un empleo a tiempo completo para los parados a nivel contributivo, ya que en la norma tumbada ya se establecía esta vía para los perceptores de los subsidios.

Según el último borrador, existen una serie de condicionantes para percibir ambos ingresos a la vez y el cobro de un salario producirá una merma en la prestación. En el caso de los parados contributivos, se podrá compatibilizar la prestación con un empleo a tiempo completo a partir del mes 13 del cobro de la prestación y lo podrán hacer durante un máximo de 180 días (seis meses), al igual que en el caso de los beneficiarios de los subsidios, aunque estos sí podrán compatibilizarlo desde el inicio. Además, la prestación contributiva por desempleo será incompatible con el trabajo por cuenta ajena cuando el salario bruto mensual sea superior al 225% del IPREM. Esto son 1.350 euros, ya que el IPREM de 2024 está fijado en 600 euros al mes.

Otra de las medidas principales es el aumento de las cuantías para todos los colectivos perceptores de subsidios, excepto para quienes cobran el subsidio de mayores de 52 años, que seguirán percibiendo el 80% del IPREM. El resto cobrará el 95% del IPREM los seis primeros meses (570 euros en 2024); el 90% del IPREM los seis meses siguientes (540 euros) y el tiempo restante de cobro, hasta 18 meses, se mantiene en el 80% del IPREM (480 euros).

También se amplía la cobertura del nivel asistencial de desempleo a más colectivos, como las mujeres víctimas de violencia de género y los emigrantes retornados, y se equiparan los subsidios de las personas que accedan tras tener trabajos a tiempo parcial, de manera que los cobrarán íntegramente como los trabajadores a tiempo completo. Esta medida tiene un impacto positivo de género, ya que las mujeres tienen más parcialidad.