El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). La norma blindará el acceso universal a la atención sanitaria “en igualdad de condiciones” para los españoles que residen en el exterior, los extranjeros que vienen por reagrupación familiar y para todas las personas residentes en España “con independencia de su condición administrativa”.
“La nueva Ley de Universalidad es un hito dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud para recuperar parte del orgullo que perdimos en el año 2012. Queremos garantizar con esta Ley el acceso universal y desterrar para siempre esa exclusión sanitaria que, como bien saben, trajo una ley en el año 2012 el Partido Popular y queremos cerrar esa herida”, ha declarado la ministra de Sanidad, Mónica García, en su intervención en la rueda de prensa.
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El proyecto de ley, que deberá ahora pasar por el Congreso de los Diputados, amplía por tanto el derecho a la atención sanitaria dentro del sistema público, una reforma que recupera el acceso universal que no se logró restaurar del todo en el 2018.
“No se le negaría a ningún residente la asistencia sanitaria”
Según ha explicado la ministra, esta Ley “recupera el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones, no solamente para las personas que residen en España y que hasta ahora estaban excluidos, sino también para los españoles residentes en el extranjero que cuando venían a España no tenían derecho a esta prestación”.
Una vez aprobado por el poder legislativo, podrán acceder también al Sistema Nacional de Salud las personas ascendientes reagrupadas por hija o hijo titular del derecho a la asistencia sanitaria. Igualmente se extenderá a personas solicitantes de protección internacional y protección temporal, víctimas de trata de seres humanos e inmigrantes en situación irregular.
En este último caso, la asistencia “será con cargo a los fondos públicos” siempre que se cumplan tres requisitos: no tener la obligación de acreditar cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen y no existir un tercero obligado al pago.
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Para que esto sea posible, se habilitaría una “declaración responsable” para las personas que residen en España, con lo que “no se le negaría nunca a ningún residente, a ninguna persona, la asistencia sanitaria”. La declaración responsable será necesaria también para aquellas personas sin residencia autorizada, sin perjuicio de que, una vez resuelto el procedimiento administrativo, se pueda requerir el pago de la asistencia recibida.
Una cartera de servicios única
Todos estos grupos, tanto nacionales como extranjeros, tendrán igualmente acceso a la prestación farmacéutica, por lo que tampoco pagarán el 100% de los medicamentos. A su vez, se agrupan las carteras de servicios sanitarios en una cartera común de servicios única. En ella se incluyen la cartera común suplementaria y la cartera común de servicios accesorios, además de garantizar que no se puedan incluir nuevos copagos.
Se incorpora además, dentro de la prestación de atención especializada, la medicina de precisión, personalizada, predictiva, participativa y poblacional. Esta se centra de forma personalizada en el paciente para adaptar el diagnóstico y las medidas preventivas o terapéuticas que necesite.
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