La parálisis de la educación pública española: faltan 43.000 docentes y los interinos triplican el porcentaje recomendado

En mayo de 2023, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una inversión de más de 560 millones de euros para reforzar la calidad de la educación pública. Para justificar la decisión, indicó que los recursos buscarían “defender la educación pública como lo que es: la mayor herramienta para la igualdad de oportunidades”, reivindicando el “compromiso del Gobierno con la educación pública”.

Sin embargo, un año después, los profesionales del sector educativo no tienen tan claro este compromiso. Los pasados 7 y 8 de mayo, se celebraron las dos jornadas del III Congreso Nacional de Educación del CSIF (la Central Sindical Independiente y de Funcionarios) en Valladolid, donde dicha organización sondeó la posibilidad de convocar movilizaciones en toda España de cara al nuevo curso que comienza en septiembre. Para ellos, es necesario obligar al Gobierno a que “salga de su parálisis e impulse las reformas estructurales que necesita el sistema educativo”.

Te puede interesar: Educación: El abandono escolar no depende del esfuerzo personal, es un fracaso del sistema

El sindicato anunció tras el evento que si la negociación en Educación con el Gobierno no alcanza acuerdos positivos, incluyendo el ámbito universitario, convocará protestas y una posible huelga en el otoño del próximo curso. Así lo apuntó Mario Gutiérrez, reelegido como presidente del sector nacional de Educación de la agrupación durante el congreso.

CSIF quiso recordar varios de los problemas estructurales que dañan al sistema educativo en España: hay un déficit de docentes universitarios cercano a los 43.700 profesionales, y la tasa de interinidad se mantiene cercana al 25%. Esto supone que uno de cada cuatro profesores universitarios se desempeña de forma temporal, ocupando una ausencia o llenando vacantes no permanentes. La Unión Europea fijó en un 8% el límite a esta interinidad. Desde CSIF consideran que las administraciones públicas abusan de esta contratación temporal y abogan por ofertas de empleo indefinidas que amparen a los docentes.

A comienzos de año, los sindicatos denunciaron que un 22,47% de los docentes de la universidad pública se encontraban en esta situación, lo que representa un descenso de casi un 5% con respecto al curso pasado. Sin embargo, la temporalidad varía según las comunidades autónomas, con regiones como el País Vasco o las Islas Canarias superando el 40% de temporalidad. Además, en 2022 (último año con datos publicados del Ministerio), únicamente un 54,1% de los profesores universitarios eran permanentes, mientras que la figura del profesor asociado representaba al 25,3% del total de docentes.

Los profesores aseguran que en las universidades públicas existe un “bloqueo en la generación de nuevas plazas permanentes estables de profesorado”. Según especifica Jesús Arsuaga, portavoz del ámbito universitario de CSIF, durante la época de la crisis “se puso un tope a la contratación de las plazas permanentes”, la llamada tasa de reposición.

Te puede interesar: Abril fue el mejor mes para el empleo en lo que va de 2024

Desde CSIF denuncian el freno a las reformas educativas propuestas desde el Gobierno central, asegurando que las comunidades autónomas “también se han contagiado de este inmovilismo” y se “escudan” en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para “revertir los refuerzos de medios y personal implantados durante la pandemia e incumplir sus compromisos en materia educativa”.

El presidente del sector Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, destacó los males estructurales del sistema educativo, que se extienden “desde infantil hasta la propia universidad”. Considera que el personal docente se encuentra “sobrepasado” por problemas como “exceso de burocracia, falta de financiación y pérdida retributiva”, unidos a “exceso de niños por clase”. En palabras del propio Gutiérrez, todavía siguen vigentes las ratios de las LOGSE de 1990 (25 niños en primaria, 30 en secundaria y 35 en la ESO).

Desde la agrupación, exigen un pacto educativo que permita alejar la educación de “vaivenes políticos y ofrezca estabilidad al sistema”, además de mejorar la inversión educativa para alcanzar el 7% del PIB, en la línea europea.

España destina un 4,6% del PIB en Educación, lo que la sitúa por debajo de la media de la OCDE, del 5%. Países como Dinamarca, Suecia o Finlandia se acercan al 7%, pero imparten por lo general menos horas de clase. La media de la Unión Europea en horas impartidas en secundaria es de 876, según indica la OCDE, mientras que la media española se sitúa en un 20,6% más, en las 1.057 horas.

Además, desde la OCDE elaboraron un duro diagnóstico del sistema educativo español a comienzos de curso, donde identificaron uno de los problemas centrales del sector en España: el abandono escolar. El porcentaje de abandono se ha reducido desde el comienzo de la pasada década, cuando alcanzaba una cifra cercana al 28,2% de los estudiantes entre 18 o 24 años sin estudios superiores a la enseñanza obligatoria. La cifra ha disminuido hasta el 13,9%, pero aún se mantiene lejos del promedio de la Unión, situado en un 9,3%.