El anuncio salía en el BOE de este 8 de mayo: La “Orden TDF/410/2024, de 12 de abril”, firmada por el ministro José Luis Escrivá, que declara “la pérdida de la condición de funcionaria de administración local con habilitación de carácter nacional” para Beatriz Mata Amado, que fue interventora de un pequeño pueblo de Madrid, Serranillos del Valle. Es decir, la pérdida de por vida de su puesto de funcionaria. El alcalde de este municipio de 4.600 vecinos, Iván Fernández, muestra su satisfacción porque este simple trámite administrativo del BOE culmina una larga lucha judicial que ha durado siete años.
La interventora no solo ha perdido su empleo. También ha sido condenada a tres años de prisión. Aunque la sentencia en primera instancia es de octubre de 2020, no fue confirmada hasta marzo de este año por la Audiencia Provincial de Madrid en los siguientes términos: “Condenamos a Beatriz Mata Amado como autora responsable y directa de los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil cometido por funcionario público y malversación de caudales públicos”. Según ha podido saber este diario, la que controlaba y supervisaba las finanzas de Serranillos ya está encarcelada desde hace unas semanas.
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Todo comenzó a principios de 2017, cuando el Ayuntamiento de Serranillos del Valle decidió presentar una denuncia contra la que había sido su interventora, que en esos momentos trabajaba en otro Consistorio madrileño, el de Parla. El equipo municipal, formado entonces por una coalición de independientes (Transparencia y Democracia) y una candidatura de unidad popular, Cambiemos Serranillos, acusó a la funcionaria de actuar en connivencia con un empresario para falsear unas facturas por un servicio no prestado y repartirse 35.000 euros. El pastel se descubrió gracias a que ese empresario, C.B.S., confesó el montaje urdido por ambos cuando le reclamaron el dinero porque no cuadraban las cuentas.
Iván Fernández había llegado a la alcaldía en 2015 tras muchos años de gobiernos del PP. Carpintero, director comercial y de marketing, coordinador de ocio y tiempo libre y monitor de fútbol, Fernández es un tipo perseverante y sabía que había que desempolvar cajones y mirar debajo de las alfombras. Los precedentes no eran nada halagüeños. Su predecesor en el cargo entre 2011 y 2015, Antonio Sánchez Fernández, estaba siendo investigado por esas fechas dentro del caso Púnica. Y Olga Fernández, ex regidora entre 2003 y 2011, acababa de ser condenada por un delito de malversación tras comprarse dos bolsos valorados en 370 euros y pagarlos con la Visa del Ayuntamiento.
Así que Fernández y su equipo de coalición se dedicaron a auditar el trabajo de la que había sido la interventora del Consistorio entre febrero de 2012 y abril de 2013. ¿Por qué irse a años tan pretéritos? Porque Serranillos se había acogido al plan del Gobierno central (regulado en el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero) para pagar deudas a proveedores municipales. Serranillos debía entonces casi 3 millones de euros. En mayo de 2012, un empresario pasó a cargo de ese plan el cobro de una factura de 34.918 euros por un supuesto servicio que había hecho años antes, en diciembre de 2006. Hasta ahí, todo normal. Pero se dieron cuenta de que ese proveedor que había girado la factura años antes en realidad no había prestado ese servicio ni ningún otro para el Ayuntamiento.
Comprobado que el pago efectuado al proveedor era irregular, el Consistorio decidió iniciar un procedimiento de reintegro del cobro, reclamando al empresario la devolución de los 35.000 euros más los intereses de demora, cantidad que se elevó a 53.000 euros. Iván Fernández intentó durante un año que el proveedor le devolviera el dinero, sin suerte, por lo que al final decidió dictar en mayo de 2016 una resolución acordando el embargo de sus bienes. Tras recibir la notificación, el supuesto proveedor solicitó una reunión urgente para “contarlo todo”, reconociendo que nunca había trabajado en Serranillos del Valle y que pactó con la interventora el cobro de esa factura inexistente. Manifestó además que era consciente del delito y que estaba dispuesto a devolver los 4.000 euros que él se llevó, ya que los 30.000 restantes fueron a parar a los bolsillos de Beatriz Mata. Ambos se conocían desde hace años.
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Con toda esta información, pusieron la denuncia en 2017. La interventora fue acusada de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad de documento público. La figura del interventor en un Ayuntamiento es comparable con la de un notario: fiscaliza y da fe de la contabilidad municipal. En un juicio, por ejemplo, el informe de un interventor es una prueba que un juez valora como 100% válida. Beatriz Mata fue condenada en octubre de 2020 a tres años de prisión, inhabilitación durante seis años para cargo o empleo público, y la pérdida definitiva del cargo de funcionaria. Sentencia que ha sido ratificada ahora en 2024. “Hasta ha intentado pedir el indulto”, explican desde el Ayuntamiento.
Iván Fernández, que revalidó la alcaldía en 2019 y en 2023 con un partido independiente, califica de “gran noticia” lo sucedido. Serranillos ha conseguido recuperar el dinero malversado y ahora va a pedir los intereses desde el año 2012. “Hay que perseverar y ser constante en ese tipo de procedimientos, y más con un cuerpo tan corporativista como el Colegio de Secretarios e Interventores de la Comunidad de Madrid”, señala. El regidor afirma que todo se ha alargado tantos años porque la ex interventora presentó recursos en el Supremo, en el Constitucional y como última maniobra intentó pedir el indulto al Consejo de Ministros, que fue denegado. “Hemos sufrido diferentes presiones para que quitásemos la denuncia, pero la justicia ha funcionado y la sentencia es ejemplar. Creo que por fin, después de siete años, hemos conseguido el objetivo. Yo no me alegro de que nadie entre en prisión, pero obviamente cuando alguien hace algo mal sabe las consecuencias que puede tener”.