El Gobierno rectificará la norma para recuperar la cotización de las prácticas ante las quejas de sindicatos y científicos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha abierto este lunes a modificar la orden ministerial publicada el pasado 1 de mayo sobre el Convenio Especial para recuperar la cotización de los periodos de prácticas no laborales o actividades de investigación. Tras su publicación en el BOE, tanto los sindicatos como asociaciones científicas reclamaron al Gobierno que diera marcha atrás dada la elevada cuantía a pagar por cada mes que se quiera recuperar, más de 250 euros, según la memoria económica de la norma, y el limitado plazo de recuperación, cinco años.

En una breve atención a medios, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha reconocido que la orden ministerial contiene aspectos “no satisfactorios”, por lo que el ministerio va a valorar las aportaciones de los agentes sociales y de los “colectivos afectados” mediante reuniones en los próximos días para “resolver si hay que hacer algún ajuste” en el corto plazo. Esto es necesario porque la medida entra en vigor el próximo 1 de junio.

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Pese a reconocer el descontento, Suárez ha defendido que la orden “no es más que el desarrollo reglamentario de una medida que procede del diálogo social” y no ha detallado en qué términos está dispuesto el Gobierno a modificarla. Los sindicatos, presentes en la reunión de este lunes, tampoco proponen cifras concretas sobre la rebaja de la cuantía a pagar para recuperar los periodos de prácticas, aunque consideran fundamental ese aspecto y que se amplíe el periodo de recuperación posible.

Esta falta de concreción se deriva de que la reunión no estaba convocada para tratar la modificación del Convenio Especial, sino para negociar los diversos flecos que quedan pendientes en materia de pensiones, por lo que no se ha debatido sobre ninguna propuesta ni texto concreto. No obstante, Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT, ha valorado la “rectificación que se va a hacer” y Carlos Bravo, secretario de Protección Social de CCOO, ha afirmado que la orden “vulnera acuerdos del diálogo social y hace imposible para mucha gente acogerse”.

Los sindicatos han avanzado en qué sentido les gustaría que se modificara la orden. CCOO pide extender el periodo de recuperación a cinco años completos, sin integrar en este plazo los periodos que ya se hayan podido cotizar mediante el convenio que se reguló en 2011. Algunas carreras de cotización del personal investigador incluyen hasta 14 años sin cotizar a la Seguridad Social al estar en becas.

Respecto al coste, Bravo ha criticado que la base mínima de cotización de 2024, que coincide con la del SMI (1.323 euros mensuales), es superior a la base máxima de muchos grupos de cotización en los años objeto de reclamación y “eso genera una situación absurda” cristalizada en los más de 250 euros que se pueden llegar a pagar con el actual marco por cada mes que se quiera recuperar. “Cotizar por una base de cotización superior a la máxima en algunos grupos de la época que además no entrarían dentro del periodo de cálculo de la base reguladora genera una situación que tiene que ser corregida”, ha explicado.

Ponen como ejemplo el Convenio Especial publicado en 2011 para esta misma finalidad, en el que se estableció que la base de cotización tomaba en consideración las bases de cotización de los periodos en los que se produjo la práctica formativa, muy inferiores a la base de cotización mínima de 2024. También se preveía la posibilidad de fraccionar la cuota resultante, de modo que se facilite el ejercicio de este derecho a las personas con menor nivel de renta.