Cataluña ha sido históricamente uno de los territorios punteros de la economía española por su importancia en las revoluciones industriales, pero en las últimas décadas ha perdido protagonismo por el auge de Madrid, como también le ha sucedido al País Vasco. A esto se añade la incertidumbre política por el proceso soberanista, que en cierta medida ha perjudicado a la evolución de la economía catalana. El indicador más claro es el de las pérdidas ininterrumpidas de sedes sociales de empresas desde 2017, algo que el PSOE se comprometió a solucionar en su pacto con Junts para la investidura. En este clima económico, los catalanes se disponen a votar este domingo 12 de mayo en la quinta convocatoria electoral de comicios regionales de los últimos 12 años.
Cataluña es la cuarta región más rica de España en términos de PIB per cápita (32.550 euros en 2022), por detrás de Madrid, País Vasco y Navarra. Sin embargo, cada vez se acerca más a la media nacional y se aleja de Madrid, con 38.435 euros y por encima de la renta per cápita media de la UE. También se ha producido un cambio significativo en el peso de ambas economías: al crecer más el volumen del PIB de Madrid, la región de la capital de España ha pasado a ser desde 2017 la que más peso tiene en el conjunto nacional, un 19,44% en 2022.
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Cataluña está por encima de la media española en todos los datos macroeconómicos, pero por detrás de Madrid. Así sucede, por ejemplo, en la tasa de paro (9,48% frente al 9,19%), la tasa de empleo (55,89% frente al 57,46%) y la productividad. Fedea y el Consejo General de Economistas (CGE) calculan una productividad real por hora en Cataluña superior a la media nacional en un 5,1%, pero inferior a la de Madrid en un 9,4% y a la media de la UE en un 6,1%. De hecho, solo País Vasco, Madrid y Navarra rebasan la media comunitaria de productividad, uno de los problemas estructurales de la economía española y que complica el crecimiento de la renta per cápita.
Algunos índices agregados permiten conocer una imagen más completa de la situación de Cataluña, ya que incluyen no solo los aspectos económicos, sino también los sociales y los relacionados con la calidad de vida. Por ejemplo, el índice de competitividad regional del CGE, que mide la capacidad de proporcionar un entorno favorable a los actores socioeconómicos, sitúa a Cataluña en cuarto lugar: sus puntos fuertes son el capital humano, la eficiencia empresarial y la innovación, aunque no lidera ninguno de ellos. El peor, quedando entre los últimos lugares del listado de CCAA, es precisamente el entorno institucional por el desequilibrio de sus cuentas públicas y el inestable clima político.
Otro índice agregado, el elaborado por Cotec e Ivie para medir la capacidad de atraer y retener talento, también arroja un cuarto lugar para Cataluña. Destaca por tener una “adecuada correspondencia” entre los puestos de trabajo y el nivel formativo, un problema estructural de España. También tiene “gran capacidad de apertura externa” tanto desde el punto de vista empresarial como en personas y una posición destacada en habilidades digitales de la población y en gasto en actividades innovadoras.
Por el contrario, el índice señala como aspectos a mejorar la capacidad de retener el talento captado. Esta se ve afectada por los índices de criminalidad y el precio de la vivienda, algo que también sucede en Madrid, aunque el precio del alquiler más elevado se registra en Barcelona. Otros aspectos que perjudican el afianzamiento del talento son “un menor gasto público en salud” y un endeudamiento más elevado de sus finanzas públicas.
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Un sector empresarial innovador pese a la fuga de sedes
A pesar del dinamismo empresarial de Cataluña respecto a la media nacional, las grandes empresas han reaccionado al clima político. Según los datos que publica trimestralmente el Colegio de Registradores sobre los traslados confirmados entre comunidades autónomas, Cataluña ha perdido 5.105 sedes sociales entre 2017, año de la declaración unilateral de independencia, y el primer trimestre de 2024. Esta cifra se obtiene al restar las salidas a las entradas.
En 2017, Cataluña tuvo un saldo negativo de -1.988 sedes sociales, mientras que el de Madrid fue positivo, con 1.262, y recibió 1.457 sedes solo de Cataluña. Estas cifras prácticamente se repitieron a lo largo de 2018, lo que confirma que en estos años se vivió un verdadero éxodo de empresas hacia otras regiones del país, también hacia la Comunidad Valenciana y Aragón. Algunas de las más sonadas fueron CaixaBank y Sabadell, que trasladaron sus sedes sociales a Valencia y Alicante, respectivamente. También se mudaron a Madrid empresas como Cellnex y Naturgy, aunque esta última ya fue en 2021. La fuga de sedes no se ha frenado en ningún trimestre, aunque los números son cada vez más reducidos.
En 2021 también se inició la crisis por el cierre de Nissan, muy intensiva en puestos de trabajo (unos 2.800), aunque la situación está parcialmente reconducida por el reciente anuncio de Chery de ensamblar coches eléctricos en la Zona Franca. El último golpe para la gran empresa catalana ha sido la opa planteada por BBVA a Sabadell, aunque el banco dejó de ser puramente catalán en 2017.
En paralelo, hay otros proyectos empresariales importantes en ciernes, como el hub de AstraZeneca, farmacéutica que prevé invertir 1.300 millones de euros en su centro internacional de I+D en Barcelona. Otros están ligados a los fondos del Plan de Recuperación, como la electrificación de la fábrica de Volkswagen-Seat; la nueva línea de ensamblaje de baterías de Seat-Cupra, o el Barcelona Supercomputing Center. No obstante, las inversiones ligadas al plan avanzan lentamente: Cataluña solo ha resuelto un 36% de los fondos convocados a fecha del 31 de marzo de 2024.
El eterno debate fiscal
Más allá de lo macroeconómico y lo empresarial, los debates fiscales siempre han marcado las elecciones catalanas por las propuestas de los partidos independentistas, apoyadas en cierta medida por la élite empresarial. El pasado 5 de marzo, 21 organizaciones empresariales e instituciones denunciaron que “el actual sistema de financiación autonómica frena el progreso económico” de comunidades como Cataluña y pidieron “un nuevo modelo de financiación” federal, un pacto fiscal o “una profunda reforma” del modelo actual.
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Cataluña es la región que más debe al Estado, 74.087 millones en diciembre de 2023 (un 1,3% más que en junio), cifra que supone el 86,2% de la deuda total que tiene la región. Los gobiernos independentistas atribuyen esto a una falta de fondos procedentes de la financiación autonómica del régimen general y a que la región aporta más al fondo común de lo que recibe. Según los cálculos de la AIReF, Cataluña no está especialmente infra-financiada, aunque sí es cierto que el Gobierno central no ejecuta por completo las inversiones a las que se compromete en los Presupuestos Generales del Estado.
Respecto al nivel aportado, a Cataluña le corresponde tener déficit en la balanza fiscal, al igual que Madrid, porque son las dos comunidades más ricas del régimen general. Cuestión aparte es la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica, algo pendiente desde hace diez años y constantemente reclamado por las regiones históricamente peor financiadas: Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha.