La polémica plantación de pistachos de Madrid: Ayuso tramita varias multas y el Gobierno sanciona al Ayuntamiento que le permite regar

Los pistachos están de moda en España. El clima mediterráneo de nuestro país propicia su cultivo. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (de 2023) ya hay 78.495 hectáreas plantadas, diez veces más que hace una década. De todas ellas, 784 hectáreas están en la Comunidad de Madrid. Una de las más importantes se encuentra en un pequeño pueblo madrileño que no llega a los 5.000 vecinos, Valdetorres del Jarama. “Ahora tenemos 50 hectáreas, pero queremos plantar 160 más”, señala a Infobae España Jaime Nicolás-Correa, portavoz de la empresa Sancorganic SLU, que comenzó con las obras para habilitar la plantación en marzo de 2022.

Sancorganic asegura que tiene en su propiedad una finca de 500 hectáreas en el municipio, colindante con la ribera del río Jarama y en las proximidades de la urbanización Los Silillos. Para protegerla, valló gran parte de la propiedad, realizó movimientos de tierras, taló árboles y eliminó buena parte de la vegetación natural de la zona. El problema es que esta plantación se sitúa en un enclave de gran valor ecológico, parte del cual está dentro del espacio protegido Red Natura 2000.

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Si la empresa lo está haciendo bien o mal se debatió esta semana en la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Madrid. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso reconoce que la plantación ya ha generado varios expedientes y que están ante uno de los casos “más complejos” con los que trabajan, ya que para ampliar las hectáreas de cultivo de pistachos, Sancorganic, que se define como una compañía familiar y española, ha pedido “un cambio de uso de forestal a agrícola en varias parcelas que pertenecen a la Red Natura 2000, por lo que el proyecto se ha sometido a una evaluación de impacto ambiental”, explican desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

La Consejería asegura que la empresa ya ha sido multada una primera vez. Fue el 2 de diciembre de 2022, con 3.500 euros, por “el decapado de terreno forestal con eliminación de vegetación herbácea y arbustiva, y corta y poda de vegetación arbórea en la linde de las parcelas con el río Jarama para realizar un cerramiento”, coincidiendo la zona afectada con los límites del paraje que está protegido. Es decir, que cuando empezaron a poner la valla, la empresa ocupó 978 metros cuadrados de Monte de Utilidad Pública, arrasando con su vegetación. “Nuestro topógrafo cometió un error. Lo aceptamos, modificamos la valla y pagamos la sanción”, reconoce Jaime Nicolás-Correa.

El problema es que hay otros cinco expedientes abiertos por la Consejería, que también pueden acabar en sanción económica. “Son expedientes de disciplina ambiental”. Uno de ellos, por ejemplo, por la tala de fresnos. “Teníamos permiso para talar ocho fresnos, pero no para sacar el tocón. Nuestra voluntad es hacerlo bien. Si cometemos algún error, lo asumiremos”, explican desde la compañía. Alejandro Sánchez, diputado de Equo en Más Madrid, señala que, con seis expedientes, está claro que la compañía no lo está haciendo muy bien. “Las sanciones que se están poniendo no son muy disuasorias para evitar estos desmanes. Nosotros estamos a favor de recuperar terrenos agrarios abandonados, pero no si el precio es arrancar árboles o invadir zonas protegidas. Esto no puede formar parte de esa recuperación”.

Las sanciones no empiezan y acaban en la Comunidad de Madrid. La Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, acaba de imponer una sanción de 212.149 euros al Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, gobernado por un partido independiente, porque ha permitido que la empresa pistachera utilice un pozo para regar los cultivos. La multa es por extracción de aguas subterráneas sin autorización y por daño al dominio público hidráulico. Lo que ha hecho la plantación es hacer uso de un pozo que está dentro de la finca, pero cuya concesión la tiene el Consistorio.

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Este diario ha intentado hablar con el alcalde del municipio, sin éxito, para conocer por qué permitió que la empresa usara un pozo municipal sin permiso. “¿Sabía el regidor que estaba incurriendo en una ilegalidad?”, se pregunta Miguel Caselles, portavoz de la asociación Somos Silillos. Muchos vecinos se han organizado para protestar por la plantación y han presentado varias denuncias. “Aquí se han cometido muchas irregularidades. La empresa reconstruyó el pozo y valló cuatro hectáreas de zona verde pública de libre acceso para los ciudadanos. El Ayuntamiento es culpable de permitir todo esto. También se ha vetado el acceso a dos caminos públicos”. El portavoz de Sancorganic aclara que “el agua del pozo se utilizó como riego de mantenimiento. Entendemos que el Ayuntamiento recurrirá la multa y si finalmente es firme nosotros asumiremos el coste”, señala.

Raúl Urquiaga, de la asociación ecologista Jarama Vivo, lamenta que las administraciones estén permitiendo que una plantación privada actúe con total “prepotencia”, talando árboles y matando a muchos animales de sed porque la valla impide que se acerquen a beber al río Jarama. “La Red Natura es un espacio protegido. Aquí no se puede hacer lo que uno quiera. Parte de la finca no tiene concesión para el riego y tiene uso forestal, no agrícola”. Ecologistas en Acción también denuncia un amplio listado de irregularidades: “cierre de caminos; ocupación de Zona Verde Pública, vallados de zonas naturales protegidas, deforestación de bosque y sotobosque del río Jarama, tala de fresnos centenarios, extracción de aguas subterráneas...”

Dentro de la propiedad hay 56 hectáreas de uso forestal, cubiertas por bosques de ribera (sauces, fresnos, chopos), por retamares y pastos. Se trata de terrenos contiguos al río Jarama y parcialmente incluidos o colindantes a la Zona de Especial Conservación de la Cuenca del río Jarama. Sobre estos suelos no puede cultivarse, salvo que la Consejería de Medio Ambiente autorice un cambio de uso, pasando de forestal a agrícola. Lo que precisamente ha pedido la empresa. “Para compensar la pérdida de las 56 hectáreas de bosque y monte en Valdetorres de Jarama, Sancorganic pretende reforestar 124,94 hectáreas en el municipio de Fuentidueña de Tajo, a 80 kilómetros de la zona afectada. Una ocurrencia para disimular el impacto de talar y arrasar con un bosque y un monte de alto valor”, explican desde Ecologistas en Acción.

La empresa señala que su proyecto consiste en plantar 200.000 árboles de pistacho en 500 hectáreas de terreno. “Todo se lleva a cabo de manera ecológica, sin usar pesticidas o herbicidas que pensamos pueden dañar tanto el medio ambiente como la calidad del producto”. Con estas cifras se pueden producir 1.000 toneladas de pistachos al año. En cuanto a la valla, se puso para proteger el cultivo “de animales salvajes como los corzos o los jabalíes. También para delimitar lo que es nuestra propiedad privada y evitar los vandalismos que hemos sufrido hasta la fecha, como robos de material, robos de árboles, cortes de malla, rotura de puertas, pintadas, etc”. Por último, la pistachera asegura que cumplen con toda la legalidad y que generarán unos 40 puestos de trabajo directos, “lo que supone una importante inversión para Valdetorres del Jarama y sus vecinos. Además, nos comprometemos para que haya un paseo público por la ribera del río Jarama, único en Madrid, cuyo coste asumiríamos nosotros”.

Desde Somos Silillos confían en que los organismos competentes de la Comunidad de Madrid “tengan en cuenta a las futuras generaciones a la hora de decidir sobre los espacios naturales del río Jarama que la empresa Sancorganic ha solicitado deforestar para plantar pistachos. Si la Directora General de Biodiversidad y Gestión Forestal visitase este bosque y sotobosque de ribera, que en primavera se convierte en un humedal rebosante de avifauna, comprendería la indignación de tantos vecinos. Diputados del PP, PSOE y Más Madrid, de las Cortes Generales y de la Asamblea han visitado este entorno natural, alertados por las drásticas e irregulares actuaciones de la empresa, comprobando de primera mano cómo se habían cerrado caminos tradicionales, vallado áreas medioambientalmente protegidas y zonas verdes públicas para uso exclusivo de esta compañía”.