El asesinato de Gabriel Cruz ha vuelto al foco mediático casi cuatro años después de que la madre de la víctima apareciese ante los medios. Este jueves, Patricia Ramírez, en su lucha por honrar la memoria de su hijo, asesinado por Ana Julia Quezada en febrero de 2018, denunció la realización de un audiovisual sobre el caso del pescaíto.
En un momento en el que las grandes plataformas de streaming han apostado con todo por el contenido sobre crímenes mediáticos en España -caso Alcasser; ¿Dónde está Marta?, sobre el caso Marta del Castillo; caso Asunta...-el debate sobre si es ético lucrarse de la desgracia humana ha saltado al primer plano.
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El caso del pescaíto tuvo un gran impacto sentimental en la sociedad española a raíz de la cobertura mediática que siguió día a día el avance de las investigaciones. A día de hoy, los familiares aún demuestran que el dolor sigue ahí.
Aquella sentencia demostró que la acusada, que mantenía una relación sentimental con el padre del menor, aprovechó el vínculo en el entorno familiar de la víctima para ganarse la confianza de la víctima. Consciente de su superioridad con respecto al niño por la diferencia de edad y complexión, la mujer acabó con la vida del niño asfixiándolo, explicó el fallo.
La pena máxima en España
La prisión permanente revisable en España es la máxima pena privativa de la libertad recogida en el Código Penal y es aplicada excepcionalmente para los delitos más graves. Se introdujo en la legislación española en 2015 y consiste en una condena de cárcel de duración indefinida, aunque sujeta a revisión.
Esta pena se aplica en casos de extrema gravedad, como homicidios agravados, asesinatos de menores de dieciséis años o de personas especialmente vulnerables, genocidio, terrorismo, o determinados delitos contra la libertad sexual en menores, entre otros.
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El asesinato en España está tipificado con una pena de prisión de diez a quince años. Sin embargo, a la pena hacia Ana Julia Quezada se le aplicó el agravante de “parentesco” por lo ya explicado anteriormente, por lo que pudo permitirse la pena máxima.
La revisión de la pena puede llevarse a cabo tras un período mínimo establecido por la ley, que generalmente es de 25 a 35 años de cumplimiento efectivo de prisión, dependiendo de la naturaleza y circunstancias del delito cometido. Durante este proceso de revisión, un tribunal evalúa diversos factores, incluido el comportamiento del reo, su evolución personal, y la peligrosidad que pueda representar para la sociedad, para decidir si se mantiene la pena, se modifica o se concede la libertad condicional al condenado.
Este castigo se aplicó por primera vez a David Oubel, conocido como el Monstruo de Moraña (Pontevedra), que asesinó a sus dos hijas. Desde entonces hay además más de una quincena de casos bajo esta pena.