Yolanda Díaz arremete contra la opa hostil de BBVA porque “liquidaría a Sabadell en beneficio de fondos de inversión extranjeros”

El presidente de la Generalitat Valenciana, Calos Mazón, rechaza “absolutamente” la operación, ya que “destruye territorio y la competencia”, mientras que la CEOE aboga por “la libertad”

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Edificio 'La Vela', sede social
Edificio 'La Vela', sede social de BBVA en Madrid. (EFE/Javier López)

La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y Economía Social y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha mostrado en contra de la oferta pública de adquisición (OPA) hostil lanzada por BBVA sobre el 100% de Banco Sabadell porque considera que supondría “liquidar al Sabadell en beneficio sólo de los fondos de inversión extranjeros que son propietarios del BBVA”.

Otro de los argumentos que esgrime en contra de la operación es que es “contraria a los intereses de España” y “destruiría mucho empleo, provocaría exclusión financiera y más oligopolio”, ha indicado en sus redes sociales.

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También Carlos Martín, portavoz económico de Sumar en el Congreso de los Diputados, ha manifestado en su cuenta de ‘X’, antes Twitter, que la opa “empeorará el servicio bancario para los clientes” y “aumentará el riesgo para el contribuyente, pues la entidad resultante será demasiado grande para dejarla caer”.

Una opa “sin sentido”

De la misma opinión es el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que se ha mostrado “absolutamente en contra” de la opa hostil y ha apelado a la sociedad valenciana a reaccionar para lograr que no se culmine.

“Es una operación que destruye valor, es una operación que destruye trabajo, es una operación que destruye territorio, es una operación que destruye competencia”, ha indicado Mazón. Considera que va “en contra” de la provincia de Alicante -en cuya capital se halla la sede social de Banco Sabadell-, de la Comunitat Valenciana y del consumidor.

En su opinión, esta opa “no tiene ningún sentido, no aporta absolutamente nada nuevo”. Además de rechazar su contenido, ha reprochado que se haya optado por unas formas “absolutamente soberbias e intolerables”. Espera que la sociedad, tanto alicantina como de la Comunitat Valenciana, “reaccione en consecuencia” y entre todos se consiga que esta operación “no se culmine”.

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Los empresarios abogan por la “libertad”

Más moderada ante la operación se ha mostrado la patronal. Así, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado que las empresas “son libres de actuar” y “de hacer ofertas o no” por lo que “hay que respetar sus decisiones”.

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Ha recordado que tanto BBVA como Banco Sabadell son socios de la CEOE y ha remarcado que esta operación se queda en el “ámbito privado”: “Las empresas son libres de actuar, de participar, de hacer ofertas o no, y están los accionistas”, ha señalado el presidente de la patronal, quien ha remarcado que “hay que respetar las decisiones de ambas partes y de los accionistas”.

Illa: “Ojalá no prospere”

También el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha rechazado la opa hostil de BBVA desenado que “ojalá no prospere”. En una entrevista en TV3, ha explicado que se opone a la operación porque no quiere que en Cataluña se pierda poder de decisión en el sector bancario.

Estoy en contra, no lo veo. No es un mecanismo frecuente y su mismo nombre, hostil, ya indica que no vamos por buen camino”, ha señalado el candidato. También ha mostrado su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo que podría suponer la operación, a la vez que ha advertido de la posible falta de competencia y la “excesiva concentración”.

“El Gobierno de España ya estaba haciendo un análisis, sobre si, sin esta fusión, había suficiente competencia en el sistema financiero español”, ha señalado Illa, que también ha argumentado su rechazo por motivos de “inclusión financiera”.

Según el candidato, de consumarse la opa se llegaría a una situación de “too big to fail”: “Bancos muy grandes, tan grandes, que si un día les pasa algo tendremos que correr todos a ayudarle. No creo que sea el modelo”.

Sin embargo, ha expresado su “respeto” por la decisión que acaben tomando los accionistas, “siempre y cuando se respeten el marco legal, y aquí el Gobierno de España y los organismos pertinentes tendrán que estar vigilantes”.

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