Carpetazo a la última cuenta pendiente de Shakira con la Justicia, al menos con la vía penal. Un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha decretado el archivo y sobreseimiento provisional de la investigación abierta a la artista colombiana por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública.
El archivo de las actuaciones se produce después de que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y la Generalitat de Cataluña lo solicitasen. “Al no mediar acusación, solo cabe dictar auto de sobreseimiento y el archivo de las presentes actuaciones”, indica el auto de la jueza.
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Shakira aceptó el pasado mes de noviembre una multa de 7,8 millones de euros en el juicio por la primera causa abierta contra ella por fraude fiscal. La cantante llegó a un acuerdo con la Fiscalía y la Agencia Tributaria por el que reconoció haber defraudado 15,5 millones de euros entre los ejercicios de 2012 y 2014. Además, evitó su entrada en prisión.
En esta segunda causa, la Fiscalía pidió su archivo al considerar que “no existen indicios suficientes respecto de la comisión de los delitos anteriormente referidos”. En el auto en el que la jueza de Esplugues de Llobregat atiende esta petición, subraya que “en el presente caso, no existe indicio alguno que pueda acreditar que Shakira Isabel M. R. de manera consciente y voluntaria hubiera omitido información y documentación con trascendencia tributaria a su asesor fiscal a los efectos de las declaraciones de IRPF e IP del ejercicio de 2018″.
“Es por ello”, prosigue la jueza, “por lo que se considera que lo más ajustado a derecho, teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 637 y 641.º de la LECrim, es decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones”.
Los hechos que se investigaban apuntaban a que Shakira, “movida presuntamente por el deseo de no tributar por la totalidad de sus rentas y de dejar de ingresar en las Arcas del Estado lo que le correspondía, presentó declaraciones inveraces de IRPF e IP por el ejercicio 2018, omitiendo declarar rendimientos y deduciéndose gastos que no procedían”.
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La acusación contra Shakira
Las diligencias de la Fiscalía sostenían que la artista colombiana cobró parte de los ingresos que percibía por la cesión de sus derechos musicales a través de una sociedad constituida en Luxemburgo con la que firmó varios “contratos simulados”, de forma que se benefició de una tributación “muy reducida” que en el ejercicio de 2018 se situó en el 1,39%. También refiere la querella que Shakira utilizó otra sociedad instrumental, constituida en España en 2017, para “contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes” a su gira.
En concreto, el Ministerio Público mencionaba otras 17 sociedades “instrumentales” con sede en Holanda, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Miami, Nueva York o Liechtenstein que la cantante utilizó supuestamente para gestionar los ingresos procedentes de su carrera musical así como el mantenimiento de su patrimonio inmobiliario y financiero.
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