El alcalde del PP que se empadronó él, a sus hijos y a varios amigos en una casa que dice que no es suya para obtener la mayoría absoluta

Navalagamella. Localidad madrileña de 2.983 habitantes situada en el oeste de la región. En mayo de 2023, en las elecciones municipales, el PP ganaba con mayoría absoluta. Andrés Samperio Montejano revalidaba la alcaldía. Obtenía 587 votos, lo que se traducía en seis concejales por cinco que logró toda la oposición: tres el partido local de La Alternativa, uno Navavecinal (la coalición de IU y Podemos) y otro para Vox. Según el método D’Hondt, el sistema que se utiliza en España para repartir los ediles entre las candidaturas de forma proporcional al número de papeletas conseguidas, Samperio se hizo con la absoluta gracias a seis votos.

Si hubiera obtenido seis votos menos, 581, el PP se hubiera quedado en cinco concejales y hubiera entrado en el Pleno un nuevo partido, el PSOE, que logró 97 apoyos y se quedó sin representación (Vox con 98 votos sí logró un concejal). Los socialistas preparan una denuncia ante los tribunales porque aseguran que el resultado cosechado en los pasados comicios fue fruto de una manipulación del censo de una manera burda y cutre. “Han engañado a la democracia y a los vecinos y a mí me han robado un escaño”, señala el portavoz socialista Javier Remedio.

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Seis votos. Es la cifra clave. Pero para entender esta historia hay que remontarse a muchos años antes, a las elecciones municipales de mayo de 2019. La Oficina del Censo Electoral había detectado en junio de 2019, un mes después de los comicios, un “número de altas en el censo correspondiente al mes de enero superior a la que cabría esperar de la evolución del censo en los meses anteriores”, por lo que abrió una investigación de oficio requiriendo ciertas comprobaciones al Ayuntamiento, por entonces dirigido ya por Samperio, que había ganado las elecciones de mayo en minoría, pero gobernaba apoyado por un partido local.

La Oficina del Censo Electoral requirió información a Navalagamella en junio, el típico “procedimiento de actuación ante denuncias de posibles empadronamientos irregulares”. Dio 15 días al Consistorio para contestar, pero no lo hizo. Así que en un segundo requerimiento exigió “un informe explicativo de las causas del incremento experimentado en el número de personas inscritas en el padrón municipal, cuya relación se adjunta”. Había que comprobar si 21 vecinos residían o no en el municipio.

Entre esas 21 personas había seis que vivían en la misma casa, en la calle San Valentín. Al Ayuntamiento no le quedó más remedio que hacer las verificaciones oportunas. Esas seis personas eran el propio alcalde, sus dos hijos, un arquitecto, un encargado de albañilería y una mujer. Cuando los agentes de la Policía Local se presentaron en esa dirección solo pudieron especificar que “se ha comprobado que no reside en el domicilio indicado”. En los seis casos. Es decir, que el alcalde y las otras cinco personas se habían empadronado en ese domicilio en enero de 2019, pero en teoría no vivían allí.

Con la legislación en la mano, no es legal vivir en un sitio y estar empadronado en otro distinto. Si no realizas el trámite de este cambio de padrón, puedes enfrentarte a sanciones económicas o incluso ir a prisión. El Real Decreto 1690/1986 considera sanciones por falsedad u omisión de datos en el padrón, multas que oscilan entre los 3 y 150 euros en función del municipio. Si la persona sancionada por este delito tiene antecedentes o ha empleado esta mala práctica con fines lucrativos, podrá ser imputada con penas de cárcel de entre seis meses y tres años, según el artículo 392 del Código Penal.

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Además, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que “toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente”. Y, lo más importante, que “los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones de modo que los datos contenidos en estos concuerden con la realidad”. Lo más llamativo de todo es que el informe municipal que desvelaba que el alcalde no residía en el municipio de la calle San Valentín estaba firmado por el propio regidor.

Tanto el portavoz socialista, Javier Remedio, como el portavoz de Vox, Rafael Luque, coinciden en señalar que todo el mundo sabe que el alcalde vive en El Escorial. “Lo que ha hecho es un fraude”. El problema es que los partidos de la oposición no lo han descubierto hasta pasadas las elecciones de 2023. En una respuesta del propio Ayuntamiento firmada en 2024, el Consistorio asegura que nunca recibieron contestación de la Oficina del Censo Electoral tras las comprobaciones hechas, por lo que decidieron tramitar 21 bajas del censo municipal. “Si bien es cierto que varias de estas personas, con posterioridad, volvieron a darse de alta”. Según las verificaciones hechas por este diario, cinco de las seis personas censadas en 2019 en el domicilio de la calle San Valentín seguían censadas para las elecciones de mayo de 2023, a las que se añadió un sexto nuevo inquilino. Hay que recordar que el PP obtuvo la mayoría absoluta gracias a seis votos.

“Creemos que el alcalde podría haber utilizado su control del padrón para permitir empadronamientos irregulares de personas vinculadas a él, siendo plenamente consciente de ello, permitiendo que esta situación perdurase en varios procesos electorales consecutivos: los comicios locales de 2019, las locales de 2023 y las nacionales de julio de 2023. El Ayuntamiento ha reconocido la improcedencia de dichas altas, pero no habría realizado las correcciones oportunas, por lo que las personas que se encontraban en situación irregular habrían votado en nuestra localidad. En mi opinión, no solo se habría vulnerado la ley y se habrían incumplido los deberes de actuación de los responsables de subsanar la situación, sino que además se habría hecho deliberada y conscientemente, con reincidencia y persistencia en el tiempo. El que hiciese algo así nos estaría robando nuestra libertad de elección y se deslegitimaría a sí mismo para ostentar responsabilidades en una democracia consolidada”, explica Rafael Luque, concejal de Vox.

El alcalde Samperio asegura que el que tenga algún indicio de delito “que se vaya al juzgado”, lo que precisamente está preparando el PSOE. “No he cometido ninguna ilegalidad”. El regidor asegura que puede estar empadronado donde quiera y que reside en Navalagamella, aunque admite que la vivienda donde está censado no es de su propiedad. Ante la anómala situación de que en esa casa también estén censadas otras personas que no son de su familia, señala con contundencia “que no tiene por qué saber que otras personas están empadronadas donde reside. Todo esto es absurdo. Hay quejas de la oposición porque no soportan que haya obtenido mayoría absoluta”, sentencia.