Bruselas advierte de que España aún tiene más ninis que la UE: la mayoría quieren trabajar, pero no encuentran empleo

La Comisión Europea ha publicado un informe especial para siete países a los que les detecta falta de convergencia social con la media de la unión, es decir, debilidades en los indicadores relacionados con el empleo, los ingresos per cápita, la educación y la pobreza. España es uno de los estados analizados, junto con Bulgaria, Estonia, Hungría, Italia, Lituania y Rumanía, y varias de las principales debilidades giran en torno al mercado laboral. Las tasas de paro y de empleo continúan registrando peores cifras a pesar de las reformas legislativas de los últimos años y del auge en la creación de empleo tras la pandemia, que ha sido mayor en España que en la media de la UE y de la eurozona.

El documento de trabajo de los técnicos de Bruselas advierte de que España tuvo en 2023 un porcentaje de jóvenes ninis (personas entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan) más elevado que la media de la UE, del 12,3% frente al 11,2%. La Comisión resalta que la ratio ha descendido mucho en los últimos años (llegó al 22,5% en 2013), por lo que no supone un riesgo por sí misma. El problema reside más en lo cualitativo, en los motivos que llevan a las personas a no tener actividad laboral ni formativa.

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Los jóvenes ninis lo son más por desempleo (6,8%) que por inactividad (5,5%), al contrario de lo que sucede en la UE, con el 4,3% y el 7%, respectivamente. En el mismo sentido, los ninis de España a los que les gustaría trabajar (busquen o no empleo) son el 8,9% del total, más que en la media comunitaria (7%); y los ninis que no quieren trabajar son menos, el 3,4% en España frente al 4,2% en la UE. Estos datos revelan los problemas estructurales del mercado laboral español, en el que la oferta y la demanda de empleo siguen teniendo problemas para emparejarse y provocan las tasas de paro más elevadas de la UE (especialmente entre los jóvenes) y tasas de empleo inferiores a la media de los 27.

La tasa de empleo de las personas con baja cualificación es mayor en España (60,7%) que en la UE (58,3%) y se ha elevado coincidiendo con las subidas del SMI, según resalta el documento. Sin embargo, la tasa de empleo de las personas con cualificación media y formación profesional es inferior (66,2% frente al 74,6%). “Esto contrasta con la necesidad que tienen las empresas de trabajadores con cualificaciones de FP, como pone de manifiesto el Banco de España, lo que sugiere desajustes en las cualificaciones de este grupo”.

El informe ahonda en la hipótesis: la tasa de vacantes es inferior a la media de la UE, pero junto con las elevadas tasas de desempleo “sugiere la existencia de problemas de adecuación de la mano de obra”. Según la Comisión, esto puede llegar a “plantear cuellos de botella al crecimiento y a las transiciones verde y digital si no se aborda adecuadamente”. El documento afirma que la “inadecuación” de las cualificaciones ha aumentado entre la población más joven, pero también reconoce que España tiene una de las tasas de sobrecualificación más altas de la UE (35,8% frente al 22%), por lo que no se trataría tanto de un problema de nivel educativo sino de los usos prácticos en las empresas de la formación que se recibe.

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Más allá de señalar estas deficiencias, Bruselas ensalza la reforma laboral de 2021 en lo relativo a la reducción de la temporalidad y la ley para modernizar las políticas activas de empleo. Ambas medidas pactadas en el Plan de Recuperación, aunque considera que los servicios públicos de empleo siguen teniendo tasas excesivamente bajas de colocación.

A estos desajustes entre los estudios y lo que demanda el mercado laboral se suma a una “elevada tasa de abandono prematuro de la educación”, del 13,9% en España frente al 9,6% de la UE, lo que complica aún más las transiciones de los jóvenes de los estudios al empleo y aumenta el riesgo de caer en la pobreza. Esta es precisamente la otra gran asignatura pendiente de España que señala el informe, ya que es uno de los países con la tasa de pobreza o riesgo de exclusión social infantil más alta de la UE, el 34,5%, que se corresponde con 2,8 millones de niños.

Según la Comisión, esta elevada cifra está relacionada tanto con la mala situación laboral de sus padres como con la “limitada efectividad” del sistema de impuestos y prestaciones para mitigar el problema. Las ayudas a los niños son de las más bajas de la UE y además están mal diseñadas. Esto también perjudica a corto plazo en los resultados educativos de los niños y a largo plazo en sus perspectivas de empleo “reforzando la transmisión intergeneracional de la pobreza”.

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El coste económico de las desventajas socioeconómicas para los niños (a través del impacto negativo a largo plazo sobre el empleo, los ingresos y la salud) se estima en un 4,1% del PIB para España, según recuerda el documento. Por todo ello, Bruselas considera que “aún son necesarios esfuerzos considerables para alcanzar el objetivo nacional de reducción de la pobreza en 2030″ y para que España alcance las tasas de empleo y de desempleo europeas.