Estos son los pasos que debes seguir para saldar tus deudas con la Administración pública, según el Banco de España

Hacer frente a las deudas que se tienen con la administración pública es un proceso que suele suscitar dudas e incertidumbre. Por ello el Banco de España ha explicado cual es la manera en la que tiene que hacerse.

Los ciudadanos que necesiten realizar pagos o devoluciones a diversas administraciones públicas con cuentas en el Banco de España, como por ejemplo la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo (SEPE), pueden efectuar estas operaciones sin la necesidad de acudir en persona a las oficinas de la entidad.

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Según las directrices facilitadas por el banco español, las transacciones, incluyendo la devolución de cantidades percibidas de manera indebida, pueden llevarse a cabo mediante transferencia bancaria, una opción que simplifica y agiliza considerablemente estos procesos.

Para efectuar con éxito estos pagos, es necesario que los ciudadanos incluyan en el concepto de la transferencia la referencia detallada en la notificación o documento recibido del ente correspondiente. Esta medida garantiza que el pago o devolución sea correctamente identificado y procesado por la administración en cuestión.

Además, se recomienda conservar el comprobante de la operación como respaldo documental del pago realizado. En el caso específico de devoluciones al SEPE, es importante mencionar que existen canales de información disponibles online para resolver dudas y consultar sobre procedimientos relacionados con cobros indebidos.

Además, hay que saber que si surgieran incertidumbres respecto a montos, aplazamientos, o cualquier otra duda relacionada con los pagos, lo más aconsejable es contactar directamente con la entidad gubernamental correspondiente. Esto se debe a que el Banco de España no dispone de información detallada sobre expedientes individuales de pagos o devoluciones. Esta directriz subraya la importancia del contacto directo con las entidades administrativas para obtener información precisa y circunstanciada sobre las operaciones a realizar.

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Desde su implementación en España en 2015, la Ley de Segunda Oportunidad ha presentado una vía legal para que individuos y autónomos en situación de insolvencia puedan renegociar o incluso obtener la exención de sus deudas. Esta normativa busca facilitar un nuevo comienzo financiero a aquellos que han enfrentado dificultades económicas severas. A través de esta ley, los beneficiarios pueden incluso lograr la cancelación de embargos y la eliminación de su nombre de las listas de morosos, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos establecidos.

La Ley de Segunda Oportunidad está diseñada para ofrecer alivio a quienes demuestren ser deudores de buena fe, sin antecedentes de delitos económicos en los últimos diez años y que no excedan los cinco millones de euros en deudas. Además, los solicitantes deben demostrar que han actuado sin ocultar bienes ni ingresos. Este marco legal no solo abarca deudas hipotecarias y de tarjetas de crédito, sino también obligaciones fiscales y préstamos personales, siempre que se cumplan las condiciones específicas y se mantenga la situación de insolvencia durante los cinco años posteriores a la resolución judicial.

El propio texto establece que su principal misión es “conseguir que una persona física, a pesar de un fracaso económico, empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse con nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”.

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Los usuarios tienen la opción de recurrir a esta ley para la condonación de deudas hipotecarias, morosidades asociadas a garantías por actividades económicas y obligaciones vinculadas al uso de tarjetas de crédito. También se contempla la condonación de deudas con entidades gubernamentales, como Hacienda y la Agencia Tributaria, además de incluir los préstamos personales. Las deudas eliminadas bajo esta ley se extinguen de manera permanente, siempre y cuando no se alteren las condiciones financieras del deudor en un lapso de cinco años tras la decisión judicial.