El Tribunal Supremo anuló este martes el nombramiento de la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática por parte del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
No es la primera vez que el Alto Tribunal tumba una designación de la ex jefa del ministerio Público y ministra de Justicia entre 2018 y 2020 mediante un decreto del fiscal feneral del Estado, quien también la nombró fiscal de Sala, el máximo escalón de la Carrera, y también rechazado.
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El Supremo ha solicitado además al Consejo Fiscal que estudie si el nombramiento concurre una causa de incompatibilidad por la actividad de su marido, el exjuez Baltasar Garzón, también especializado en Derechos Humanos y promotor de la Ley de Memoria Democrática, así como la consecuente creación de una fiscalía de sala competente en la materia.
La decisión no viene motivada por falta de cualificación, ya que cuenta con una dilatada y meritoria carrera, sino por “desviación de poder”. Si nos atenemos a los estudios de Delgado, la exfiscal es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1980-1985) y Master en derecho Comunitario por la Universidad Complutense de Madrid (1985-1986).
Según difunde la biografía del ministerio Fiscal, pertenece a la Carrera Fiscal desde el año 1989 y ha recibido el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por su trayectoria y méritos en las ciencias jurídicas.
Especializada en la lucha antidroga y crímenes contra la humanidad
Inició su trayectoria en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, adscrita a los Juzgados del Prat de Llobregat. Delgado ha sido pionera en áreas críticas como menores, medio ambiente y especialmente en la lucha antidroga, siendo designada en 1993 a la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional.
Su labor se ha extendido a casos de relevancia internacional, entre los que destacaron los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura militar en Argentina y las investigaciones de crímenes durante la primavera árabe en Libia, en colaboración con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en 2011.
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Además, ha desempeñado un papel crucial en la coordinación contra el terrorismo yihadista desde 2007, formando parte del “Cuatripartito”, un grupo de fiscales antiterroristas de Marruecos, Francia, Bélgica y España.
En 2018, tomó posesión de la cartera de Justicia de España, responsabilidad que desempeñó hasta su cese el pasado 13 de enero de 2020. Apenas un mes más tarde, Delgado tomó posesión ante Su Majestad el Rey Felipe VI como fiscal general del Estado.
Posteriormente, fue nombrada fiscal de la Sala del Tribunal Supremo y fiscal Delegada para la garantía y defensa de los derechos humanos; hasta alcanzar el puesto de fiscal de ese mismo organismo en 2023.
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