El Poder Judicial gastó 6,4 millones en viajes y hoteles en tres años y presupuesta otros 2,9 para los próximos doce meses

Aunque el Consejo General del Poder Judicial (el órgano de gobierno de los jueces) lleva cinco años y cinco meses con su mandato caducado, esta anomalía constitucional no ha impedido que el presidente y sus vocales hayan seguido con sus funciones y gastando parte del presupuesto de la institución en viajes y alojamientos. De hecho, la Unidad de Gestión Presupuestaria y Contabilidad del CGPJ ha facturado 6.422.658 euros en desplazamientos en solo tres años, 2018, 2019 y 2022 (en los ejercicios 2020 y 2021 hubo un descenso significativo en la actividad del Consejo debido a la pandemia del coronavirus).

Estos datos aparecen en la memoria justificativa del contrato que acaba de adjudicar el Consejo para renovar su agencia de viajes. Hasta ahora El Corte Inglés ofrecía estos servicios, pero desde el 30 de abril se encargará la empresa Nautalia. El Consejo ha estimado que debe pagar un 40% más por los viajes que haga su personal “debido al incremento de los precios del sector hotelero en los últimos cinco años”, por lo que ha presupuestado un montante de 2.997.240,40 euros para el próximo año. El contrato licitado entrará en vigor el 28 de mayo de 2024 y estará operativo hasta el 27 de mayo de 2025, con la posibilidad de prorrogarlo otro año más.

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“El Consejo viene utilizando desde hace muchos años los servicios de una agencia de viajes para la gestión de los desplazamientos y las estancias del personal (propio o no) que viaja a su cargo en viajes interurbanos, nacionales e internacionales”, explican desde el CGPJ. Curiosamente, el órgano de los jueces intentó adjudicar un nuevo contrato a finales del año pasado, pero el 4 de diciembre de 2023 (justo cuando se cumplían cinco años sin la renovación de sus miembros), acordó declararlo desierto al no haberse presentado licitadores. Tuvo que volver a tramitar todo el proceso y ahora ha resultado ganadora Nautalia.

“El objeto del contrato es la gestión de la reserva, la emisión, la modificación, la anulación y la entrega de billetes de transporte aéreo, terrestre y marítimo, los bonos de alojamiento y cualquier otro servicio propio de una agencia de viajes y recogido en la normativa reguladora del ejercicio de las actividades propias de las mismas y que conste en la tarifa oficial de servicios y precios de la empresa adjudicataria, incluido el alquiler de vehículos”, reza el pliego de condiciones.

En resumen, Nautalia reservará, emitirá y entregará los billetes que se soliciten para los viajes nacionales o internacionales a cargo del Consejo, ya sea en avión, tren, barco o autobús, y gestionará los cambios y anulaciones que sean precisos. También deberá informar al personal sobre las reservas: horarios, rutas idóneas y disponibilidad de plazas, así como sobre requisitos sanitarios si se viaja al extranjero. “Será igualmente obligación de la contratista la realización de las gestiones oportunas para la obtención de visados”, señala el pliego. No están incluidos en el contrato la gestión de los viajes en taxi o los billetes de transporte urbano (metro y autobús), aunque sí podrán solicitarse a la agencia, si el CGPJ lo considera conveniente, los billetes en otros tipos de medios de transporte como helicóptero o ferry. La agencia también gestionará el alquiler de vehículos.

Los precios de las habitaciones de los hoteles contratados “no podrán superar el importe fijado por la normativa específica del Consejo en materia de indemnizaciones por razón del servicio”, que en la actualidad es de 170 euros (IVA incluido). Los hoteles deberán contar con al menos tres estrellas. ¿Quién podrá hacer uso de este servicio?: Los altos cargos del Consejo (actualmente hay una quincena, uno de ellos haciendo la función de presidente sustituto), personal en plantilla y “cualquier otra persona que viaje en el territorio nacional y fuera del mismo por cuenta del Consejo”. Por ejemplo, jueces y magistrados que acuden a Madrid y Barcelona a los cursos y actividades organizadas por la Escuela Judicial del Consejo, y a San Sebastián a las actividades propias del Centro de Documentación Judicial. El Consejo reclama que “para una mejor prestación de los servicios objeto de este contrato”, la agencia de viajes deberá instalar una oficina en la sede del CGPJ, situada en la calle Trafalgar de Madrid. “Para ello, el Consejo facilitará el local necesario que permita” realizar el trabajo.

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El presidente del Consejo tiene una retribución anual de 151.186,20 euros brutos. Los vocales, por su parte, perciben 130.390 euros. Actualmente, el presidente en funciones es un vocal, por lo que tiene este último sueldo. El secretario general gana 127.384,60 euros anuales. Además de los gastos de desplazamiento, los altos cargos tienen dietas de manutención cada vez que realizan un viaje oficial, que están tasadas en 53,34 euros por día completo. Según los últimos datos de 2023, el Consejo solo gastó 206.000 euros en los viajes de los altos cargos.