Candelaria Testa va a cumplir un año al frente del Ayuntamiento de Alcorcón y reconoce que uno de los problemas más graves de los ciudadanos del municipio es el de la vivienda. Con los precios del alquiler batiendo récords, Testa apuesta por los pisos de alquiler asequible y presiona a la Comunidad de Madrid para que declare su municipio zona tensionada con el objetivo de frenar la subida de los arrendamientos. Insta a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a que deje de lado las cuestiones ideológicas y políticas y tome medidas que beneficien a los ciudadanos en vez de favorecer a los fondos de inversión y a los grandes propietarios de viviendas.
Pregunta: Cuando está a punto de cumplir un año como alcaldesa de Alcorcón, ¿el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas que afrontan los habitantes de su municipio?
Respuesta: La vivienda es un problema, indudablemente. En Alcorcón necesitamos vivienda pública, una gran promoción que debe llevarse a cabo con el apoyo de las tres administraciones, la estatal, la regional y la municipal. Junto a este problema hay otras cuestiones que nos preocupan y nos ocupan, por ello, nuestra acción de gobierno está marcada por un triple eje que abarca factores sociales, económicos y medioambientales y para dar soluciones en estos campos y ponerlas en marcha nuestro equipo de gobierno cuenta con la ciudadanía, porque es algo que nos implica a todos.
Usted ha abanderado la lucha para que la Comunidad de Madrid solicite la declaración de zonas tensionadas del precio del alquiler en distintos municipios de la región, como Alcorcón, Getafe o Fuenlabrada, a lo que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se ha negado. ¿A qué cree que se debe esta negativa, cuando, en principio, es una medida que beneficiaría a los ciudadanos que viven en régimen de alquiler?
Creo que es un tema de modelos y de visión del mundo. Desde los gobiernos de progreso vemos la vivienda como un bien social. De hecho, el Gobierno de España ve necesario establecer como quinto pilar del Estado del Bienestar la vivienda, para lo que va a construir más de 100.000 viviendas públicas en todo el país. Nosotros reivindicamos que eso también pase en la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias en materia de vivienda y de ordenación del territorio. Pero en vez de comprometerse a ello, nos encontramos a una Comunidad que durante 30 años ha visto la vivienda como un bien de mercado, como un bien con el que se puede especular. Debido a ello, en la región de Madrid es prácticamente imposible acceder a una vivienda que sea asequible. Nosotros desde el Ayuntamiento dirigimos muchos recursos para que los ciudadanos puedan acceder a una hipoteca o a un alquiler, a lo que también ayuda la nueva Ley de Vivienda, que ofrece mecanismos a las comunidades autónomas para intervenir en el mercado del alquiler y frenar la subida de las rentas, aunque algunas se nieguen a aplicarla.
“Con el Plan Vive no hablamos de beneficiarios sino de afectados: los pisos no tienen la calidad que se esperaba, los suelos no están nivelados y se están levantando y los electrodomésticos no caben en las cocinas”
P.: La decisión de Isabel Díaz Ayuso de hacer caso omiso a su petición contrasta con la que ha tomado la Generalitat de Cataluña de ampliar a 271 el número de municipios declarados como zonas tensionadas. ¿A qué se debe esta diferencia?
R.: El mercado de la vivienda necesita la intervención pública y lo que está pasando en Barcelona capital y en los municipios de su área metropolitana es lo mismo que pasa en Madrid. Pero la Generalitat ha declarado 271 municipios como zonas tensionadas para frenar el precio del alquiler y Madrid no. Es decir, los problemas de Sant Boi de Llobregat o de Viladecans son los mismos que los de Alcorcón o Leganés por la cercanía que tenemos a las grandes capitales. A partir de ahí, si tenemos un mecanismo, el artículo 18 de la Ley de Vivienda, que nos permite controlar los precios del alquiler, dar incentivos fiscales a los pequeños propietarios para que haya más vivienda en renta y controlar a los fondos de inversión y a los grandes tenedores hay que utilizarlo de la misma manera que se está haciendo en la provincia de Barcelona y que va a beneficiar al 80% de su población. En la provincia de Madrid existe el mismo problema, pero los responsables de la Comunidad en vez de tratar de solucionarlo ponen un tapón por una cuestión profundamente ideológica.
P. ¿Les han dado algún argumento que explique por qué Díaz Ayuso no solicita la declaración de zonas tensionadas en la Comunidad de Madrid?
R.: Me gustaría tener esas explicaciones por escrito, pero no se han producido. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Alcorcón, abrimos un expediente administrativo donde formalmente, en base al artículo 29 de la Constitución de Derecho de Petición y la Ley Orgánica que lo desarrolla, pedimos a la Comunidad de Madrid introducir en su plan normativo 2024 la declaración de Alcorcón como zona de mercado residencial tensionado. La Ley Orgánica establece que en tres meses te tienen que contestar y aquí opera el silencio administrativo negativo y no nos han dicho nada. Me encantaría tener esa explicación. No sólo por deferencia, por respeto institucional o por lealtad institucional, sino por leer negro sobre blanco las razones que llevan a la Comunidad de Madrid a no aceptar algo que es beneficioso para todos los vecinos y vecinas, no sólo de mi municipio, sino del resto de la comunidad.
P.: Usted anunció que si la Comunidad de Madrid rechazaba la solicitud de declaración de zonas tensionadas llevarían a cabo una iniciativa legislativa en la Asamblea para plantear la petición con el apoyo de otros alcaldes como los de Getafe o Fuenlabrada, entre otros. ¿Cómo se está desarrollando este proceso?
R.: He enviado una carta a los 178 municipios de la Comunidad de Madrid para que se adhieran a este procedimiento que yo creo que es de justicia para los madrileños y madrileñas. Aquí no hay cuestiones políticas, aquí hay necesidades de los vecinos y vecinas, y además existe una ley que es operativa, que tiene las condiciones claras, que las cumplimos y que genera unos beneficios para los ciudadanos. Y eso es lo que estoy reclamando. Esas cartas están mandadas y, a partir de ahí, según la respuesta de los alcaldes y alcaldesas, daremos el siguiente paso que será ir a la mesa de la Asamblea de Madrid.
P.: ¿Qué respuestas han recibido por parte de los alcaldes de los ayuntamientos madrileños?
P.: Hay alcaldes y alcaldesas que están profundamente comprometidos con este tema y vamos a ser bastante más de tres los municipios que apoyemos la iniciativa.
P.: ¿Algún Ayuntamiento gobernado por el PP se ha adherido a su propuestas?
R.: No, del Partido Popular ninguno. De momento no tengo ninguna respuesta por escrito de ellos. Alguno de estos alcaldes me ha dicho personalmente que no van a participar. Pero bueno, yo les he escrito y espero tener una contestación formal por su parte.
“La decisión de Díaz Ayuso de no solicitar la declaración de zonas de mercado de alquiler tensionado perjudica a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid que viven en régimen de alquiler”
Como en Fuenteovejuna
P.: ¿Para solucionar el problema de la vivienda en España es necesario un pacto de Estado apoyado por todos los partidos políticos y por todas las administraciones?
R.: Sí. Como en los grandes pilares del Estado, es decir, la sanidad, la educación, la dependencia o las pensiones, la vivienda también necesitaría la colaboración de las tres administraciones, la central, la regional y la municipal. Siempre digo que necesitamos darnos las manos las tres administraciones para abordar este problema de una manera decidida. La competencia de vivienda la tienen las comunidades autónomas en exclusiva, en nuestro caso la de Madrid, pero, a partir de ahí, desde los ayuntamientos podemos hacer mucho. Es decir, nosotros somos el territorio y tenemos parcelas y suelo que podemos poner a disposición para promover vivienda. Por su parte, el Estado está facilitando fondos para impulsar no solo la construcción de nuevas viviendas, sino también la rehabilitación del parque que ya existe. Ahora espero que la Comunidad de Madrid también extienda su mano en algún momento para facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos.
Al final esto no va de enfrentarse a las leyes. Si hay una ley estatal buena, como la de vivienda, y Díaz Ayuso o el presidente o presidenta de la comunidad que sea no la quiere aplicar solo por ideología está perjudicando a los vecinos de su territorio. Tenemos que juntarnos todas las administraciones públicas para hacer lo que dice la Constitución española: promover una vivienda accesible para los ciudadanos. Creo que tiene que haber también una cuestión social, que sean los vecinos y vecinas, independientemente de lo que voten, los que reclamen a la Comunidad de Madrid que si el Estado ofrece algo positivo tiene que aceptarlo para que los ciudadanos puedan beneficiarse de ello.
“Tenemos que juntarnos todas las administraciones públicas, todos los poderes públicos para hacer lo que dice la Constitución: promover que la vivienda sea accesible para todos”
P.: ¿Qué iniciativas está llevando a cabo el Ayuntamiento de Alcorcón en materia de vivienda?
R.: Independientemente de reclamar a la Comunidad de Madrid que declare Alcorcón como mercado residencial tensionado, estamos trabajando en tres medidas. Una de ellas es la rehabilitación de viviendas. Ya hemos rehabilitado, a través de una inversión de 1,8 millones de euros, viviendas en el entorno de San José de Valderas. Ahora le añadimos 6 millones de euros más, gracias a los fondos Next Generation. A partir de ahí vamos a construir en este mandato 1.123 viviendas de protección que van a estar en el entorno de Retamar de la Huerta y tenemos el compromiso del Gobierno de España, que a través del SEPES, va a ayudarnos a urbanizar para ponerlas a disposición lo antes posible. También vamos a acogernos a disposiciones que tiene la Ley de Vivienda para coger parcelas dotacionales para hacer alojamiento temporal y rotacional. No solo van destinadas a jóvenes, sino también a mayores, a residencias de estudiantes y a personas que tienen dificultades de acceso y vulnerabilidad. También incluye a familias numerosas, divorciados y separados. En resumen, están dirigidas a atender a un gran sector de la población que necesita acceder a una vivienda y tiene dificultades para hacerlo.
Plan Vive: alquiler asequible a “precio de mercado”
P.: El precio del alquiler está alcanzando mes a mes máximos históricos en España. ¿Estas cifras récord también se han alcanzado en Alcorcón?
R.: Por desgracia, sí. Somos el cuarto municipio de la Comunidad de Madrid con el precio del alquiler más alto y para evitarlo estamos trabajando desde el Ayuntamiento. Pero claro, mientras nosotros estamos poniendo en marcha todas las medidas que te he comentado y reclamando a la Comunidad de Madrid que acceda a los mecanismos que nos da la Ley de Vivienda, los responsables de la comunidad con su único programa de vivienda, el Plan Vive, lo que están haciendo es calentar más todavía el mercado del alquiler. Alcorcón es el primer municipio de la Comunidad de Madrid en que el Plan Vive ya ha entregado viviendas. En concreto, dos promociones en parcelas en un barrio que nosotros hicimos en el Ensanche Sur, donde desarrollamos 6.000 viviendas y 1.000 tenía que hacerlas la Comunidad de Madrid. Hicimos una cesión de ocho parcelas para que el gobierno de Esperanza Aguirre las desarrollara de la misma manera que nosotros estábamos desarrollando las nuestras. Las nuestras se empezaron a entregar en 2009 y ya tenemos a muchísimas familias viviendo allí. Ahora, en esas mismas parcelas, se está haciendo el Plan Vive. Este plan lo que hace es quemar la parcela y en lugar de hacer vivienda social, lo que han hecho es una vivienda que ellos llaman de alquiler asequible y que supuestamente el precio de las rentas es un 40% más bajo que el de mercado. Pero no es así, el precio es muy parecido al de mercado libre y un piso de tres habitaciones alcanza los 1.100 euros. Eso no puede ser porque lo que hacen con ese precio es calentar el mercado. Para que el precio del alquiler baje lo que tenemos que hacer es pinchar la burbuja que existe, lo que no se consigue con el Plan Vive porque está mal configurado.
“Me gustaría leer en negro sobre blanco las razones que han llevado a la Comunidad de Madrid a no aceptar algo que beneficia a los vecinos y vecinas de toda la región”
P.: Los vecinos que han accedido a las primeras promociones del Plan Vive han protestado porque consideran que los pisos están mal acabados y que las condiciones que les ha impuesto la Comunidad de Madrid son abusivas. ¿Cómo valora este hecho?
R.: A estas viviendas la Comunidad de Madrid les está añadiendo cargas que no deberían tener, como unos gastos de comunidad muy altos, 150 euros, con la excusa de que tienen un espacio de coworking, una piscina y un gimnasio que me gustaría que lo vieseis. La piscina es pequeña, el espacio del coworking es ínfimo, el gimnasio no es tal. También les están repercutiendo el IBI cuando existen sentencias del Tribunal Supremo que crean doctrina y que señalan que eso no se puede hacer. También la Ley de Haciendas Locales dice que cuando hay una protección no se puede repercutir ese IBI, con lo cual las condiciones que se le están imponiendo a inquilinos son abusivas. Además, muchos ciudadanos se han quedado fuera del Plan Vive cuando podrían optar a esas viviendas. En definitiva en el Plan Vive todo se ha hecho mal, desde el inicio hasta el final.
P.: ¿El Plan Vive puede paliar, en alguna medida, el problema del alto precio del alquiler que sufren los vecinos de Alcorcón?
R.: Estoy convencida de que no. Además ya no estamos hablando de beneficiarios sino de afectados y afectadas por el Plan Vive. Las casas no tienen la calidad que se esperaba, los suelos no están nivelados y se están levantando, los electrodomésticos no caben en las cocinas. A todo ello se suman problemas que la Comunidad debería solucionar de manera inmediata.