Yolanda Díaz da marcha atrás en el recorte del subsidio de desempleo para ganar el apoyo de Podemos

Las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para acordar la reforma de las prestaciones por desempleo avanzan. De la reunión mantenida este lunes por la tarde se han desprendido algunas modificaciones importantes respecto al Real Decreto-ley 7/2023 aprobado en diciembre, pero derogado en enero ante la falta de apoyo parlamentario. La más relevante en cuanto a la consecución de los votos necesarios en el Congreso es que la cartera de Díaz cede al planteamiento de Podemos y de los sindicatos y mantendrá en el 125% la cotización a aplicar sobre la base mínima de las personas que perciben el subsidio de mayores de 52 años. El texto anterior rebajaba esta cotización al 100%, lo que redundaba en un recorte en la pensión de personas cercanas a la edad de jubilación.

Estos términos del nuevo texto han sido avanzados por UGT y CCOO, mientras que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha sido menos explícito. Ha defendido que “lo importante y lo decisivo es que esta reforma salga adelante” por lo que Trabajo va a establecer “el sistema de cotización que permita contar con los apoyos parlamentarios y los agentes sociales”. En esta línea, también ha defendido que el ministerio siempre ha estado “dispuesto a negociar”, aunque desde Podemos se criticó lo contrario y provocó el voto negativo.

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La secretaria de política institucional de UGT, Cristina Estévez, ha hecho una “valoración positiva de la reunión” y ha detallado que durante los meses de negociación “se han podido resarcir” algunas medidas que los sindicatos consideraban perjudiciales, especialmente el recorte en la cotización de los subsidios de mayores de 52 años. “La cotización del 125% para UGT era esencial (...) es un gran logro”, ha recalcado, confirmando que la propuesta del ministerio elimina este punto.

En consecuencia, tanto UGT como CCOO creen que la norma puede contar con los apoyos parlamentarios, aunque antes tendrán que someter el texto final a votación en sus propios órganos internos de decisión. Lo esperable es que a lo largo de los próximos días las organizaciones sindicales respalden el texto y firmen un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, mientras que la postura de la patronal es por el momento de rechazo, según fuentes de la negociación. Junto con los sindicatos, Pérez Rey también se ha mostrado optimista asegurando que hoy “se han sentado los mimbres” para el acuerdo y que cree que esto suceda en “un plazo inminente”.

El nuevo texto incluye otras novedades que han servido para acercar a los sindicatos, especialmente las relativas a la ampliación de cobertura de las prestaciones asistenciales por desempleo a más colectivos, como las mujeres víctimas de violencia de género y los emigrantes retornados. También se equiparan los subsidios de las personas que accedan a los mismos tras tener trabajos a tiempo parcial, de manera que los cobrarán íntegramente como los trabajadores a tiempo completo. Esta medida tiene un impacto positivo de género, ya que las mujeres tienen más parcialidad.

Por otra parte, se incorpora la posibilidad de compatibilizar el cobro de la prestación contributiva por desempleo con el trabajo a tiempo completo y todos los colectivos beneficiados del subsidio por desempleo cobrarán el 95% del IPREM los seis primeros meses. Respecto a las cuantías, quedan como las aprobadas en diciembre: 570 euros en ese primer periodo; 540 euros en los seis meses siguientes (90% del IPREM) y el tiempo restante de cobro, hasta 18 meses, se mantiene en los 480 actuales (80% IPREM).

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También se suprime el mes de espera entre el cobro de la prestación contributiva y el subsidio y se mantiene la ampliación de la cobertura de los subsidios a los trabajadores eventuales agrarios, unos 200.000, y a los menores de 45 años sin cargas familiares. Además, unas 120.000 personas pasarán a cobrar el Ingreso Mínimo Vital mediante un proceso de tránsito desde los subsidios por desempleo cuando los agoten.

En cuanto a la fórmula legislativa para aprobar la reforma, Pérez Rey ha admitido que no está decidido, pero que habiendo acuerdo en el diálogo social se pueden “explorar otras vías” distintas a las del anteproyecto de ley que tenían previsto hasta el momento. Es decir, abre la puerta a que se pueda volver a aprobar mediante un real decreto-ley antes de que finalice el 20 de mayo el plazo de evaluación de la Comisión del cuarto pago de los fondos del Plan de Recuperación.