Isabel Carrasco era uno de los pesos pesados del Partido Popular en Castilla y León. Desde 2007 fue presidenta de la Diputación Provincial de León hasta que en 2014 fue asesinada por tres disparos a la luz del día. Este 12 de mayo se cumplen 10 años de este crimen rodeado de venganza y odios personales que acabó con la condena de tres mujeres.
La política era considerada en ese momento la “mandamás” del municipio y siempre estuvo rodeada de polémica, levantando tanto admiración como animadversión entre sus homólogos. Esto llevo a que en una primera instancia se considerara una motivación política detrás del crimen. Esta fue rápidamente descartada en cuanto se supo quiénes eran las autoras.
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Una venganza personal
Triana Martínez era una ingeniera de Telecomunicaciones que trabajaba en la Diputación y entre sus labores estaban las de asesorar y asistir a los ayuntamientos o la redacción de proyectos como redes sociales, infraestructuras de telecomunicaciones, Banda Ancha o Televisión Digital Terrestre. Llevaba trabajando desde 2007 hasta que Carrasco la despidió.
Tras lo que ella consideró una ofensa personal, comenzó a elaborar una plan para vengarse. Durante días estuvo siguiendo los pasos de su antigua jefa, para conocer a la perfección los trayectos que realizaba y los mejores sitios donde se podía cometer el crimen que ya tenía en mente. Sin embargo, ella no fue la que disparó el arma.
El revólver de la marca Taurus, comprado en el mercado negro, fue accionado por la madre de Triana, Montserrat González. Siguió a la víctima hasta la pasarela peatonal sobre el río Bernesga, donde disparó tres veces por la espalda a Carrasco, matándola en el momento. Eran las 17:17 de la tarde.
El asesinato tuvo un gran cabo suelto, y es que fue cometido delante de un testigo. Un policía jubilado lo vio todo y decidió ir detrás de la autora mientras avisaba al 112. La madre entonces se encuentra con su hija, a la que deja el revólver para que se deshaga de él. Ambas quedan en encontrarse más tarde.
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Aquí entra en escena la última implicada, y quizás la más sorprendente. Triana llama por teléfono a una amiga suya, Raquel Gago, una policía local. Iba conduciendo un coche, en el que la hija introduce el arma para que sea ella quién lo haga desaparecer. La detención de la madre se produce unos pocos minutos más tarde, debido principalmente a que ha sido seguida por el testigo.
Ni un ápice de arrepentimiento
Durante el juicio llevado a cabo por un jurado popular la madre y la hija fueron declaradas culpables de asesinato, pero en ningún momento llegaron a mostrar arrepentimiento ni sentimiento de culpabilidad. “La odiaba, era ella o mi hija”, llegó a declarar Montserrat en una de las sesiones.
La madre fue condenada a un total de 22 años de prisión como autora material de los tres disparos a traición que acabaron con la vida de Carrasco (delitos de asesinato alevoso con la agravante de disfraz en concurso ideal con atentado a la autoridad, además de tenencia ilícita de armas). Por su parte, la hija a 20 años de cárcel por los mismos delitos, como cooperadora necesaria en el crimen por su contribución imprescindible para que pudiera llevarse a cabo.
La policía local Raquel Gago recibió inicialmente de la Audiencia leonesa una pena total de 5 años, al estimar el magistrado presidente del tribunal del jurado en su sentencia que era encubridora del crimen de Isabel Carrasco –en contra de la opinión de la Fiscalía y del veredicto del propio jurado, que la vio copartícipe en el complot para el asesinato–, además de por el delito de tenencia ilícita de armas.
Más tarde la pena fue revisada y el TSJCyL la elevó a 12 años de prisión, considerando que la agente policial no fue encubridora, sino cómplice del asesinato en concurso con atentado de la presidenta de la Diputación de León, pero le retiró el delito de tenencia ilícita de armas. Finalmente, el Supremo ratificó para Raquel Gago esa condición de cómplice de asesinato, pues conoció los propósitos homicidas de las otras dos acusadas y aceptó formar parte de ellos, en vez de impedirlos; y además acabó elevando la condena de la agente en dos años, hasta los 14, al sumarle el delito de tenencia ilícita de armas –del que le había eximido el TSJ regional–, ya que se hizo cargo y guardó durante más de un día el revólver con el que se cometió el crimen.
Madre e hija se encuentran actualmente cumpliendo sus condenas en diferentes cárceles, mientras que Raquel Gago, que fue expulsada de la Policía Municipal de León, accedió al tercer grado penitenciario en febrero de 2022 y quedó en régimen de semilibertad, para más tarde acabar disfrutando de la libertad condicional, donde se encuentra en este momento.
Lo que no se investigó
Un documental estrenado cinco años después del suceso por HBO sacó a la luz evidencias que podrían reconsiderar la línea de investigación cerrada en 2014. Este trabajo, dirigido por el cineasta británico Justin Webster y titulado ‘Muerte en León’, pone en entredicho la exhaustividad de las indagaciones realizadas en el momento del crimen, particularmente en lo referente a las comunicaciones telefónicas previas a este crimen.
Justin Webster no solo ofreció una nueva perspectiva sobre el caso, sino que también expuso una omisión significativa en la investigación: un total de 247 llamadas entre Triana Martínez, hija de la asesina confesa, y Luis Estábanez, asesor de la presidencia de Castilla y León en ese momento, que quedaron fuera del escrutinio oficial. Estas llamadas incluyen una particularmente larga realizada justo la víspera del asesinato. Las autoridades descubrieron que el número de Estábanez era el segundo más contactado por el teléfono de Triana, solo superado por el de Raquel Gago. Este descubrimiento planteó interrogantes sobre la posible implicación de Estábanez en el crimen o, al menos, su conocimiento previo del mismo, ya que “hay un significado en todo esto”, en palabras del propio Webster en una entrevista con el periódico elDiario.es, resaltando la inexplicada falta de investigación hacia estas interacciones.
El cineasta criticó la aparente deliberación detrás de la omisión de estas evidencias clave, declarando que “la gran duda es por qué estas llamadas no fueron investigadas de forma deliberada”, señalando una posible brecha en el esclarecimiento del caso.