Las empresas que excluyen a las personas en paro de sus procesos de selección cometen una ilegalidad porque supone una discriminación para millones de desempleados. Según datos de la última encuesta de población activa más de 2.900.000 personas estaban en paro en España a principios de este año, un 35% de las cuales lo está desde hace al menos un año.
Muchas de ellas, y sobre todo las que llevan más tiempo sin trabajo, corren el riesgo de ser automáticamente descartadas en los procesos de selección de los servicios de empleo y de las empresas, indica Antonio Fernández García, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que advierte que se trata de una práctica ilegal a enmendar.
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Fernández García ha analizado estudios internacionales y estatales que indican que es habitual que se excluyan candidatos a un puesto de trabajo por el simple hecho de estar desempleados, especialmente si llevan más de medio año en paro. “Existe el estereotipo de que estas personas no servirán tanto para trabajar, sin tener en cuenta si han estado haciendo formación o si no trabajaban porque cuidaban a alguien”, indica.
También ha comprobado cómo varias empresas y portales de empleo aplicaban el filtro de estar en paro en sus softwares o sistemas de inteligencia artificial (IA) de selección, sin tener demasiada conciencia de la discriminación que esto puede suponer. Por ello, y considerando que esta situación atenta contra la dignidad de las personas, Fernández ha estudiado la legislación española para demostrar que se trata de una práctica ilegal y ha advertido a las administraciones y empresas que ese filtro debe eliminarse.
Una discriminación que no se denuncia
“Esto nunca se había planteado en el ámbito jurídico. Sí se sabe que mujeres, personas con discapacidad o personas de mayor edad tienen problemas para acceder al mercado de trabajo. Pero esta cualidad de estar parado no se había estudiado en el ámbito jurídico”, explica el profesor e investigador del grupo TAXBUSINESS de la UOC.
Aunque es habitual entrar en litigio cuando una persona es despedida, no suele recurrirse a los tribunales para denunciar que se la ha discriminado en un proceso de selección. Por ello, no hay jurisprudencia respecto de esta cuestión, lo que motivó al experto a demostrar que excluir de estos procesos a personas que están en paro es ilegal.
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Junto a varios artículos de la Constitución española, la aprobación de la Ley 15/2022 para la igualdad de trato y la no discriminación es clave en la argumentación de Antonio Fernández García, puesto que la norma, que se aplica de forma transversal, prohíbe la discriminación por razones socioeconómicas.
Considera que descartar a las personas desempleadas de las bolsas de trabajo puede ser una forma de discriminación indirecta de los colectivos que más tienden a estar sin trabajo y, especialmente, en situación de paro de larga duración: “Se trata de las mujeres, las personas mayores de 45 o menores de 30 años, las personas con discapacidad, las personas sin hogar, las personas migradas o las personas trans”, concreta.
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Incoherencia
Estar en situación de paro y tener serias dificultades para salir adelante perjudica a la persona que lo sufre y también a su familia, no solo desde el punto de vista económico, sino también en lo que se refiere a la salud mental. Subraya la incoherencia que representa establecer políticas para fomentar la empleabilidad y, en paralelo, permitir que se produzca esta discriminación en los procesos de selección: “No es lógico que te gastes mucho dinero en formación y en subsidios a personas desempleadas y luego permitas que alguien que está en paro pueda ser excluido de los procesos de selección solo por estar sin trabajo”, denuncia.
Antonio Fernández García propone que la Ley de empleo aprobada en 2023 incluya específicamente que estar en paro no puede ser una discriminación en la búsqueda de trabajo. Asimismo, anima a los servicios de empleo y a las empresas a revisar sus procesos selectivos y evitar las discriminaciones, e invita a entidades y sindicatos a tener en cuenta este aspecto a la hora de defender los derechos de la ciudadanía.