Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales: “Entre víctimas y verdugos debe haber justicia, no la falsa concordia de PP y Vox”

Pablo Bustinduy (Madrid, 1983) es uno de los ministros de Sumar y desde hace cinco meses está al frente de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Politólogo y uno de los fundadores de Podemos, Bustinduy visita este domingo el campo de concentración de Mauthausen, donde miles de españoles que lucharon contra el fascismo fueron prisioneros de los nazis durante la II Guerra Mundial. Cada 5 de mayo, día de la liberación del campo, se homenajea a las víctimas en uno de los acontecimientos más notables del antifascismo en Europa.

Precisamente, el próximo 9 de junio tienen lugar las elecciones europeas, en las que se espera un sustancial crecimiento de las fuerzas ultraconservadoras. El ministro atiende a Infobae España horas antes de su viaje, hace también un repaso de la gestión de sus competencias, cuentas pendientes y objetivos, y habla de la crisis que vivió el Gobierno la semana pasada cuando Pedro Sánchez abrió la puerta a una inesperada dimisión que finalmente no tuvo lugar.

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Pregunta: Va a formar parte de la delegación que representa al Gobierno de España durante el homenaje anual que se hace en el campo de concentración de Mauthausen. No es su primera visita al campo.

Respuesta: Estuve en el año 2017 como diputado y portavoz en la Comisión de Exteriores y entonces asumí el compromiso de acudir a esta ceremonia cada vez que pudiera y tuviera una función de representación institucional. Es la mayor ceremonia antifascista de Europa y además tiene lugar en el campo donde fueron exterminados miles de compatriotas españoles republicanos que habían luchado contra la dictadura de Franco. Muchos de ellos lucharon contra Hitler y acabaron en este campo de concentración. El año que yo fui, estaba la embajada española, pero no había nadie más. Yo era un diputado raso, pero en aquel momento sentí que estaba representando al Estado. Y ahora que estoy en el Gobierno de España he querido volver a ir. Voy a ir con Ángel Víctor Torres, ministro de Memoria, y me gustaría que pudiéramos formalizar una obligación para que el Gobierno, sea cual sea su símbolo político, cada año acuda a rendir homenaje a los antifascistas españoles que defendieron la democracia.

Hay una historia muy gráfica que explica qué es lo que sucedió en Mauthausen. Los republicanos españoles de Mauthausen llevaban un distintivo, un triángulo invertido azul, que era el distintivo de los apátridas. Igual que los judíos tenían el suyo, los gitanos y las personas LGTB también tenían distintivos. El distintivo de los apátridas era ese triángulo azul, y eran apátridas porque la dictadura franquista, con el apoyo de los regímenes nazifascistas de Europa, nunca reconoció que estos españoles fueran ciudadanos. A estos españoles, que habían luchado por la democracia en España y en Europa, no se les reconocía como españoles. Pero lo curioso es que en ese distintivo que le dieron a los presos españoles en Mauthausen les pusieron una S en el medio, una S de Spanier [españoles, en alemán]. Incluso siendo apátridas, abandonados por la dictadura fascista, los propios nazis tuvieron que reconocer que eran españoles.

Cuando se liberó el campo de exterminio y entraron las tropas aliadas y empezaron la labor de repatriación, los españoles no tenían dónde ir y se quedaron. Permanecieron durante semanas autogestionando el campo, el campo donde les habían torturado, esclavizado, donde les habían hecho trabajar en unas condiciones infrahumanas. Y los supervivientes tuvieron que permanecer allí porque no tenían dónde ir. Cada país construyó un memorial después de la liberación a sus compatriotas presos allí. Los presos españoles, que eran la inmensa mayoría y quienes lo habían liberado, no tenían memorial, y se les hizo el homenaje durante décadas en el memorial francés. Mientras toda Europa conmemoraba la memoria y la lucha antifascista de estas miles de personas con un desfile muy emocionante, España los ignoraba. Era una segunda muerte, la muerte del olvido.

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P: ¿Qué simboliza ir a un campo de concentración casi 90 años después, en un contexto de auge de ultraderecha europea, con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina? ¿Reivindicar el antifascismo es ahora más importante que hace diez o 15 años?

R: Creo que es igual de importante. Lo ha sido siempre, pero creo que lo que refleja la situación actual es que la memoria no es algo que refiera exclusivamente al pasado y que no es una serie de homenajes, o de actos, o de discursos, o de llevar flores a un memorial. El deber con la memoria es saber la tragedia que supuso el fascismo en Europa, lo que costó derrotarle y el papel que el antifascismo tuvo en la construcción de la democracia en Europa. No se entiende la democracia europea sin entender que está sustentada en el antifascismo, como no se entiende la construcción del Estado del Bienestar sin la lucha antifascista que lo hizo posible.

Ese deber de memoria está orientado hacia el futuro y es una brújula, porque cada proyecto político en democracia debe preguntarse si lo que estamos haciendo sirve para continuar y para honrar la memoria y la lucha de quienes entregaron su vida para que hoy dispongamos de libertades, de derechos y de una aspiración a la justicia social y al bienestar. Así que el deber de memoria, máxime en un tiempo en el que vuelven las fuerzas autoritarias, reaccionarias, xenófobas, filofascistas, es el de construir, defender la democracia construyendo una alternativa al proyecto político de una sociedad violenta, desigual, racista e injusta. Y eso quiere decir justicia social, redistribución de la riqueza y democratizar la economía.

P: Precisamente, varios gobiernos autonómicos formados por PP y Vox han anunciado sus intenciones de derogar las leyes de memoria democrática que condenan la dictadura de Francisco Franco. Las llaman leyes de “concordia” y hasta la ONU ha intercedido para pedir que no se haga.

R: La ultraderecha ha secuestrado la agenda política del Partido Popular. Creo que, en materia de Memoria, su proyecto político es la provocación y la humillación. Es un insulto no solo a las víctimas, no solo a sus familias, sino al esfuerzo que la sociedad española está haciendo para restaurar, para saldar la deuda que tenía con generaciones de demócratas que fueron exterminadas y que fueron perseguidas y olvidadas. Hablan de concordia, pero entre un verdugo y una víctima, entre el asesino y el asesinado, no debe haber una relación de concordia, debe haber una relación de justicia y de reparación. Buscan la provocación para convertir en una batalla cultural algo que debe ser un pilar de la democracia española, pero no lo van a conseguir, porque este país es un país decente y es un país compuesto en su inmensa mayoría por gente que asume como propia esa tarea de defender la democracia frente a quienes hoy la quieren volver a someter.

P: ¿Cómo valora los potenciales resultados de las próximas elecciones europeas y el auge ultraconservador que se prevé?

R: Sin duda es una situación crítica, y lo es aún más por todos los cantos de sirena que están llamando a lo que queda del centroderecha europeo y del espacio que tradicionalmente ocuparon la Democracia Cristiana y las derechas liberales para entregarse definitivamente a una alianza con la ultraderecha y con fuerzas abiertamente xenófobas, racistas y filofascistas. En esto es durísimo reconocerlo, pero el Partido Popular en España ha jugado un papel pionero. Está a la vanguardia de esa operación. Estamos una vez más en la tesitura de tener que refundar un frente democrático en Europa que se comprometa con los derechos y libertades fundamentales que dan sentido al proyecto europeo.

La idea de Europa y el proyecto europeo nacen de la victoria del antifascismo, y nace también la construcción del Estado social y del Estado del Bienestar, para hacer imposible que nunca más se repitiera esa conjunción de guerras, genocidios y amenazas fascistas. Y es muy duro decirlo, pero basta con mirar a nuestro alrededor. Estamos en una situación parecida. El fascismo, la guerra, la violencia siempre van de la mano y, por tanto, lo que nos toca es llamar a una movilización democrática para que en todos los países de Europa las mayorías sociales puedan renovar ese compromiso con los derechos humanos. Es una situación muy difícil. España, de hecho, es una excepción todavía a esa deriva que está barriendo el continente y por tanto tenemos la responsabilidad desde aquí de liderar también la conformación de ese frente democrático. La coyuntura y la circunstancia es muy difícil, pero creo que eso solo redunda en la urgencia y la necesidad de esta tarea.

P: El auge ultraderechista se nutre de la desafección ciudadana en torno a la política. ¿Cuál es la receta para combatir esa desafección?

R: Lo primero es entender por qué sucede. Y creo que sucede por una razón sencilla, que es que la ultraderecha ofrece respuestas a muchas de las preguntas de nuestro tiempo. Claro, esas respuestas en ningún caso aportan soluciones a esos problemas. Al revés, lo que hacen es explotarlos para obtener rédito político y por el camino agravarlos. Da igual que hablemos de la crisis climática, crisis geopolítica, crisis energética... Para cada uno de estos problemas, la ultraderecha tiene una respuesta tan sencilla como errónea. Jamás van a solucionar ninguno de estos problemas, pero consiguen movilizar las pasiones de desafección, de incertidumbre, de temor que viven millones de personas en Europa. Entender esto es clave para poder aportar una respuesta alternativa.

Por supuesto, hay que combatir por todos los medios el auge de las fuerzas autoritarias, xenófobas y reaccionarias. Por supuesto, hay que defender la democracia porque nos va la vida en ello. Esa desafección solo tiene una respuesta: la transformación de nuestros modelos socioeconómicos. Trabajar en un concepto del bienestar para el siglo XXI. Es la redistribución de la renta y de la riqueza, es proveer de seguridad material a quienes hoy sienten incertidumbre respecto al futuro. Es dibujar un horizonte de una sociedad que pueda refundar el contrato social. Y esto suena abstracto, pero se traduce en cosas muy concretas. Hay que redistribuir la riqueza, hay que hacer real el horizonte de justicia social que funda el Estado del Bienestar en el siglo XX en Europa. Solo haciendo eso, las respuestas cínicas de la extrema derecha no tendrán esa capacidad de llegada y ese arraigo.

P: El movimiento del presidente Sánchez de la semana pasada, dejar su cargo en el aire durante cinco días en los que nadie supo nada de él, ¿genera desafección?

R: Es muy positiva la reflexión que se abrió en el país sobre la degradación de la vida política y sobre la necesidad de defender la democracia frente a quienes pretenden subvertirla, es decir, frente a quienes quieren desconocer la legitimidad de un Gobierno emanado del Parlamento y votado democráticamente por los españoles. Creo que eso es sano, pero nos equivocaríamos y sería un error muy profundo si nos quedamos ahí. Creo que de aquí solo se sale redoblando el compromiso con esa agenda social, con esa agenda de redistribución de la riqueza y con esa agenda de transformación democrática.

En realidad, estos ataques que se dan se han dado en muchos países y estas técnicas de desestabilización democrática buscan desalojar al Gobierno del poder. La manera de defenderse no es solo denunciarlo, es profundizar en esa agenda. Es democratizar la riqueza, es democratizar la economía en nuestras sociedades y, por tanto, creo que esta reflexión debe conducir necesariamente hacia un impulso por la redistribución, la solidaridad y la justicia social.

P: ¿Y cómo valora, como ministro, no haber sabido nada del presidente y de sus posibles movimientos?

R: Yo creo que esto fue una situación que trasciende a la lógica de la coalición. Creo que muchos de los ministros del PSOE tampoco tenían esa información. Eso responde a la gestión de los tiempos de una decisión por parte del presidente. Pero, como digo, creo que nos equivocaríamos si nos quedamos con los detalles del qué ha pasado en estos días. Creo que de lo que se trata es del contenido, es del horizonte, es el cómo salimos de aquí.

El Gobierno permanece, y permanece con voluntad de llevar a cabo su agenda. Somos el socio minoritario del Gobierno, pero somos el motor y el músculo ideológico de esa agenda social. Creo que nuestra labor consiste en impulsar esa serie de transformaciones que son absolutamente necesarias y que además es lo que se votó en las urnas. Lo que votaron los españoles en las urnas fue que continuáramos, que profundizáramos con esta agenda social y que abordáramos de una vez el problema de la desigualdad económica y social en España, que eso es lo que divide realmente al país. Lo que nos toca es empujar en esa dirección.

P: Hablando ya de su Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, una vez aprobadas las cuentas pendientes de la pasada legislatura, como fue la Ley de Familias, ¿cuáles son los objetivos y hacia dónde va a mirar su Ministerio?

R: Tenemos un orden de prioridades que está bastante claro. Tenemos dos leyes en tramitación parlamentaria que espero que en cuanto acabe el ciclo electoral podamos sacar adelante: la Ley de Familias, que va a ser un hito en la política social de este país, y la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que también lo va a ser en la defensa de los derechos de las personas consumidoras. Tenemos un objetivo inmediato, que es la retribución de los permisos parentales de cuidado, queremos retribuir cuatro semanas por cada hijo o hija menor de ocho años. Queremos ampliar los permisos de nacimiento y queremos reformar el Ingreso Mínimo Vital, que es un paso fundamental para que exista una red de protección social digna de ese nombre en España.

Una acción que define a este Ministerio y que buscamos es que España tenga una prestación universal por crianza. Tenemos que acabar con la anomalía de que España sea uno de los poquísimos países en Europa que no cuenta con una prestación de este tipo y es una cuenta pendiente de la democracia con las familias españolas. Es algo que, además, con los índices de pobreza infantil que tiene este país, es sangrante que no lo hayamos hecho todavía y que en el momento en el que lo adoptemos y veamos sus efectos, nos llevaremos las manos a la cabeza por no haberlo hecho antes.

P: Los Presupuestos Generales del Estado no se han podido aprobar y se han prorrogado hasta el próximo curso. ¿Pierde su Ministerio mucho margen de maniobra?

R: Los presupuestos son la herramienta fundamental para ampliar derechos sociales y fue una mala noticia no contar con presupuestos para este año, sobre todo porque tenemos un programa muy ambicioso, sobre todo en la transformación del sistema de la dependencia y la autonomía personal en España. Esto ha retrasado una parte de la acción fundamental que tenemos que llevar a cabo. Pero bueno, abordamos la negociación de los Presupuestos de 2025 con una urgencia y una ambición redobladas, porque tendremos que recuperar el tiempo perdido.

P: Sobre los últimos anuncios, han hecho público que elaborarán una Ley de Consumo Sostenible, que tiene como eje principal la definición de ‘greenwashing’ para evitar publicidad engañosa.

R: Tenemos un régimen sancionador muy riguroso para perseguir prácticas comerciales consideradas desleales o abusivas. Ese régimen se puede aplicar ya a muchos de los casos de greenwashing. Lo que no tenemos a nivel jurídico, porque estamos hablando de un ámbito en desarrollo, es una definición precisa que nos permita identificar con todo el rigor qué prácticas constituyen el greenwashing. Con la Ley de Consumo Sostenible vamos a hacer muchas cosas, como incluir un índice de reparabilidad para que los consumidores tengan toda la información disponible a la hora de poder optar por un producto o un servicio u otro. Pero esa definición es clave para poder generar claridad, porque tenemos un problema, que es que, hasta ahora, parece que, desde la perspectiva del consumo, la transición ecológica depende de una responsabilidad individual de que cada persona consumidora se informe, contraste y tome decisiones, como si pudiéramos hacer una transición de esta envergadura basada solo en la suma de decisiones individuales. Esto no es así.

Tenemos que transformar nuestro sistema económico y eso implica la pata de la producción, la pata del comercio y la pata del consumo. Entonces, esta definición va a permitir también orientar la actividad de las empresas para que se amolden y se adapten a la evidencia científica, a la normativa europea y que, por tanto, las personas consumidoras tengan la certeza y la seguridad de que las decisiones que toman están basadas en información fiable. Por tanto, va a ser un paso adelante. Aunque no vivimos en un régimen de impunidad, estas prácticas se pueden perseguir y de hecho se persiguen y el Ministerio de Consumo está muy activo en esto.

Si las empresas están recurriendo a esas prácticas de ecopostureo, como se le conoce, o greenwashing, es porque evidentemente les interesa desde el punto de vista de la construcción de marca, porque saben que hay una demanda social en ese sentido. Ya hay un régimen sancionador robusto, porque prevé sanciones que pueden ir, dependiendo de la gravedad, hasta un millón de euros, pero además se puede penalizar con entre cuatro y seis veces el beneficio obtenido de manera ilícita. Hablamos de cantidades que son muy significativas.

P: La semana pasada, el IMSERSO publicaba un censo de residencias de España en el que quedó muy clara la fuerte privatización del sector y cómo las macro-residencias, lugares de más de 200 plazas, son el formato predominante. La legislatura pasada se llegó a un acuerdo para limitar la construcción de más macro-residencias, pero, ¿cómo se puede arreglar el problema de las privatizaciones en el sector?

R: Siempre digo que el futuro y la transformación de las políticas públicas de dependencia y de apoyo a la vida independiente tienen que ver con tres patas. La primera es la financiación, y en la legislatura pasada se hizo un esfuerzo histórico, aumentando un 150% la contribución de la Administración General del Estado a las políticas de dependencia. Pero la pata de la financiación está ciega si no hay un modelo a seguir, y este es el segundo aspecto que es clave: el horizonte. En las próximas semanas vamos a aprobar una nueva estrategia de cuidados que define cuál es el modelo hacia el que tenemos que ir. Y es un modelo que trasciende esa idea de que invertir en dependencia implicaba construir residencias cada vez más grandes, sino que lo que busca es efectuar un giro de 180 grados. Cuando le preguntan a la gente dónde quiere envejecer, la mayoría siempre responde que en su casa, con su familia, en su barrio, manteniendo el arraigo. Tener un envejecimiento activo. Por tanto, el futuro del modelo pasa por poder generar la infraestructura de servicios públicos para que las personas puedan permanecer en su casa todo el tiempo que lo deseen y puedan mantener una vida lo más autónoma posible. Esto pasa por los servicios de ayuda a domicilio, por la teleasistencia, por fomentar toda esa red sociocultural que permita que las personas se mantengan, permanezcan en su entorno. Evidentemente, no va a ser algo que pueda suceder de la noche a la mañana, pero ese es el modelo hacia el que tenemos que tender.