Hace ya más de una década, en 2012, en un contexto de plena crisis económica, el gobierno de la Generalitat, encabezado por Artur Mas, presentaba un macroproyecto bajo el nombre de BCN World. La ambiciosa propuesta presentaba un complejo con seis parques temáticos con un centro comercial en cada uno de ellos, un centro de convenciones, un teatro y un hotel con la promesa de ponerlo en marcha en menos de dos años.
Actualmente, tras variar su forma, el proyecto propone la construcción de un hotel en forma de guitarra y un macrocasino que se convertiría en unos de los más grandes de Europa. Pero “hay que tener en cuenta que no ha habido una presentación oficial de este proyecto. No hay cifras concretas del mismo, ni del consumo, ni del impacto que tendría”, explica a Infobae España Anna Recasens, portavoz de la plataforma Aturem Hard Rock. “Estamos teorizando sobre una cosa que no sabemos cómo acabará, ya que el proyecto, hasta el momento, es bastante opaco”.
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El macrocomplejo sigue marcando la actualidad política en Cataluña, pues ha sido el motivo que tumbó los presupuestos del Ejecutivo de Aragonès y que ha llevado al adelantamiento de las elecciones catalanas. Desde sus inicios, el proyecto ha estado envuelto de polémicas tanto por su ubicación, un espacio integrado dentro del Plan de Espacios de Interés Natural y de la Red Natura 2000, como por el impacto medioambiental o los contratos entre las dos empresas, Hard Rock y La Caixa -propietaria de los terrenos- e Incasòl, un ente público dependiente del departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, que hace de mediador de la transacción.
ERC renueva el compromiso con Hard Rock
Sin embargo, la última crisis llegó el pasado 24 de abril, cuando La Directa destapó que el gobierno de Pere Aragonès (ERC) renovaba el compromiso con Hard Rock tan solo media hora antes de cerrar el pacto de los presupuestos con Salvador Illa (PSC). Con este acuerdo, ERC renovaba el encargo de Incasòl de actuar como intermediario en la transacción entre La Caixa y BCN IR 3 SAU, la sociedad mercantil promotora del proyecto. Concretamente, el acuerdo al que llego ese día el Govern “mantiene el encargo a Incasòl para que formalice con las partes los acuerdos privados y públicos que correspondan para adquirir y luego alienar, en unidad de acto y por el mismo precio, por adjudicación directa” los terrenos ahora propiedad de La Caixa.
De esta situación se acaba reconociendo lo que desde la plataforma ‘Aturem Hard Rock’, entre otras, llevan tiempo denunciando: que los contratos “tanto de La Caixa con Incasòl como de Incasòl con Hard Rock” habían expirado, ya que se firmaron en 2014 con una duración de cinco años y, posteriormente, se hicieron dos prórrogas de un año, ambas de las cuales también habían expirado, según explica su portavoz Anna Recasens.
Desde la CUP y Comuns denuncian que el Govern ha acabado con la posibilidad de salir de este proyecto sin tener que indemnizar a la empresa norteamericana. Además, acusan a ERC de mentir, ya que no dieron a conocer al resto de formaciones políticas la renovación de este acuerdo con Hard Rock.
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Expropiaciones de La Caixa y riesgos químicos y de salud
Otro de los puntos que más polémica ha generado han sido los terrenos destinados a la construcción del complejo, no solo por el impacto medioambiental que podría tener, sino por la transacción entre dos empresas privadas mediada por un ente público, Incasòl, que en 2016 entró en la operación como acreedor de Hard Rock.
El propietario de los terrenos es La Caixa. El banco adquirió el espacio en el año 1989 después de una expropiación masiva de tierras para construir Port Aventura. Para hacerse con los mismos, “alegaron un motivo de bien común para la sociedad para construir el Centro Recreativo Turístico (CRT)” de Vila-Seca y Salou. De esta forma, 800 agricultores de la zona se vieron obligados a ceder sus tierras y, los que se negaron, las malvendieron a precios que oscilaban entre los 90 céntimos y los 30 euros el metro cuadrado, según si se trataba de una zona más o menos seca.
De la totalidad de estos terrenos, un tercio se destinaron a la construcción de Port Aventura, el segundo tercio dio lugar al complejo Infinitum, un espacio con campos de golf, piscinas y viviendas de lujo, y el tercio restante, sería el destinado al macrocomplejo Hard Rock.
En el marco de los presupuestos de 2023, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se comprometió con el PSC a aprobar el Plan Director Urbanístico (PDU) para regular los usos de los terrenos en los que se debe ubicar este macrocomplejo de ocio. Pero, la ubicación, es colindante por el noroeste con la petroquímica de Salou, la cual supone un riesgo añadido para la seguridad del hipotético complejo y es uno de los motivos que ha estado frenando la aprobación del PDU. Sin embargo, para conseguir que salga adelante, una de las opciones que se barajan “es que se amplíe el radio de seguridad, que actualmente es de un quilómetro o de un quilómetro y medio, pero cuando hubo el accidente de la petroquímica en 2020, la placa salió volando hasta tres quilómetros”.
Por otro lado, el impacto que puede tener el proyecto en las inmediaciones medioambientales supone otro obstáculo para su avance. Los terrenos se encuentran al lado de la ‘Sèquia Major’, un espacio integrado dentro del Plan de Espacios de Interés Natural y de la Red Natura 2000 y el impacto de dicha construcción, como afirma el Departamento de Acción Climática, podría ser prácticamente imposible de compensar.
Además, un proyecto de estas características consumiría unos 15.000 millones de litros de agua anuales, más de un 20% de lo que se transvasa cada año del río Ebro. Dentro del contexto de sequía en el que se encuentra Cataluña, esto se convierte en un imposible que acabaría repercutiendo negativamente en otros territorios.
‘El pelotazo de La Caixa’
Si finalmente el proyecto del Hard Rock se completara, el negocio de La Caixa “saldría redondo”, como dice Anna; es lo que desde la plataforma ‘Aturem Hard Rock’ llaman “el pelotazo de La Caixa”, ya que completaría la venta de los terrenos adquiridos en 1989 vendiendo el tercio restante por 120 millones de euros. Es sencillo: La Caixa se hizo con unos terrenos a precio irrisorio y tras su revalorización va a multiplicar su precio vendiéndolos por unos 115 euros por metro cuadrado.
En el momento de firmar el contrato con La Caixa, Incasòl contaría con 30 días naturales para adquirir el terreno y negociar su venta al grupo Hard Rock International. El problema es que esta segunda parte de la transacción, entre Incasòl y Hard Rock, no está bien regulada. Después de que Incasòl pague 120 millones a La Caixa, las cláusulas del acuerdo podrían dar lugar a que la empresa norteamericana acabase retirándose de la operación. La Caixa ya se habría deshecho de los terrenos, por lo que se desentendería del negocio, y la Generalitat habría cambiado 120 millones por un espacio poco aprovechable, “situado en medio de la nada, al lado de la carretera Nacional” y en una zona muy seca, fuertemente castigada por la sequía en Cataluña.