Este martes el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aoiz ha decretado la prisión domiciliaria, comunicada y sin fianza para el hombre de 83 años que el pasado domingo mató a su hijo de 55 años en Labiano, Navarra. Una convivencia insostenible, amenazas con un cuchillo y una escopeta cargada con tres cartuchos son algunas de las piezas que han formado el puzle de este crimen.
Todo comenzó en la madrugada del 28 de abril, sobre las 02:00. El hijo apareció en la casa de su padre y poniéndole un cuchillo en el cuello, le amenazó con que si sobre las 10:00 de ese mismo día no le daba 200 euros acabaría con su vida. Tras hacerle llegar el mensaje se marchó.
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Ese mismo día por la tarde, el padre regresó de pasear a su perra y se encontró de nuevo a su hijo en la vivienda. Este volvió a coger el cuchillo y repitió el mismo procedimiento, a lo que el mayor de los dos se negó a darle cualquier cantidad de dinero. El hijo decide quedarse en la casa y tumbarse en el sofá, quedándose “parcialmente dormido”, según recoge la resolución judicial.
Este es el momento que el padre aprovecha para subir a su habitación, coger la escopeta de caza que tenía y cargarla con tres cartuchos. Con el arma preparada baja de nuevo, momento en el que el hijo se despierta y hace un amago de coger el cuchillo. Es demasiado tarde y el ahora investigado abre fuego en tres ocasiones, dos “en el pecho izquierdo a la altura del corazón y otro más en la cara”. El hijo fallece en el acto.
Una relación conflictiva
Tras el crimen, los vecinos del pueblo se acercaron al lugar para ver lo que había ocurrido. Allí dieron a conocer que la relación entre ambos era muy conflictiva, lo que hacía la convivencia en la casa casi imposible. El octogenario, que llevaba viudo varios años, había manifestado en varias ocasiones que quería marcharse de la vivienda, según informa el diario Noticias de Navarra.
Este pasado lunes había concertado una entrevista con la residencia de la Casa de la Misericordia para hablar sobre un posible ingreso. La principal razón para tomar esta decisión era que su hijo, separado y con dos hijas, recibía “a personas extrañas” en su casa, lo que generaba “discusiones y malestar con el padre”.
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“Una maravilla de persona”
Esta versión la ha confirmado también el alcalde de Aranguren, Manuel Romero, que aseguró que “con los vecinos no había ningún problema”, pero que “el tema de la convivencia convulsa era evidentemente entre padre e hijo, eso es una cosa constatada”. Desde el ayuntamiento están trabajando en este tema y por el momento han decidido no adoptar medidas “más allá de lamentar el hecho”.
Según Romero, el detenido “es una maravilla de persona, implicadísimo siempre en tirar para adelante; lleva arrastrando muchísimo tiempo el apoyo a este hijo, a sus nietas... es un hombre volcadísimo con la familia”, pero que en ese momento “pierde los papeles”. El alcalde achaca el principio de la discusión a los “problemas de dependencias”, que según él, tenía el hijo.
Posible riesgo de fuga
La jueza ha decidido ahora la prisión domiciliaria al estimar que existe un riesgo de fuga. Sin embargo, no ha permitido su ingreso en prisión provisional debido a las patologías que padece, el imputado requiere revisiones periódicas por parte de los servicios de urología, nefrología, oncología y cardiología.
Para la magistrada existe la posibilidad de eludir la acción de la justicia en esas posibles penas, así como en la capacidad económica del imputado y en el apoyo de sus allegados (según manifestaciones espontaneas del detenido en sede judicial), lo que, a su juicio, determina una especial tentación de huir de España para evitar los efectos del delito presuntamente cometido, poniendo en riesgo su presencia en la vista de juicio oral, sin que la edad y el estado de salud del investigado indiquen, necesariamente, esta ausencia de riesgo de fuga teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y de las penas elevadas del delito presuntamente cometido.
Los hechos son indiciariamente constitutivos de un delito de asesinato perpetrado con la circunstancia agravante de alevosía, castigado con unas penas de prisión que oscilan entre los quince y los veinticinco años.