El príncipe Paul de Rumanía sigue teniendo problemas con la justicia. El polémico ‘royal’ europeo fue detenido el pasado domingo 28 de abril en un resort de lujo en Malta, a donde había viajado junto a su mujer, Lía Triff, para asistir a una reunión de los caballeros de la Orden de San Juan. Sobre el nieto de Carlos II de Rumanía pesaba una orden de detención europea desde que fuera condenado a tres años y cuatro meses de cárcel en 2020, cuando huyó del país antes de ser arrestado.
Paul Phillippe, conocido como Paul Lambrino, ha comparecido este lunes ante la magistrada Caroline Farrugia Frendo. El hijo de Carlos Hohenzollern tiene la ciudadanía rumana, británica y francesa y está acusado de varios cargos por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y soborno.
Te puede interesar: De Luxemburgo a Abu Dabi: estas son las casas reales más ricas del mundo (y España no está en la lista)
En concreto, Lambrino fue condenado por un tribunal rumano junto a otros 17 acusados. El polémico príncipe fue declarado culpable de haber colaborado con una banda criminal para intentar recuperar propiedades que le fueron confiscadas a la familia real rumana por el régimen comunista tras su expulsión en 1947. Así, los fiscales dictaminaron que el royal no tenía ningún derecho sobre esas propiedades y estimaron el daño causado al Estado en unos 145 millones de euros.
Tras la orden de detención europea emitida en diciembre de 2020, el pasado noviembre Paul Lambrino era detenido en Francia, pero el tribunal se negó a extraditarlo a Rumanía al considerar que existía “un riesgo real de violación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, ya que la defensa del príncipe defiende que es víctima de una persecución política.
Sin libertad bajo fianza
En su declaración ante la magistrada, Paul Lambrino se identificaba como Paul de Rumanía y afirmó residir en París. Al ser preguntado por su profesión, sus abogados le indicaban al tribunal de que no tiene trabajo porque “pertenece a la realeza”. No obstante, el acusado aclaraba que trabaja con una fundación.
El príncipe ha estado asistido por los abogados Jason Azzopardi y Kris Busietta, quienes han basado su defensa en la supuesta persecución política que sufre su cliente, ofreciendo al tribunal el dictamen de la justicia francesa y varios informes que ponen en cuestión el funcionamiento de la justicia rumana en este caso.
Aunque la fiscalía ha aceptado estudiar la documentación aportada por la defensa, se ha denegado la petición de libertad bajo fianza para Paul-Phillippe debido a la gravedad de los cargos y a que se trata de un caso en el que ya existe una condena firme.
La defensa de Lambrino ha calificado la orden de detención europea como “una tontería” y ha asegurado que el príncipe está “más que dispuesto” a pagar una fianza y acudir al juzgado diariamente para firmar. “El lugar de esta persona no es la prisión”, ha aseverado el letrado Azzopardi.
Últimas Noticias
Reconocen la incapacidad permanente parcial a una limpiadora que sufrió un desgarro de menisco en la rodilla derecha mientras trabajaba
La Sala de lo Social, tras revisar el caso, ha concluido que las secuelas derivadas de la lesión que padece la demandante sí implican una disminución relevante en su capacidad de trabajo
El Parlamento Europeo aprueba con condiciones el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos
Los eurodiputados avalan el pacto con 417 votos, pero exigen salvaguardias ante posibles incumplimientos
Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores
Neumonía, cálculos biliares y enfermedades cerebrovasculares, las principales razones que llevan a los españoles al hospital
Las enfermedades del aparato digestivo vuelven a posicionarse como primera causa de ingreso por segundo año consecutivo
El CIS cuela una pregunta sobre la negativa de Sánchez a que EEUU use las bases de Rota y Morón en la guerra de Irán en una encuesta sobre sexualidad
A pesar de la polémica que ha supuesto la decisión del Gobierno, seis de cada diez españoles la respaldan
