‘Lawfare’: qué es y en qué consiste

El concepto de ‘lawfare’ está apareciendo de forma recurrente en los últimos meses en los debates políticos y las informaciones periodísticas. Desde su aparición en el pacto entre PSOE y Junts para asegurar el Gobierno hasta las declaraciones de Pedro Sánchez de haberlo sufrido en sus propias carnes por la denuncia contra su mujer, Begoña Gómez, cada vez tiene más relevancia, pero ¿Qué es el ‘lawfare’?

Esta palabra, que se empezó a utilizar durante la segunda mitad del siglo XX, está formada por law (’ley’) y warfare (’guerra’) y tiene sus inicios en el ámbito militar, que se empleaba para describir un método de guerra asimétrica no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar. Sin embargo, su uso ha evolucionado y ha entrado en la política para designar el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político.

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Según el diccionario de la lengua inglesa de Oxford, designa “acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo”, pero desde la Fundeú indican que en español es conveniente sustituir este anglicismo por expresiones como “persecución judicial”, “instrumentalización de la Justica (con fines políticos o electorales) o “judicialización de la política”.

“Como indica el Diccionario de la lengua española, judicializar significa ‘llevar por vía judicial un asunto que podría conducirse por otra vía, generalmente política’, y judicialización, ‘acción y efecto de judicializar’. Por su parte, instrumentalizar significa ‘utilizar algo o a alguien como instrumento para conseguir un fin’, e instrumentalización, ‘acción y efecto de instrumentalizar’”, explica esta organización.

Uno de los primeros en España en usar este término fue Pablo Iglesias. En 2021 insinuó que existía una conspiración de jueces, policías, medios de comunicación y militares contra Podemos y que mediante “montajes” buscaban dañar a su partido y a otras fuerzas de izquierdas a través de los tribunales y así echarles del poder.

Sus palabras se dieron en la misma semana en la que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional reabrió la investigación sobre la financiación de Podemos y ordenó una investigación a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) por unos presuntos pagos de dinero por parte del régimen chavista de Venezuela. El caso quedó en nada.

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Pero ya en ese momento, Iglesias lo comparó con lo ocurrido con Lula da Silva, presidente de Brasil, al que indicó que había sido víctima de ‘lawfare’, tras haber sido “condenado y encarcelado injustamente”. Aquí planteó la pregunta de “si el ‘lawfare’ es un fenómeno exclusivo de Brasil o Latinoamérica o si se puede hablar en España de ‘lawfare’”.

“Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas y el día que ustedes quieran reaccionar les habrán fulminado también a ustedes”, declaró entre lagrimas Mónica Oltra, ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, antes de dimitir del cargo tras una campaña judicial en su contra orquestada por la ultraderecha.

En la denuncia, encabezada por la fundadora de Vox Cristina Seguí, se le acusaba de haber encubierto los abusos sexuales hacia una menor atribuidos a su exmarido. Debido a la presión política y social que sobre ella caía, acabó dimitiendo, para que meses más tarde se archivará la causa. La joven que había denunciado los abusos, llegó a afirmar en el medio Levante-EMV que se había sentido “utilizada” por los denunciantes para cargar contra Oltra, para luego “dejarla tirada”, sin la casa y el trabajo en Madrid que le habían prometido.

A raíz de este caso, Compromís, el partido en el que estaba Oltra, ha presentado estos días una iniciativa para endurecer la legislación contra los casos de ‘lawfare’. “Hay que pasar de las palabras al BOE”, ha asegurado su líder, Joan Baldoví, y así llegar a “condenar los usos espurios de la justicia y de los medios de comunicación para desprestigiar a los adversarios políticos, como es el caso sufrido por Mónica Oltra”.

Una de las últimas menciones de este término se ha dado en el acuerdo entre el PSOE y Junts para formar el Gobierno, en el que aplica sobre la Ley de Amnistía, que busca “procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato”.

“Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare’ o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”, relata el escrito firmado por ambos partidos.