La llegada de la inflación desde hace más de un año está provocando que cada vez los alquileres sean más inaccesibles para las familias. Entre la imposibilidad de poder afrontar una hipoteca y la impunidad de los arrendadores para subir los precios, es imposible hacer frente a pagar un hogar para vivir. Actualmente, el coste promedio de los alquileres de viviendas ha alcanzado los 12,1 euros el metro cuadrado, según un informe de Idealista.
Este informe incide en la disparidad entre la oferta y la demanda de inmuebles, lo cual provoca esta subida de precios. Según el Instituto Nacional de Estadística, INE, en 2021 el 15,9% de los hogares en España se encontraban en situación de alquiler, cifras que en estos tres años han aumentado. Esta modalidad, es una solución para las personas jóvenes que deciden compartir piso y para aquellas familias que no tienen las facilidades económicas para afrontar una hipoteca.
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Ante esta realidad, surge la pregunta sobre el futuro de los costes este año 2024, especialmente con la reciente aprobación de la Ley de Vivienda, que pone por primera vez unos límites a las tasas de aumentos en los precios del alquiler.
La Ley de Vivienda, vigente desde el 1 de enero, introduce una serie de cambios entre los que se encuentran: una nueva definición para los grandes propietarios, el pago de los honorarios inmobiliarios por parte de los propietarios y el “tope” al aumento anual de los contratos de arrendamiento a un máximo del 3%. Esta norma, además, obliga a los propietarios a notificar con al menos un mes de antelación cualquier ajuste en el contrato.
Diferencias según la cantidad de viviendas
Mientras que para los denominados como grandes propietarios, aquellos que tengan cinco o más viviendas, el límite de la subida se encuentra fijada en el 3%, los pequeños, quienes tienen menos cuatro o menos viviendas, sí que tienen la opción de negociar un incremento superior, siempre y cuando exista un acuerdo mutuo con los inquilinos. Sin embargo, se permite la excepción de un aumento de hasta el 5%, solamente posible si durante el año 2023 no se efectuó ningún ajuste de precio. Esta medida, contemplada en el Código Civil, proscribe la aplicación retrospectiva de estos aumentos que no se hayan implementado en los años anteriores.
De esta manera, esta nueva iniciativa permite proteger a los inquilinos de este incremento abrupto de las rentas, al mismo tiempo que consigue crear una fórmula de ajuste para el futuro basada en los índices que el INE desarrollará antes de que termine la vigencia de esta ley, el próximo 31 de diciembre de 2024.
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El objetivo de estas medidas pretende equilibrar el mercado del alquiler del país y proporcionar una mayor seguridad a las personas que solo pueden permitirse este tipo de modalidad de vida. Una solución a mediano plazo para contener la escalada del coste de vida que cada vez es más alta en nuestro país.