Retraso en la agenda verde: sólo 17 de 149 municipios españoles cumplen con la normativa de las Zonas de Bajas Emisiones

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se crearon para cumplir con las normativas europeas sobre calidad del aire. El Ejecutivo español afrontó en mayo de 2021 la urgencia de abordar este problema de salud pública, siguiendo varios límites establecidos por la Unión Europea. El resultado fue la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obligaba a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer ZBE antes del cierre de 2023.

Algunas ciudades, como Madrid, ya contaban con medidas en este sentido. Madrid Central, creada en noviembre de 2018, supuso un punto de inflexión en materia de sostenibilidad urbana, erigiéndose como un área restringida para mejorar la calidad del aire en la capital. Otro ejemplo destacado es Barcelona, que en enero de 2020 implementó su propia ZBE en un área de más de 95 km² que abarca varios municipios del área metropolitana.

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La ley establecía que, para finales de 2023, los 149 municipios españoles con más de 50.000 habitantes debían haber creado una Zona de Bajas Emisiones con su correspondiente reglamentación municipal. A finales de año, de estas 149 localidades, únicamente 14 contaban con ZBEs (actualmente la cifra se ha elevado hasta 17). Esto provocó que el Gobierno extendiera una prórroga para implementar esta obligación hasta el 31 de diciembre de 2024, ampliable hasta mediados de 2025. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó unas directrices para los ayuntamientos, con el fin de facilitar y guiar su adaptación a la ley.

Actualmente, el número de municipios con ZBE en España no llega a 20, por lo que el Defensor del Pueblo ha comenzado a actuar de oficio con 33 ciudades por el retraso que se está produciendo, según indicó a RTVE. El principal foco está puesto sobre los municipios que iniciaron su transición hacia esta normativa, pero por alguna razón decidieron suspender o dar marcha atrás en la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones. Varios casos muy sonados fueron los de ciudades como Gijón, Valencia o Castellón.

En cuanto a las ZBEs activas en España, con la llegada de 2024 se intensificaron las restricciones de muchas de ellas. Debido a que la implementación de la medida corre a cargo de los gobiernos locales, es posible que haya ciudades que hayan actualizado su paquete de restricciones en relación a esta cuestión.

En Madrid, por ejemplo, se intensificaron las labores de vigilancia a vehículos sin etiqueta ambiental, que no podrán acceder ni circular por las vías públicas y urbanas del municipio. Hasta ahora, este tipo de vehículos no podían circular por la M-30 y por el interior de la misma. Sin embargo, existen varias excepciones que se pueden consultar en la página web del ayuntamiento. En Barcelona, por otra parte, no podrán circular los vehículos sin distintivo ambiental por su ZBE durante los días laborables de lunes a viernes entre las 7:00 y las 20:00 horas.

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La Ley sanciona la entrada en las ZBE en función de los distintivos ambientales de la DGT, que buscan “clasificar los vehículos en función de su eficiencia energética, teniendo en cuenta el impacto medioambiental de los mismos”. Los más restringidos son aquellos que no cuentan con pegatina (denominados de distintivo A), que son aquellos vehículos de gasolina anteriores a 2001 y de diésel anteriores a 2006. Para el resto de vehículos, existen cuatro etiquetas que indican, de forma gradual, lo contaminantes que son para la carretera:

• Etiqueta B, de color amarillo: turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006.
• Etiqueta C, de color verde: turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006, y diésel a partir de septiembre de 2015.
• Etiqueta ECO: en su mayoría son vehículos híbridos, de gas o ambos.
• Etiqueta 0 emisiones, de color azul: son los más eficientes, los vehículos eléctricos de batería, autonomía extendida, eléctricos híbridos enchufables con autonomía de 40 km o de pila de combustible.

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Las restricciones de acceso y circulación no se limitan únicamente a los vehículos sin etiqueta, sino que también aplican a los que poseen etiquetas B y C. Por otro lado, los vehículos con distintivo ECO y cero emisiones son los menos afectados por estas medidas, dado que se les considera menos contaminantes.

La implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) tiene como objetivo la reducción progresiva del tráfico de los vehículos con mayores niveles de emisiones en los centros urbanos. Esto significa que, a futuro, los vehículos con distintivo B y posteriormente los de tipo C enfrentarán mayores restricciones, en un esfuerzo por promover un parque automotor urbano más ecológico. En la actualidad, existen restricciones adicionales para los vehículos con pegatina B, como la prohibición de entrar a ciertas áreas de protección especial, una situación que ya se observa en lugares específicos de Madrid.

La organización Ecologistas en Acción, integrada en la coalición europea Clean Cities, valoró positivamente la iniciativa gubernamental, pero lamenta la reciente publicación de algunas sentencias judiciales polémicas. Laura Vergara, gerente de la ONG ConBici (integrada también en Clean Cities), aseguró que las sentencias que permitían prolongar la transición a las Zonas de Bajas Emisiones “parecían más encaminadas a entorpecer la mejora de la calidad de vida en las ciudades que a facilitarla”. Ante las regresiones esperamos (...) un régimen sancionador para los ayuntamientos que incumplen las normas para el establecimiento de las Zonas de Bajas Emisiones, así como un régimen de incentivos para aquellos municipios que cumplan los objetivos”, declaraba.

Desde estos grupos, consideran crucial emplear indicadores de seguimiento revisables, así como indicadores sobre material particulado (óxidos de nitrógeno, ozono, óxidos de azufre). Además, destacan los tres objetivos claves de las ZBE: conocer si han descendido los niveles de contaminación atmosférica y acústica; analizar cuánto se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero; y establecer si las medidas implantadas han dado resultado o no, así como evaluar si se necesitan medidas más restrictivas.