Quién es Gonzalo Boye, el abogado defensor de Puigdemont

La ley de amnistía es uno de los temas más candentes en este momento en España. Este mismo jueves el abogado defensor de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, compareció en el Senado para defender que “es buena técnicamente” y “va a resistir el tiempo y el peso de las cuestiones prejudiciales”. Boye es una de las voces que defienden su tramitación, pero quizás sea desconocido para la mayoría de la ciudadanía.

Nacido en 1965 en Viña del Mar, Chile, ha participado en diferentes casos polémicos de España e incluso ha llegado a pasar por la cárcel. Se dice que fue el estratega que planeó la huida del país de Puigdemont y desde octubre de 2017 coordina la defensa internacional de los miembros del Gobierno del President Carles Puigdemont que se encuentran en el exilio, como abogado especializado en derecho penal y penal internacional.

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El empresario Emiliano Revilla fue secuestrado en los años 80 por ETA. Pasó 249 días en un zulo y no fue liberado hasta el 30 de octubre de 1988, después de que su familia pagará un rescate de más de 1.000 millones de pesetas. Gonzalo Boye fue uno de los condenados por este delito.

La detención se produjo en 1992, cuando uno de sus compañeros le vendió y más tarde el juzgado demostró que había vigilado los movimientos de la víctima antes del secuestro. Según la resolución, quedó probado que el grupo chileno al que pertenecía Boye fue una especie de subcontrata con la que ETA les cedió la parte “logística” de los seguimientos y que el ahora abogado “participó plenamente” en estas labores.

Fue condenado a 14 años en prisión, de los que cumplió 7 años, 11 meses y 23 días, período que aprovechó para sacarse la carrera de derecho. Anteriormente había comenzado los estudios de Ciencias Políticas y Economía en Heidelberg, Alemania, pero nunca llegó a finalizarlos.

Actualmente Boye se encuentra siendo juzgado por la Audiencia Nacional por un delito de capitales en relación con la Operación Mito, la presunta introducción en España de casi cuatro toneladas de cocaína dirigida por José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, y el entramado creado para ocultar los beneficios obtenidos.

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Según el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, durante los años 2016 a 2018, Sito Miñanco, aún estando encarcelado en la prisión de Algeciras, Cádiz, siguió operaciones de narcotráfico en España, utilizando una extensa red de contactos en Sudamérica y una sofisticada logística en territorio español. Miñanco coordinó la introducción y distribución de grandes cargamentos de drogas en el país, basándose en su influencia y en la infraestructura criminal previamente establecida.

Entre las acciones que llevó a cabo en este tiempo, la más destacada el transporte de 3,3 toneladas de cocaína en octubre de 2017 y la incautación de un contenedor con 615 kilos de esta sustancia en Holanda, en noviembre del mismo año. Para ello contó con la ayuda de expertos en temas de narcotráfico como Luis García Arango y Sabino Fernández Fernández, quienes ya habían sido condenados por delitos similares.

En este entramado, el papel de Boye, que en ese momento era el abogado de Sito Miñanco en otro procedimiento, era el de, según la Fiscalía, dirigir y asesorar a otros abogados que “confeccionaron unos contratos de compraventa de unas letras de cambio de acuerdo con los cuales, González Rubio las habría vendido a terceros unos días antes de la aprehensión del dinero”.

Por todo esto, el Ministerio Público pide una pena de 31 años de prisión para ‘Sito Miñanco’, así como una multa de más de 959 millones euros, y solicita 9 años y 9 meses de cárcel y una multa de al menos 2,7 millones para Gonzalo Boye.

En su carrera profesional Boye ha participado en varios casos bien conocidos por la opinión pública. Uno de los primeros fue en el juicio del 11M. Este tuvo lugar en 2007, y el letrado representó a la viuda de una de las víctimas de los atentados ocurridos en Madrid en 2004.

También ha llevado casos internacionales como la presentación de una querella contra seis asesores jurídicos del presidente estadounidense George W. Bush en el Caso Guantánamo. En el ámbito nacional, presentó una querella contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, por delito fiscal, financiación irregular, soborno, falsedad contable y tráfico de influencias y defendió a Rodrigo Lanza, un joven que supuestamente dejó tetrapléjico a un policía por el lanzamiento de una piedra que impactó sobre su cabeza.

Otro caso destacado es la defensa de José Miguel Arenas Beltrán, conocido artísticamente como Valtònyc. Este rapero y compositor fue condenado a tres años y medio de prisión por la Audiencia Nacional de España en 2017 por delitos e enaltecimiento del terrorismo, injurias graves a la Corona y amenazas, contenidos en las letras de sus canciones.