Marlaska rechaza las 81 viviendas que Ayuso quería ceder para policías y guardias civiles porque Interior “no tiene competencias” para gestionar alquileres de pisos

Al final no ha habido acuerdo. En noviembre de 2019, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció una batería de medidas para “apoyar” a la Policía Nacional y a la Guardia Civil e incentivar que los agentes pidiesen el traslado a una región que generalmente no suele ser muy atractiva por los altos precios de la vivienda. De hecho, según el último catálogo de puestos de trabajo, el déficit en ambos cuerpos es destacable en Madrid. Debería haber 15.188 policías y solo hay 13.866. En cuanto a guardias, solo se han cubierto 7.064 de los 7.246 puestos previstos.

Estas iniciativas despertaron las críticas de parte de la oposición por discriminatorias y electoralistas, ya que aunque Ayuso había ganado los comicios autonómicos hace unos meses, buscaban ganarse a un colectivo que suma 21.000 miembros en toda la región, además de a sus familias. “El propósito es mejorar si cabe la seguridad en la Comunidad de Madrid y también reconocer la labor de los agentes a los que tanto debemos por poner en riesgo sus vidas”, afirmó Ayuso.

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Una de esas medidas consistía en ceder 81 casas de la Agencia de Vivienda Social (AVS), dependiente del Ejecutivo autonómico, al ministerio del Interior. Un portavoz de la Consejería de Vivienda y Transportes señala a Infobae España que “se ofreció a la Policía Nacional 48 pisos de alquiler en el centro de Madrid, en el barrio de Lavapiés, y otros 33 inmuebles a la Guardia Civil en la localidad de Ciempozuelos, para hacer más atractivo su desplazamiento a la capital. Eran pisos de dos dormitorios con una superficie de entre 70 y 80 metros cuadrados”. El alquiler estaba en torno a los 280 euros al mes, muy económico, teniendo en cuenta que el alquiler en el distrito Centro está hoy a 23,3 euros el metro cuadrado y en Ciempozuelos, a 10 euros.

El convenio que debían firmar Ejecutivo autonómico y Ministerio del Interior se fue cociendo a fuego lento. La reunión definitiva se produjo en febrero de 2021. “Del contenido del acuerdo de colaboración propuesto por la Comunidad de Madrid se desprendían una serie de compromisos, exigiendo a la Dirección General de la Policía actuar como garante del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Agencia de Vivienda Social, lo que supondría asumir y gestionar competencias que no son propias de la Policía Nacional”, señala el ministerio en una reciente respuesta parlamentaria del mes de marzo. Interior rechazaba así la gestión de las primeras 48 viviendas.

¿Por qué? “Porque dicha actividad no está contemplada en la normativa interna de la Dirección General de la Policía, ni tampoco la Policía Nacional cuenta con órganos o procedimientos para la gestión de viviendas en régimen de alquiler”, señala Interior. “Todo lo anterior se expuso a los representantes de la Comunidad de Madrid, sin que se hayan recibido posteriores comunicaciones. Por ello, actualmente no hay ningún convenio en vigor, ni existe ninguna previsión al respecto”, insisten desde el Gobierno central. “Tanto la Delegación del Gobierno como el Ministerio del Interior rechazaron el convenio, alegando que no tenían departamentos que les permitiesen gestionar las viviendas recibidas”, explican por su parte desde la Comunidad. En el caso de las 33 viviendas destinadas a la Benemérita, “no consta que la Comunidad de Madrid haya remitido borrador alguno en relación a este asunto”, sentencian desde Interior.

Desde el sindicato policial SUP veían muy positivamente la firma de este convenio, aunque 48 viviendas fueran solo un gesto, una cifra simbólica. “Falta voluntad política, porque si Interior no tiene competencias, seguramente otro ministerio sí las podría tener. Todo era cuestión de ponerse de acuerdo. Las trabas burocráticas no deben ser un obstáculo”. Desde el SUP recuerdan que Madrid no es un destino atractivo para los policías y hay mucha rotación. “En el último concurso de méritos, el de traslados, se han quedado vacantes más de 1.000 plazas en la región. Porque en Madrid hay mucha carga de trabajo y la vivienda está por las nubes”. Esta organización sindical recuerda que el complemento de capitalidad, cercano a los 200 euros, lleva muchos años congelados. “No hay incentivos para trabajar en Madrid”.

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La Comunidad de Madrid también anunció en 2019 que iba a reservar para policías nacionales y guardias civiles un cupo de viviendas que está promoviendo dentro de su Plan VIVE, por el que el Gobierno regional cede el suelo y promotores privados construyen y alquilan luego a precios asequibles. Pero desde la consejería no han especificado qué porcentajes de inmuebles del VIVE se están reservando para los agentes. Ayuso también les prometió diseñar un baremo propio que les beneficiara a la hora de acceder a las ayudas al alquiler; “prioridad” a sus hijos en la obtención de becas comedor; ayudas sociales específicas para que atiendan a sus dependientes o mayores a cargo; y tarifas especiales en el transporte público. ¿La explicación? Que el coste de vida en la capital y la región es alto, por lo que había que facilitar el traslado de los agentes.