Más de 9.000 millones de euros en externalizar las fronteras europeas: las violaciones de derechos humanos a costa de la UE

La Fundación porCausa cifra en al menos 9.344 millones de euros el presupuesto que la Unión Europea ha destinado en los últimos veinte años a la externalización de fronteras. Su informe, Externalización. Caos, corrupción y control migratorio bajo la apariencia de cooperación europea, describe cómo este proceso delega la detención de personas migrantes a países africanos para evitar que pisen territorio comunitario, un modelo “costoso”, “inmoral” e “ineficaz”. A cambio de este control, denuncian desde la organización, la UE firma acuerdos millonarios con Estados liderados por regímenes autoritarios o grupos armados que cometen violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

El estudio identifica tres etapas de esta externalización de fronteras en Europa. Los trabajos se inician a partir de 2004, cuando comienzan a crearse “programas de financiación estructurados a terceros países”, con ayudas económicas puntuales o tratados comerciales con Estados del norte de África. Desde entonces, las “fronteras verticales” europeas se han ido desplazando hacia el sur: primero, en el Cuerno de África y luego hacia la región atlántica y central.

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Cristina Fuentes, coautora del informe, explica en su presentación que la “frontera simbólica” de la UE viaja cada vez más al sur “y eso no es gratis”. “Los países terceros países entran al trapo de esta externalización a cambio de ingentes cantidades económicas”, todas ellas bajo el conocido como principio de condicionalidad: “Tú controlas el paso de las personas migrantes a cambio de fondos de cooperación, ayudas de desarrollo, material y capacitación militar”. “No existe un diálogo abierto y consensuado sobre los movimientos migratorios, sino que son normas estrictas (...) que se deben cumplir si se quiere recibir ayuda económica”, denuncian en su estudio.

Tras la entrada de España en el espacio Schengen (zona de viaje sin fronteras entre países europeos), el país se convirtió en “laboratorio de pruebas” de la política migratoria europea, denuncia la fundación. “Europa estaba tremendamente preocupada porque los enclaves de Ceuta y Melilla iban a suponer la puerta a Europa de toda África. (...) Europa, con ingentes cantidades económicas, blindó tanto la frontera del lado marroquí como la española”, comenta Fuentes.

De esta “obsesión” por el control migratorio nacieron episodios “infames” como la expulsión ilegal en 1998 de 103 migrantes desde Melilla, a los que las autoridades españolas drogaron con haloperidol (medicamento para tratar trastornos psicóticos), maniataron y vendaron antes de introducirlos en cinco aviones con destino Mali, Camerún, Senegal y Guinea Bisau. “Muy posiblemente, los fondos reservados sirvieron para que los gobiernos de estos países aceptaran quedarse con las personas migrantes. Según el Gobierno, no había manera de hacerlo sin violar la ley”, expresan en su estudio.

En ese momento, aclara Fuentes, “se cambió toda la política de externalización” por una encaminada al “si hay que violar derechos humanos, que los violen terceros países”. Comienzan a darse así una serie de acuerdos bilaterales con países como Nigeria, Mauritania o Senegal, encaminados a la prevención de la inmigración ilegal.

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Europa ha seguido este mismo enfoque durante años, con varios acuerdos con “autocracias africanas”. Entre los ejemplos cita el Proceso de Rabat, desarrollado entre 2006 y 2015. Tan solo en su tercera etapa, reunió a casi 60 países africanos y recibió más de dos millones de euros. Ese último año se celebró la Cumbre de la Valeta (Malta) sobre Migración, entre los socios europeos y 35 Estados africanos. La conferencia “institucionalizó” la externalización del control migratorio, según el análisis de porCausa. A través de su Plan de Acción y un Marco de Asociación, los países colaboradores recibieron 1.800 millones de euros de financiación europea.

La Fundación porCausa aclara que los más de 9.000 millones de euros invertidos son tan solo los que su organización ha podido localizar y alertan de que el gasto puede haber sido mayor. Un coste exagerado para “una política que ha fracasado”, asegura Gonzalo Fanjul, coautor del estudio, pues los números de llegadas no se reducen. “En realidad, el 2023 fue el año donde se batió el récord, donde más intentos de acceso irregular hubo a las fronteras territoriales de la Unión Europea”, insiste. Según la agencia Frontex, hubo más de 355.000 cruces irregulares en las fronteras exteriores de la UE entre enero y noviembre de 2023, el nivel más alto desde la crisis de los refugiados de 2015 y 2016.

A pesar de la ineficacia, se sufren las consecuencias: unas relaciones exteriores condicionadas a las políticas de control migratorio, la contaminación de la cooperación internacional y la financiación de autocracias que cometen violaciones sistemáticas de los derechos humanos, desde las expulsiones arbitrarias a las torturas, secuestros, abusos sexuales o chantajes.

“Cuando juntas las piezas es posible entender por qué un migrante abandonado por un gobierno en el desierto de Mali es, al final, el resultado último de una decisión que se tomó en Madrid o en Bruselas”, concluye Fanjul.