“El sexo era pecado, pero lo practicaban con nosotros y ahora nos revictimizan”: supervivientes de abusos sexuales dudan de que la Iglesia les indemnice

Las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica están hartas de esperar y no confían en que la institución asuma las reparaciones. Dudan de que la jerarquía católica vaya a colaborar en el nuevo plan que el Gobierno aprobó este martes para indemnizarlas, para reparar las consecuencias devastadoras del trauma, no solo por las “declaraciones contradictorias” que han emitido algunos de sus representantes, sino por la actitud que la institución siempre ha mantenido al respecto. La Iglesia católica española no solo negó durante décadas los abusos sexuales a menores cometidos en su seno, sino que también los encubrió y, una vez que salieron a la luz cientos de denuncias, trató de restar importancia al problema diciendo que eran unas pocas “manzanas podridas”, a diferencia de otros países europeos golpeados por los mismos escándalos, como Irlanda o Alemania, que reconocieron la gravedad de los hechos.

El plan aprobado por el Gobierno, que busca “saldar la deuda existente con las víctimas, en especial con aquellas que no han podido seguir un proceso penal por la prescripción de los delitos o el fallecimiento del victimario”, sigue las recomendaciones que hizo el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el informe que presentó el pasado mes de octubre sobre abusos en la Iglesia, en el que se estimó que 440.000 personas podrían haber sufrido abusos sexuales, un 1,13% de la población adulta. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se mostró este martes confiado en que la Iglesia asumirá el coste de reparar a las víctimas al considerar que “nadie entendería que no actuara como han hecho otros países como Irlanda, Francia, Bélgica o Estados Unidos”. Pero los afectados no lo tienen tan claro.

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“Creo que una parte de la Iglesia española quiere ayudar a las víctimas, pero hay otra parte que no sé muy bien a qué juega, sus declaraciones son muy confusas y nada transparentes”, explica a Infobae Ana Cristina Cuevas, una de las fundadoras de la Asociación Nacional Infancia Robada y madre de Juan Cuatrecasas, un joven que fue abusado entre 2008 y 2010 por el pederasta José María Martínez Sanz, miembro y profesor de un colegio del Opus Dei en Bilbao.

Cuevas se refiere a las declaraciones que, por un lado, ha realizado el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, que manifestó estar dispuesto a “colaborar con el Estado para afrontar todas las dimensiones de este asunto en materia de prevención y reparación asumiendo la responsabilidad como Iglesia”. Pero, por otro lado, añade la activista, la Conferencia Episcopal ha mostrado su rechazo al plan del Ejecutivo al señalar que “no se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a nueve de cada diez víctimas”. “La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales”, ha precisado en un comunicado la institución, que considera que “el texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica” y vuelve a reclamar que no solo se ponga el foco en ella.

En ese sentido, Cuevas considera que la jerarquía católica debe resolver primero sus propios problemas, “preocuparse por las víctimas de los abusos que se cometieron en el seno de la Iglesia”, para después poder ocuparse del resto. “Primero deben limpiar su casa, no pueden pretender limpiar todo y no hacerse cargo de nada”, añade.

Igualmente indignado se muestra Jesús Antonio Zudaire, presidente de la Asociación de Víctimas de abusos sexuales en centros religiosos de Navarra, pues asegura que en la reunión que mantuvieron recientemente con Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, les comunicó que “se iba a reparar a todo el mundo, tanto a nivel psicológico, como espiritual y económico, incluyendo a las víctimas cuyos casos ya hubieran prescrito”, como es el suyo, pues los abusos sexuales que sufrió por parte del director del colegio diocesano Nuestra Señora del Puy (Estella) se cometieron entre 1962 y 1968. Sin embargo, las últimas declaraciones de la jerarquía católica están lejos de esa promesa.

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“Estamos cabreados, hartos, decepcionados sobremanera”, asegura Zudaire, que se pregunta “dónde está la caridad cristiana”. “El sexo era pecado, pero lo practicaban con nosotros”, añade al otro lado del teléfono, al tiempo que lamenta que tampoco se haya hecho mención a las cantidades que recibirían los afectados. “Nos revictimizan continuamente”, asegura este superviviente que lleva más de dos décadas en tratamiento psicológico.

Zudaire recuerda que a lo largo de más cuatro décadas de democracia ningún gobierno ha renegociado ni derogado el Concordato firmado entre el Estado español y la Santa Sede en 1953 bajo la dictadura de Franco y que reforzaba el paso de la institución, aunque su contenido fue modificado en 1979. “La Iglesia católica tiene su propia ley canónica y son inviolables ante la ley civil. Se aprovechan del poder que tienen”, sostiene.

Por su parte Miguel Hurtado, víctima de abusos sexuales durante la adolescencia por parte de un monje en la abadía de Montserrat (Barcelona), tilda de “descafeinado” el plan aprobado por el Gobierno al considerar que el proyecto tiene “grandes lagunas” y que, además, “beneficia a los obispos a costa de las víctimas y el contribuyente”. Hurtado cree que las medidas del Ejecutivo consagran el “rescate económico a los obispos” y asumen que, ante la negativa de la Conferencia Episcopal Española a participar en un plan estatal de reparación, “será el Estado quien pague la factura de la pederastia de la Iglesia”.

“Diez años después de que los españoles rescatáramos a los banqueros, ahora el Gobierno más progresista de la historia pretende rescatar a los obispos”, ha indicado este superviviente, que considera que los obispos no van a participar en el plan del Gobierno “a menos que les obliguen”. “La investigación sobre los abusos en la Iglesia católica comenzó en 2018 y estamos en 2024. Si los obispos quisieran indemnizarnos voluntariamente, lo habrían hecho”.

Asimismo señala que con este plan el Ejecutivo “traiciona el compromiso firme que adquirió Pedro Sánchez en su sesión de investidura de aprobar la imprescriptibilidad civil de las indemnizaciones”, al tiempo que lamenta que el Gobierno proponga una “mínima” ampliación del plazo de prescripción civil, pues “deja a la mayoría de las víctimas de pederastia clerical en la estacada”.

Hurtado también critica que el Ejecutivo no establezca un baremo específico de indemnización para las víctimas de pederastia clerical, como hizo el gobierno irlandés. “El único baremo de indemnización que hay en España es el de tráfico, que infravalora el daño y, por tanto, la cantidad económica a la que la víctima tiene derecho. El Gobierno parece apostar por indemnizaciones simbólicas insuficientes que no compensen los elevados costes económicos que el abuso sexual supone para las víctimas”, ha explicado. Asimismo ha subrayado que el Ejecutivo se niega a impulsar garantías de no repetición, como la imprestituibilidad penal, “para que en el futuro los pederastas puedan pagar la presión sin poder alegar el privilegio que su crimen está prescrito”.

La vigencia del plan aprobado por el Gobierno es hasta el año 2017 y, como está relacionado con las competencias de distintos departamentos ministeriales, se creará una comisión de diferentes ministerios para hacer el seguimiento.