El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso busca nuevas fórmulas para intentar ampliar la oferta de alquiler asequible. La Agencia de Vivienda Social (AVS) busca pisos en el mercado privado para comprarlos, incorporarlos al patrimonio público y ofrecerlos luego a los demandantes de vivienda protegida. Con este sistema ha adquirido ya 422 inmuebles, por los que ha pagado 60 millones de euros. Cada casa ha costado, por tanto, una media de 142.000 euros.
Los datos fueron ofrecidos la semana pasada en la Asamblea de Madrid por María José Piccio-Marchetti Prado, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. El objetivo es seguir adquiriendo más inmuebles. La Comunidad de Madrid ya tiene apalabrados otras 175 casas de propietarios privados ubicados en distintos municipios de la región por los que piensa pagar 48 millones de euros. Una vez que formen parte del patrimonio de la AVS, saldrán al alquiler protegido por un plazo de 50 años.
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¿Quiénes podrán ser los demandantes de estas viviendas que se compran a propietarios privados? Aquellas familias cuyos ingresos no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que actualmente está en 600 euros mensuales, o que no superen cinco veces el IPREM si son familias numerosas. “Se ofrecerán a precios sociales”, es decir, los que regula la Agencia de Vivienda Social, señaló Piccio-Marchetti. La Comunidad también quiere adquirir pisos a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), la entidad que se creó para gestionar y vender los activos problemáticos de las antiguas cajas de ahorro y sus filiales que recibieron ayudas públicas. De momento se han comprado solo cuatro viviendas y se está en proceso de adquirir otras tres.
Para Jorge Moruno, diputado de Más Madrid en el Parlamento madrileño y portavoz de vivienda, 422 pisos no suponen “un plan muy ambicioso de compra de pisos de propiedad privada, teniendo en cuenta que Londres se plantea comprar 10.000 viviendas, París compró 8.000 en 2015 y Berlín adquirió otras 15.000 en 2021. Para una población de casi siete millones de residentes, comprar 422 viviendas no parece una solución a la urgencia habitacional que hay en Madrid”.
Moruno critica que el Gobierno de Ayuso “hace más anuncios que ejecutar planes concretos”, sobre todo si se analizan los datos actuales del patrimonio de la Agencia de Vivienda Social (AVS). Y es que las estadísticas no engañan. La Comunidad de Madrid ha entregado 321 viviendas protegidas desde que Isabel Díaz Ayuso llegó al poder a mediados de 2019, según los datos públicos de la AVS, la empresa pública que se encarga de la promoción de pisos protegidos. La población de la región es de 6,9 millones de habitantes.
En 2005 (primer año del que hay registros), el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), hoy rebautizado como Agencia de Vivienda Social (AVS), tenía un patrimonio inmobiliario de 17.788 casas en propiedad y 6.399 en derecho de superficie: un total de 24.187. Los últimos datos (a 31 de diciembre de 2023) revelan que ese mismo patrimonio es de 23.156 viviendas en propiedad y 1.764 en derecho en superficie: 24.920 en total. Es decir, que el saldo positivo es de un crecimiento de 733 inmuebles. O lo que es lo mismo: en 17 años la Comunidad de Madrid solo ha construido una media de 40,7 viviendas públicas al año. “Es ridículo, el parque público no crece porque se sigue privatizando vivienda. Hoy tendríamos menos vivienda pública que en 2005 si la justicia no le hubiese obligado a recuperar los 1.721 pisos vendidos de forma fraudulenta a un fondo buitre”, sentencia Moruno.
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La Directora General de Vivienda y Rehabilitación recordó que el objetivo sigue siendo incrementar la oferta de vivienda pública construyendo no solo nuevos inmuebles sino adquiriendo otros a propietarios privados. La AVS va a construir directamente 1.600 pisos. Y luego está el Plan Vive, donde la administración pública cede el suelo y promotores privados edifican. Con este sistema se van a desarrollar más de 8.500 pisos. En ambos casos, se trata de vivienda asequible enfocada sobre todo para jóvenes y hogares con rentas bajas.
Otras políticas son el Plan Alquila, para intentar movilizar viviendas ya construidas que sus propietarios no están poniendo en el mercado: La Comunidad ofrece seguros de impago gratuitos para animar a los dueños a que pongan sus inmuebles en alquiler. Desde 2022, Madrid también ha puesto en marcha el Plan Primera Vivienda, mediante el cual la Comunidad ha llegado a acuerdos con CaixaBank, Santander, Ibercaja, ING, Kutxabank, Unicaja y Abanca para que estas entidades concedan hipotecas de hasta el 95% del valor de la vivienda a jóvenes menores de 35 años. Una medida que se va a ampliar también a los menores de 40 años.
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