El rapapolvo de Amnistía Internacional a España en su informe anual

Luces y sombras para España en el último informe anual de Amnistía Internacional (AI). La organización sin ánimo de lucro ha publicado su estudio sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y, aunque destaca los avances nacionales en derechos de las mujeres y las niñas, el colectivo LGTBI o en materia de vivienda, la crítica al país se impone.

“Durante el año 2023 hemos visto profundizarse, lo que es un problema endémico en España, que es la falta de rendición de cuentas del Estado por violaciones de derechos humanos”, explica el director de AI en España, Esteban Beltrán. La falta de investigaciones sobre el uso del software espía Pegasus, el intento de cruzar la valla de Melilla en 2022 o las muertes en residencias de mayores durante la pandemia, unido a la situación en la Cañada Real y las limitaciones del derecho al asilo son algunas de las razones que despiertan la preocupación de la organización.

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Amnistía Internacional incide en la falta de implementación de la Ley de Memoria Democrática en las comunidades autónomas. “Existe una falta de garantías por parte de gobiernos autónomos de dar lugar a la verdad, a la justicia y reparación de las víctimas del franquismo y la Guerra civil. Y si eso se produce, será un verdadero retroceso”.

Entre las principales alertas que lanza la ONG está la “la falta de voluntad política para realizar investigaciones” y los “procesos judiciales que no avanzan”. “Es lo que ha pasado con las muertes de personas mayores en residencias durante la pandemia. O con la tragedia de Melilla de 2022, donde 37 personas perdieron la vida y al menos 77 desaparecieron”, explican.

A pesar de las peticiones del Comité de la ONU contra la Tortura para realizar investigaciones independientes respecto a la “fuerza ilegítima empleada por la policía” durante el intento de entrada en Melilla, la Fiscalía General cerró la investigación en diciembre de 2022. Las conclusiones fueron que los agentes de policía actuaron conforme a la legislación nacional. “Según fuentes oficiales, nadie pudo cruzar la frontera de Melilla para solicitar asilo en 2023″. El acceso a la protección internacional es otro de los problemas que resalta AI. “Muchas personas que lo solicitaban tenían que esperar al menos seis meses hasta su primera entrevista, tiempo durante el cual se exponían a ser expulsadas”. Denuncia, además, que en Canarias se han producido detenciones de menores migrantes no acompañados, que eran retenidos junto con personas adultas “y no recibían la suficiente protección”.

Por otro lado, las investigaciones del espionaje a través del programa Pegasus. “En julio, debido a la falta de cooperación de las autoridades israelíes, la Audiencia Nacional cerró provisionalmente la investigación sobre el uso del programa espía Pegasus contra el presidente, la ministra de Defensa y el ministro del Interior”. El software Pegasus fue utilizado al menos contra 65 personas, entre las que figuran periodistas, figuras políticas y miembros de la sociedad civil catalana. El caso se ha reabierto en la Audiencia Nacional esta semana tras recibir datos al respecto desde Francia.

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Durante el año 2023, siguieron sin investigarse de forma efectiva las muertes “y otras violaciones de derechos humanos cometidas en residencias” durante la pandemia, alerta el informe. Este problema se une a la reducción generalizada del gasto en salud pública, más acusado en la atención primaria. “Al informar sobre su visita en 2022, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa señaló que la escasez de personal en los centros de salud pública seguía siendo grave y pidió a las autoridades que destinaran más fondos a la atención primaria”.

La falta de investigaciones se ve impulsada por la existencia de leyes como la de Secretos Oficiales, promulgada en 1968, que habría dificultado las pesquisas respecto a la infiltración de agentes de policía en movimientos sociales empleando relaciones íntimas y sexuales como tapadera . Según AI, estas normativas “contribuyen a que no puedan avanzar las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, o a que sea secreta la información relativa a las armas que pueden estar usándose en atrocidades”.

Amnistía Internacional aplaude avances legislativos como la Ley de Sí es Sí, la Ley de Vivienda o la Ley Trans. Estas mejoras han eliminado barreras de acceso al aborto, han protegido el parque de vivienda social y han dado mayor cobertura a los derechos de las personas LGTBI, pero “corren el peligro de quedarse en papel mojado si no se toman medidas para aplicarlas”. Así ha pasado con la Ley Trans en la Comunidad de Madrid, según refleja el estudio de AI: la región aprobó en diciembre una “legislación regresiva” que ha prohibido el reconocimiento a la identidad de género basado en la autodeterminación y ha restringido las iniciativas educativas que promueven los derechos LGTBI.

Estos pasos adelante se han quedado cortos para la organización internacional. Para empezar, la violencia contra las mujeres sigue siendo un hecho en el país y, durante el año 2023, un total de 58 mujeres fueron asesinadas a manos de su pareja o expareja; 13 más a manos de otros hombres. A pesar de la gravedad de este problema, al acabar el año solo existían cinco centros de ayuda a las víctimas de violencias sexual.

Señala igualmente las faltas de la Ley de Vivienda, que “no incluía sanciones para garantizar el control de los precios de los alquileres, no prohibía los desalojos de personas en riesgo de sinhogarismo (se produjeron 19.332 desalojos) ni fijaba objetivos anuales para aumentar el parque de viviendas sociales”. El informe vuelve a traer al frente el problema del barrio de la Cañada Real, en el que 4.500 personas, entre ellas 1.800 menores, cumplieron en 2023 tres años sin acceso a la electricidad.

La organización ha registrado igualmente avances positivos para combatir la crisis climática, pero son “aún insuficientes”. “Los gobiernos deben abandonar progresivamente el uso y la producción de combustibles fósiles en una transición justa, aumentar con carácter urgente la financiación climática destinada a países de ingresos bajos y comprometerse a proporcionar fondos adicionales específicos para pérdidas y daños”.