La reciente propuesta del Gobierno en materia de jubilación activa plantea un cambio significativo que podría alterar el panorama para aquellos trabajadores que buscan extender su vida laboral más allá de la edad legal de jubilación. Esta reforma propone que los trabajadores en situación de jubilación activa puedan compatibilizar el cobro de su pensión con el ingreso de un salario, ya sea trabajando por cuenta propia o ajena, bajo condiciones que se irían modificando progresivamente a lo largo de un periodo de cinco años o más.
Esta innovadora propuesta elimina la necesidad de cumplir con una carrera de cotización completa para acceder a la jubilación activa. Tradicionalmente, se requiere un periodo mínimo de cotización para aplicar un porcentaje del 100% a la base reguladora al calcular la pensión; periodo que fluctúa entre 2023 y 2026, exigiéndose 36,5 años cotizados. Sin embargo, bajo la nueva reforma, esta restricción se suavizaría, permitiendo una mayor flexibilidad.
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La propuesta detalla que, con el retraso en la edad de jubilación, el porcentaje de la pensión a recibir por aquellos que opten por permanecer activos laboralmente se incrementará gradualmente. Específicamente, después de un año de demora en la jubilación, se permitirá compatibilizar el trabajo con el cobro del 30% de la pensión. Este porcentaje iría aumentando progresivamente con cada año adicional de demora, siendo el 40% después de dos años, el 50% luego de tres años, alcanzando el 75% después de cuatro años y, finalmente, el 100% de la pensión con cinco años o más de jubilación activa.
Cabe destacar que, bajo la regulación actual, solamente se permite la compatibilización del 100% de la pensión con la realización de un trabajo, y exclusivamente bajo la condición de ser trabajador por cuenta propia con, al menos, un empleado contratado. La propuesta del Gobierno, por tanto, marca un cambio al eliminar este requisito, ampliando significativamente el abanico de posibilidades para los jubilados activos.
Hasta ahora, la mayoría de los jubilados activos sólo podían aspirar a recibir el 50% de su pensión, una cantidad que se establece en el reconocimiento inicial y se ajusta al límite máximo de la pensión pública, excluyendo el complemento por mínimos. Además, la legislación vigente no permite que aquellos que acceden a la jubilación activa después de la edad ordinaria de jubilación reciban el complemento por jubilación demorada.
La reforma planteada busca rectificar esta situación, al proponer que, aparte de poder cobrar el complemento económico por jubilación demorada, los pensionistas en jubilación activa puedan hacerlo de manera simultánea con su actividad laboral. Esta medida, de ser aprobada tras el acuerdo con sindicatos y la patronal, representaría un avance significativo hacia la flexibilización de las condiciones de trabajo y jubilación, beneficiando a aquellos que desean o necesitan prolongar su vida laboral más allá de los límites establecidos actualmente.
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De esta forma, la reforma gubernamental sobre la jubilación activa se presenta como una propuesta revolucionaria que busca adaptar el sistema de jubilación a las nuevas realidades laborales y demográficas. Permitiría a los trabajadores gestionar de manera más flexible la transición hacia la jubilación, incentivando la prolongación de la actividad laboral en condiciones más favorables y justo cuando la sociedad enfrenta desafíos significativos en cuanto al sostenimiento de sus sistemas de pensiones.