La reforma de Escrivá disparará el gasto en pensiones por encima del 15% del PIB, según Bruselas

La Comisión Europea ha publicado este viernes su informe trienal de envejecimiento (Ageing Report 2024) que analiza la evolución del gasto público de los países miembros ante el reto que suponen los cambios demográficos. El documento proyecta un aumento promedio del 1,2% del gasto en envejecimiento en la UE, pero la cifra es mayor en varios países, como España, donde también empeoran las proyecciones en comparación con el anterior informe (de 2021) como consecuencia de la nueva reforma de pensiones, iniciada en 2021 y finalizada en 2023.

El gasto en envejecimiento crecerá un 5,1% en España entre 2022 y 2070, siendo el séptimo país con más aumento. Esto se debe sobre todo al gasto en pensiones (3,6%), seguido del gasto en sanidad (1,2%) y del gasto en cuidados de larga duración (0,9%). En sentido contrario, el gasto en educación caerá un 0,6% por el envejecimiento de la población y las bajas tasas de natalidad. Aunque este es el escenario base, Bruselas contempla un empeoramiento de hasta un 4,5% más si la productividad se comporta peor de lo esperado o se produce el escenario de máximo riesgo.

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Lejos de mejorar, la Comisión adjudica a España la mayor revisión del gasto en envejecimiento respecto al informe de 2021, un 6,5% más, porcentaje que se atribuye completamente a las pensiones. En concreto, las nuevas medidas legislativas aprobadas en 2021 y 2023 suponen un aumento del gasto en pensiones de 3,3 puntos del PIB en 2050 y de 5 puntos en 2070 respecto al escenario anterior. La reforma, liderada por José Luis Escrivá, derogó el antiguo factor de sostenibilidad (que nunca se llegó a aplicar) e indexó las pensiones al IPC.

Debido a estas medidas y al envejecimiento de la población, el gasto en pensiones aumentará, según los cálculos de la Comisión Europea, hasta el 17,3% en 2050 y después caerá hasta el 16,7% en 2070. Esto da como resultado un gasto promedio ligeramente por encima del 15% del PIB entre 2022 y 2050, la barrera tomada como referencia en la reforma de las pensiones para decidir si se activa el mecanismo de ajuste (establecido en la disposición adicional segunda).

No obstante, la reforma también incorporó una serie de medidas de aumento de los ingresos para compensar los mayores gastos. Estas tendrán un impacto de 1,7 puntos porcentuales sobre el PIB hasta 2050 y de 1,1 puntos hasta 2070, según Bruselas, principalmente por el aumento de las cotizaciones sociales derivado del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI); el nuevo sistema de cotización para autónomos; la cuota de solidaridad y la subida de las bases máximas de cotización. La reforma de pensiones marca precisamente ese 1,7% como mínimo al que debe de llegar el impacto de los nuevos ingresos entre 2022 y 2050, pero al superar el gasto el promedio del 15% es posible que sea necesario un ajuste. El resultado entre los gastos y los ingresos es un aumento del déficit del sistema de hasta el 3,1% en 2053, que posteriormente se estabilizará en el 2,7%.

Estas proyecciones de la Comisión son notablemente peores que las esgrimidas por el Gobierno en su informe de gasto en pensiones publicado el año pasado. Algo que ya anticipaba el hecho de que los supuestos macroeconómicos de Bruselas que subyacen a las proyecciones de gasto fueran más pesimistas que los del Ejecutivo. La Comisión Europea prevé menos cotizantes a la Seguridad Social, más pensionistas potenciales y menos crecimiento del PIB.

El informe publicado este viernes es relevante porque el gasto en pensiones se revisará en 2025 con un informe que elabore la AIReF. De hecho, la AIReF no tiene encomendado elaborar sus propios cálculos, sino tomar los de la Comisión y comprobar si se debe activar el mecanismo corrector de la reforma de pensiones.

Cabe destacar que dos miembros del Gobierno de España (del Ministerio de Economía y del Ministerio de Hacienda) han participado en el informe de la Comisión, al igual que sucede con el resto de los estados miembros, y que la reforma de las pensiones de 2021-23 fue pactada con el Ejecutivo comunitario en el marco del Plan de Recuperación. Uno de los puntos que exigió Bruselas es precisamente que se incluyera el mecanismo de ajuste para evitar que el gasto en pensiones terminara siendo excesivo. Si es así, las medidas a adoptar pueden ser varias, aunque la reforma da prioridad a un aumento adicional de las cotizaciones sociales.