¿Se resuelve la violencia vicaria solo con más inversión?: “Hay que imponer la formación obligatoria en los juzgados”

Desde que comenzó el año, siete menores de edad han sido asesinados por sus padres con el propósito de causar el máximo daño posible a sus parejas o exparejas, lo que eleva la cifra de crímenes vicarios a un total de 60 desde que en 2013 se empezaron a recopilar estos datos en España. En estos casi cuatro meses también han sido asesinadas diez mujeres, por lo que los feminicidios ya ascienden a 1.254 desde 2003. Este repunte de violencia hizo que el martes se reuniera de forma extraordinaria el pleno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, una “sesión histórica” por el amplio número de participantes y que por primera vez estuvo presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en la que se acordó destinar 160 millones de euros a las autonomías para combatir esta problemática.

De esa partida, aclaró la ministra de Igualdad, Ana Redondo, las regiones recibirán 140 millones de euros destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, mientras que los otros 19,8 millones restantes se invertirán en los programas dedicados a víctimas de las violencias contra la mujer. De esos casi 20 millones, 8,5 millones se destinarán a la asistencia social integral para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas menores de edad y 9,5 millones para el apoyo a víctimas de agresiones sexuales, según indicó la ministra, y otros 800.000 euros se invertirán en programas de prevención de explotación sexual a menores tuteladas por el Estado.

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En el ámbito específico de la violencia vicaria y debido a los “fallos que se puede estar detectando”, Redondo destacó la necesidad de reforzar la coordinación entre órganos judiciales y entre administraciones y seguir trabajando en la “formación en perspectiva de género y perspectiva de infancia para judicatura, fiscalía, cuerpos forenses, equipos de valoración, servicios sociales y protección de menores”.

Pese a que las medidas propuestas suponen “un buen comienzo” para reforzar la lucha contra la violencia de género, según indica a Infobae Cira García, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe (Madrid), también “hay que ser realistas”, advierte. Para empezar, indica, solo existen 106 Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos del total de 461 con competencias en esta materia en todo el territorio, por lo que “ni siquiera representan el 25%”. La experta también recuerda que aún hay equipos psicosociales que “no están formados en género ni en infancia” y a veces tardan casi un año en emitir informes debido a la “sobrecarga de trabajo”.

Por ello, asegura, en los juzgados de violencia de género hay que imponer obligatoriamente que todo el personal esté formado, desde el juez o el fiscal, a los trabajadores del equipo psicosocial y los funcionarios”. “Lo que no puede ser es que cuando la violencia de género está creciendo de forma exponencial y hay más denuncias, los juzgados sigan con los mismos equipos que hace diez años. Las necesidades ya no son las mismas y, claro, la sobrecarga de trabajo tiene como efecto que la respuesta dada no sea buena”.

Tampoco cuentan con personal especializado, critica la magistrada, muchos de los Puntos de Encuentro Familiar de Violencia de Género, lo que perjudica a las víctimas, incluyendo a los menores de edad. “Los Puntos de Encuentro son una vergüenza, deberían tener personal formado y especializado, pero al final son servicios privatizados por fundaciones y no se controlan”, sostiene.

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Desde 2015 España considera a los menores de edad víctimas directas de la violencia de género y en 2021 se hizo una reforma legal para que el presunto maltratador con orden de alejamiento no pueda ver a sus hijos, aunque si no está condenado, los jueces pueden decidir caso a caso. Y pese a que asa ley de hace tres años, recuerda García, también contempla la creación de tribunales de infancia y, sin embargo, “no se han creado, no hay ninguno”.

Y aunque solo se hable de violencia vicaria cuando un menor de edad es asesinado por su padre para hacer daño a la mujer, “en realidad son muchos los niños y niñas que sufren esta violencia a diario”, apunta la magistrada, que destaca la importancia de que los menores sean escuchados y que existan instrumentos de valoración de riesgo también para ellos, “para que se pueda saber cuando dictas una orden de protección en qué situación específica se encuentran o cuando vas a conceder un régimen de visitas”. De hecho, algunos de los crímenes vicarios que se han registrado en los últimos meses se produjeron precisamente durante el régimen de visitas, mientras que en otros casos las autoridades consideraron que el riesgo y no concedieron medidas de protección, como le ocurrió en 2018 a Itziar Prats, cuyas hijas de seis y dos años de edad fueron asesinadas por su padre. “La violencia vicaria sigue invisibilizada. Hay que escuchar a los niños y niñas que la sufren”, concluye García.