El plan del PP para combatir el problema de vivienda: deducciones del 100% en IRPF para caseros que alquilen o avalar la fianza a jóvenes

El partido popular ha elaborado un programa con 16 medidas bajo el nombre ‘Plan Más Vivienda’ que busca dar “respuesta a la necesidad de vivienda” y corregir los desequilibrios entre oferta y demanda

El plan del PP para combatir el problema de vivienda: de deducciones del 100% en IRPF para caseros que alquilen hasta avalar la fianza a jóvenes

La vivienda es un problema que preocupa al grueso de los ciudadanos españoles, pero también al área política. Desde las filas del Partido Popular consideran que los esfuerzos y las medidas aprobadas por el Gobierno no son suficientes para paliar y sofocar la situación que actualmente se está viviendo en el sector inmobiliario y han elaborado un “plan de choque” con 16 medidas urgentes bajo el nombre Plan Más Vivienda. El objetivo principal de este programa es facilitar el acceso a la vivienda en España a través de medidas como la deducción del 100% de las rentas de los propietarios que pongan una residencia en alquiler, o avalar la fianza del alquiler de los jóvenes.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, han detallado, tras la reunión mantenida con representantes del sector de la vivienda, que el objetivo que persigue el partido y, en concreto, su nuevo Plan Más Vivienda es dar “respuesta a la necesidad de vivienda” y corregir los desequilibrios entre oferta y demanda.

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Una de las medidas que aparece recogida en este documento, según ha explicado Cuca Gamarra, es la bonificación del 100% en el Impuesto de sucesiones y donaciones de las cantidades donadas a familiares para la adquisición de primera vivienda para menores de 35 años. Desde las filas populares también proponen una deducción del 100% de las rentas de los propietarios que formalicen nuevos contratos de alquiler en viviendas que hayan estado en desuso por un tiempo superior a dos años y que sirvan como residencia habitual para jóvenes con una duración de al menos tres años.

Medidas contra la Okupación y habilitar más suelo

Entre las medidas de este plan también se incluye el reto de habilitar más suelo para la construcción de viviendas y generar más pisos de alquiler a un precio asequible. Así como, acabar con el “infierno burocrático” a lo largo de todo el planeamiento, desde la ordenación en el propio planeamiento hasta la gestión urbanística y las licencias, para dar “seguridad jurídica” a la ordenación urbanística.

En ninguna capital de provincia disminuyó el precio del alquiler en el último año. (Europa Press)

También instan a crear una industria de la rehabilitación con la que modernizar y hacer más habitables y eficientes las viviendas. Y es que, según recoge su informe, el 50% de las viviendas de España tiene más de 40 años, y el 75% no tienen ningún tipo de eficiencia energética.

En cuanto a la okupación, piden que se desaloje en 24 horas las viviendas ocupadas, que se prohíba empadronarse en la vivienda que se ocupa, que se incrementen las penas para quienes ocupan y quienes promuevan la ocupación con recomendaciones o instrucciones También piden que se lleve a cabo un refuerzo por parte de las comunidades de propietarios donde más viviendas ocupadas hay; atención directa a las víctimas de la ocupación y erradicar la ocupación en las viviendas públicas, que están destinadas a los más vulnerables y no “a los ocupas ilegales”.

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“Al okupa se le desaloja, no se le protege y estamos convencidos de que con estas 16 medidas de este plan de choque podemos hacer mucho para cambiar y revertir lo que es un problema de la sociedad española”, ha considerado Cuca Gamarra.

Las zonas tensionadas, un “fracaso absoluto”

Respecto a la declaración de zonas tensionadas y si el Partido Popular se plantea solicitarse en aquellas zonas en las que gobierna, Martín ha asegurado que la medida es un “absoluto fracaso” y que la prueba de ello es que comunidades gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra, no han solicitado acogerse a esta medida. A lo que ha añadido: “El Gobierno tiene la obligación de saber que ni siquiera sus propios gobiernos autonómicos lo consideran una medida adecuada”.

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