Madrid y Cataluña se ‘rebelan’ contra la política de vivienda de Pedro Sánchez y ponen en jaque sus medidas

El objetivo que se ha marcado el Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar nuevas medidas para garantizar el derecho constitucional de los ciudadanos a acceder a una vivienda digna no será fácil de cumplir. Y más teniendo en cuenta que las iniciativas que ha aprobado para conseguirlo han concitado las críticas de partidos políticos antagónicos que coinciden en apuntar que no son las adecuadas. En unos casos se niegan a implantarlas y en otros amenazan con denunciarlas si el Ministerio de Vivienda no las modifica.

Las comunidades autónomas más beligerantes contra estas medidas son la de Madrid, gobernada por el PP, y la de Cataluña, con ERC al frente. En el caso de Madrid, su presidenta, Isabel Diaz Ayuso, no se ha cansado repetir que no aplicará la medida estrella aprobada por el Gobierno socialista para frenar la subida del precio del alquiler en zonas tensionadas, el conocido como índice de precios de referencia del alquiler, recogido en la nueva Ley de Vivienda, y que entró en vigor el 15 de marzo. Díaz Ayuso lo considera “ineficaz” e “intervencionista”.

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El último en pronunciarse su contra ha sido consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, que el pasado lunes insistió en que el Ejecutivo autonómico no declarará zonas tensionadas en la región al considerar que con esta medida se interviene el mercado y aplicarla conllevaría que suban más los precios del alquiler.

El caso de Cataluña es distinto. Sí están de acuerdo con un índice que tope la subida del precio del alquiler, pero no con el que ha aprobado el Gobierno de Sánchez. Ha sido la única comunidad autónoma que lo ha aplicado, por el momento en 140 municipios tensionados, y acaba de iniciar los trámites para extenderlo a 131 municipios más, hasta alcanzar los 271, lo que afectará al 90% de la población de la comunidad, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

A pesar de esta ampliación, consideran que el índice no es el adecuado, por lo que a principios de abril la Consejería de Territorio envió un requerimiento al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que modifique el índice teniendo en cuenta los modelos que ya existen en Cataluña, y que aplique el sistema mixto. Si el ministerio hace caso omiso de esta demanda el Govern amenaza con interponer un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.

La Conselleria de Territorio pide en concreto al ministerio que “subsane la resolución mediante la cual aprobó el sistema estatal de índices de precios de referencia el pasado mes de marzo”. Según la consejera de Territorio, Ester Capella, “el índice estatal no da respuesta al problema del alquiler y no hará bajar los precios en Catalunya”.

Por el momento, la entrada en vigor de los límites de precios de las rentas ya ha generado resultados positivos. Según la Agència de l’Habitatge de Catalunya, los alquileres bajaron un 5,4% en el primer trimestre de este año, una media de 1.399 euros.

Pero no todo han sido buenas noticias para los que optan por vivir de alquiler en Cataluña. Según un estudio elaborado por idealista tras la entrada en vigor del nuevo índice se ha producido una caída del stock de viviendas en alquiler en esa comunidad del 13%.

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La caída ha sido generalizada entre las capitales catalanas, con ajustes de doble dígito en un solo mes en la mayoría de ellas: en Girona el número de alquileres disponibles se ha reducido un 21%, mientras que en Tarragona la reducción de oferta ha sido del 16%, quedándose en el 14% en la ciudad de Barcelona. En Lleida la caída de stock ha sido menor, se ha quedado en el 9%.

Respecto al precio de los alquileres, el estudio de idealista recoge que el tope del precio ha tenido efectos diferentes en las distintas ciudades: en Barcelona los alquileres subieron un 4,6% desde su implantación, mientras que en Girona se mantuvieron estables y en Lleida y Tarragona bajaron un 2,8% y un 1%, respectivamente.

En opinión de Francisco Iñareta, portavoz de idealista, estos datos ponen de manifiesto que el “unánime consenso” de los expertos en contra de controlar el precio de los alquileres “no era erróneo ni malintencionado, sino que estaba basado en la experiencia de lo sucedido en otros mercados”.

Por ello, cree que insistir en que hay que esperar a que se desplieguen las políticas de la Ley de Vivienda, en concreto el control de precios, “únicamente agravará la ya de por sí desesperada situación de miles de familias catalanas, que verán como en los próximos meses aumentará la dificultad y la competencia para acceder a una vivienda”.

Iñareta afirma que “es innegable” que el origen del problema del alquiler en España está en la “poquísima” oferta disponible de viviendas, por lo que “se hace imprescindible un cambio de rumbo que reequilibre las relaciones entre inquilinos y propietarios, que asuma que los propietarios no son el problema sino la solución al aumento de la oferta y al ajuste de los precios”.

La opinión del experto de idealista, y la de otros analistas inmobiliarios que va en la misma línea, coincide con la de los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) que consideran que los topes a los alquileres pueden reducir la oferta de viviendas de alquiler y limitar el acceso de los grupos más marginados, contraviniendo así los propios objetivos de la Ley de Vivienda.

Por ello, consideran necesaria una evaluación del impacto inicial de los topes fijados por Cataluña para, a partir de ahí, “informar el curso de la política en el futuro”.